Hace algunos meses, tuve la oportunidad de visitar una comunidad Wayúu en La Guajira. Allí conocí a Ana, una abuela que, con dolor en su voz, me contó sobre las luchas diarias que enfrenta para conseguir agua potable y alimento para sus nietos. Su relato es solo uno entre miles en una región donde la corrupción no solo ha robado recursos, sino también la esperanza y dignidad de sus habitantes.

 

La corrupción, lejos de ser un problema meramente financiero, es una grave violación a los derechos humanos. Tanto la ONU como la CIDH han señalado cómo afecta directamente a las poblaciones más vulnerables y discriminadas. La Guajira es un claro ejemplo de esta trágica realidad.

 

Entre 2016 y 2020, el Monitor Ciudadano de la Corrupción documentó 37 casos de corrupción en La Guajira, un 30% de los cuales impactó directamente a niños y adolescentes. En los últimos diez años, 12 gobernadores han sido destituidos por malversación de fondos, muchos de ellos relacionados con recursos destinados a la alimentación infantil. La Procuraduría General ha alertado sobre 64 expedientes de corrupción que llevan más de una década sin resolverse, involucrando más de 85.000 millones de pesos. Y entre 2013 y 2015, la Contraloría detectó pérdidas de casi 17.000 millones de pesos en programas destinados a la nutrición infantil.

 

La gravedad de la situación en La Guajira llevó a la Corte Constitucional, en 2017, a declarar un estado de cosas inconstitucional debido al hambre que sufre la niñez wayúu. La Sentencia T-302 no solo ordenó medidas para garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud, sino que también subrayó la necesidad de transparencia en la selección de contratistas. En diciembre de 2021, como parte del seguimiento a esta sentencia, la Corte solicitó información sobre la corrupción en la región, a la que organizaciones como de Justicia y Transparencia por Colombia respondieron con informes detallados y recomendaciones.

 

El reciente escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) subraya aún más el impacto letal de la corrupción. Los fondos destinados a emergencias y desastres fueron desviados hacia bolsillos privados, poniendo en peligro la vida de miles de colombianos. Esto no solo es inaceptable, sino un crimen que amenaza directamente la vida y el bienestar de las comunidades más vulnerables.

 

Para combatir este flagelo, es crucial implementar medidas que garanticen la transparencia y el fortalecimiento institucional. La Corte Constitucional debería encargar a la Procuraduría General una evaluación sobre las garantías de acceso a la información pública en La Guajira, particularmente en municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Sobre la base de esta evaluación, las entidades públicas deben diseñar un plan de fortalecimiento en materia de acceso a la información y crear un registro centralizado y público de los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado.

 

Para fortalecer nuestras instituciones, es fundamental implementar los parámetros de ética e integridad pública ya existentes, como las directrices del Sistema Nacional de Integridad y el Código de Integridad del Servicio Público. Además, el Gobierno Nacional debe revisar la estructura administrativa, los mecanismos anticorrupción y los canales de denuncia en las entidades departamentales.

 

En cuanto a la sanción de la corrupción, la Fiscalía y la Procuraduría deben coordinar esfuerzos para priorizar los casos en La Guajira, mientras que la Contraloría General debe acompañar a la Contraloría Departamental para fortalecer sus capacidades de control fiscal.

 

La corrupción no es una cultura, es un crimen. Cada peso robado es un plato de comida que falta en la mesa de un niño, un medicamento que no llega a un enfermo, o agua potable que no alcanza a nuestras comunidades. Debemos dejar de tolerar la corrupción como algo inevitable. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir transparencia y responsabilidad a nuestros líderes. La corrupción nos roba no solo recursos, sino también nuestro futuro.

 

Es hora de decir basta. Es hora de exigir transparencia, integridad y justicia. Trabajemos juntos para garantizar que todos los guajiros tengan acceso a sus derechos fundamentales: agua, alimentación, salud y seguridad. Juntos, podemos erradicar la corrupción y construir un futuro más justo y equitativo para nuestras comunidades.