El presidente Gustavo Petro ha puesto en alta tensión el equilibrio institucional en Colombia. Aunque ha jurado defender la Constitución, sus recientes declaraciones sugieren una intromisión en las funciones de los poderes judicial y legislativo, a los que ha desafiado con el anuncio de decretar la consulta popular. El decreto implicaría una ruptura definitiva.
La amenaza no tiene nada que ver con la postura que cada quien pueda tener sobre la reforma laboral o la legitimidad de convocar a una consulta popular. Perfectamente uno puede apoyar la reforma laboral del gobierno y saludar los mecanismos de participación democrática del pueblo, como es mi caso. Pero el fin está significativamente lejos de justificar los medios.
Para justificar el golpe institucional, el presidente -y su séquito de aduladores o contratistas (que en muchos casos comparten ambas características)- cuestiona al Senado. En lo político es apenas natural que exista tal cuestionamiento, pero en lo jurídico no.
Es legítimo, y en buena medida cierto, que el Senado se compone de mayorías tradicionales que rehuyen a transformaciones. Incluso, creo que fue un mal cálculo del Senado rechazar la consulta una vez revivida la reforma laboral. La primera se iba a desinflar, pues con la aprobación de la reforma perdía sentido consultar sobre la misma.
Pero no comparto la tesis de que el Senado se robó la votación sobre la consulta o que no ha habido una decisión definitiva, mucho menos comparto la tesis de que el presidente puede convocar la consulta por decreto.
Recordemos que artículo 50 de la Ley 134 de 1994 sólo faculta la convocatoria de una consulta popular cuando concepto previo favorable del Senado y gobierno perdió esa votación. La senadora del Pacto, Martha Peralta, no estaba en el momento clave para votar y el senador al que supuestamente le voltearon el voto, que es de Cambio Radical, nunca iba a votar por el sí a la consulta. Ni el voto de Peralta lograba mayorías, ni el voto del opositor iba a voltearse.
Mucho menos se puede aceptar que no hubo una decisión definitiva, pues fue más que evidente que esa votación versaba sobre si el Senado daba el visto bueno o negativo a la consulta popular.
En gracia de discusión, si fuese cierto que se robaron la votación y que el Senado no votó sobre el visto bueno, en la democracia colombiana el presidente no tiene el poder de considerar legal o ilegal los actos de otra rama del poder. El presidente no es un juez y Colombia no es una monarquía.
Petro debe esperar a que los jueces de tutela y del Consejo de Estado se pronuncien sobre lo que pasó en el Senado. Ese es el camino democrático: votar, perder, controvertir y luego aceptar la decisión de un tercero imparcial. Convocar por decreto la consulta es el camino de la arbitrariedad y la puerta al autoritarismo.
En todo caso, es evidente el doble rasero de Petro. El Senado es maravilloso cuando elige a su abogado personal como Magistrado de la Corte Constitucional, pero es una amenaza cuando rechaza la consulta.
Lo que viene será peor. Petro sabe que su decreto se caerá en el Consejo de Estado, pero eso es precisamente lo que quiere: victimizarse porque “no lo dejan gobernar”. En su papel de víctima se llevará por delante la autonomía e independencia judicial, promoviendo la desconfianza ciudadana frente a las decisiones de los jueces.
Y si a los jueces les va mal, ni qué decir a la Registraduría. Bajo la misma lógica absurda del presidente, el registrador podría asumir que va a realizar un control de constitucionalidad del decreto y oponerse a convocar la consulta.
Más allá del choque de trenes, basado en teorías constitucionales vagas e inéditas, el presidente tiene en sus manos recortar el presupuesto para la registraduría en el 2026 o emprender una campaña de descrédito a la Registraduría ¿y si no le gusta el resultado del 2026 va a decir que le robaron las elecciones o desconocer los resultados?
Aunque en algunos momentos de la historia el avance social desborde el andamiaje institucional, la pataleta de Petro cada vez se queda con menos apoyo en las calles y se limita a reformas que no tocan la médula del poder económico del país. En su delirio, Petro confunde reformismo con revolución.
Ante la amenaza, hay que defender la democracia. Ello requiere una amplia unidad de sectores, pero también de coherencia. El frente por la democracia no puede estar acompañado de quienes compraron congresistas para aprobar la reelección; quienes chuzaron a las altas cortes o promovieron los mal llamados falsos positivos. Se requiere un frente amplio por la democracia con verdaderos demócratas.
Posdata: Es admirable la valentía de Jennifer Pedraza ante el intento de censura de Armando Benedetti. Hacer control político no es un delito, no la van a callar.