La representante Jennifer Pedraza alertó sobre cobros inesperados de matrículas a estudiantes y graduados de la UNAL, a quienes ya se les había otorgado paz y salvo. Acusa mala focalización de la política de gratuidad.
Una ola de indignación crece entre la comunidad universitaria tras las denuncias realizadas por Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad y Compromiso, quien alertó sobre una situación que afecta a estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Según expuso en un hilo de publicaciones en su cuenta de X, la institución estaría cobrando matrículas de semestres pasados a personas que ya habían sido beneficiarias de la política de gratuidad y que incluso contaban con paz y salvo al momento de graduarse.
La denuncia se desarrolla en tres actos. En primer lugar, Pedraza señala que a muchos estudiantes se les comunicó que no debían pagar matrícula por estar cobijados por la política de gratuidad. Sin embargo, meses después, les notificaron que debían pagar desde el semestre 2023-2 y hasta seis semestres anteriores.
Lo más grave, según la congresista, es que la universidad extendió estos cobros incluso a egresados, muchos de los cuales ya habían recibido su paz y salvo al culminar sus estudios. Ahora, se enfrentan a la obligación de pagar matrículas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, es decir, hasta con cuatro años de retroactividad, y con apenas un mes de plazo para saldar la deuda.
“Esta es la muestra de una mala focalización de la política de gratuidad, que ha generado demoras en los giros a las universidades y ahora, estos cobros absurdos en la Universidad Nacional”, expresó Pedraza.
La representante también hizo un llamado público a la @UNALOficial, así como a Daniel Rojas Medellín, presidente de Findeter, y al viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno, para que se convoque una mesa técnica urgente. “Los estudiantes no deben pagar las demoras de verificación de beneficiarios que hace el Ministerio de Educación”, enfatizó.
La situación expone una crisis en la implementación de la gratuidad educativa, una política que, si bien ha sido celebrada como un avance en equidad, enfrenta ahora serios cuestionamientos por su fallida ejecución en términos administrativos y de focalización. En particular, la falta de claridad sobre quiénes son beneficiarios efectivos del programa ha generado consecuencias inesperadas para cientos de jóvenes que confiaron en el sistema y que hoy enfrentan cargas económicas que creían superadas.
Desde varios sectores académicos y sociales ya se han comenzado a alzar voces de respaldo a la denuncia, señalando que estos cobros son no solo injustos, sino potencialmente ilegales, al vulnerar derechos adquiridos de los estudiantes y afectar su estabilidad financiera.
La Universidad Nacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero se espera que en los próximos días se convoque al diálogo solicitado por Pedraza, quien anticipó que llevará el caso al Congreso y a la opinión pública si no se da una solución pronta y favorable a los afectados.
Este caso pone sobre la mesa una discusión más amplia: ¿está realmente funcionando la política de gratuidad como fue prometida? Para estudiantes y egresados que hoy enfrentan cobros inesperados, la respuesta es claramente negativa.