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Dos años después: un balance del gobierno a la luz del presupuesto público

Ago 15, 2024 | Columnistas, Diego Cortés, Economía, Joven

Dos años después: un balance del gobierno a la luz del presupuesto público

Comparado con 2023, el presupuesto para 2025 crece, pero sectores clave sufren recortes mientras la deuda pública aumenta. La baja ejecución y el manejo fiscal conservador del gobierno complican sus metas sociales.

Por Diego Cortés
15 de agosto de 2024

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Un nuevo presupuesto
El gobierno cumplió dos años en agosto. Es la mitad del mandato, y, por ende, se han elaborado distintos balances sobre su gestión en términos económicos y políticos. Analizar la economía desde su entorno macroeconómico puede dar algunas claridades sobre cómo va el país. Sin embargo, es difícil justificar que ese comportamiento dependa exclusivamente del gobierno.

 

En lo que respecta al crecimiento económico, en 2023 fue de apenas 0,6% y las expectativas del 2024 se ubican entre 1,1% y 1,8%. Es importante señalar que las dinámicas internacionales impactan este crecimiento. Además, Colombia no se alejó de las tendencias de los países de la región, por lo que es difícil argumentar que todo es, una vez más, culpa de la actual administración.

 

El proyecto de presupuesto para el año 2025 asciende a $523 billones de pesos. A precios de 2024, con una inflación de 5,7%, el presupuesto del próximo año será de $497 billones de pesos. Comparado con el presupuesto de 2023, el del 2025 sería un 7% más grande. Aun así, hay varios problemas si se revisan los sectores que durante dos años de análisis han evidenciado un importante recorte.

 

Entre los recortes del proyecto de PGN para el 2025, comparado con el 2023, sobresalen los sectores de Deporte y Recreación (-65%); Ciencia, Tecnología e Innovación (-55%); Inclusión Social y Reconciliación (-48%); Agricultura y Desarrollo Rural (-47%); Ambiente y Desarrollo Sostenible (-44%) y Cultura (-34%). Además de ser los sectores con mayor reducción, tienen un enorme impacto social y, paradójicamente, hacen parte de las prioridades en el discurso presidencial y el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Los sectores con mayor incremento son el pago de deuda pública (41%); la Rama Judicial (29%); Trabajo (26%); Inteligencia (17%); Transporte (16%); Salud y Protección Social (13%) y Educación (10%). Los dos últimos son de alta relevancia para la política social del gobierno, pero quedan en desventaja si se compara con el incremento del pago de deuda pública.

 

La deuda se presenta como una consecuencia no solo de las decisiones del gobierno actual, sino de los pasados. En particular, es el costo de la alta deuda contratada en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19. Este factor implica un incremento en el pago a cargo del Presupuesto General de la Nación, que para 2024 ascendió a $92 billones y para 2025 se proyecta en $111,5 billones.

 

¿Y la ejecución?

 

Frente a la ejecución del PGN, para 2022 los pagos del Presupuesto General de la Nación, sin contar la deuda, fueron del 86,2%. Al gobierno solo le correspondió el presupuesto de menos de un semestre. Para 2023 la ejecución fue 85,5%, inferior a la del año anterior. El promedio de ejecución de los últimos 8 años (2014 – 2021) fue de 86,4%, una cifra muy cercana a la del 2022 pero superior a la de ambos años del gobierno Petro.

 

En términos de ejecución de la inversión, en 2022 los pagos ascendieron al 78% y en 2023 en 70,5%. El promedio durante los últimos 8 años fue 74,7%, sin embargo, para el 2023 fue inferior. Esto contrasta con las enormes necesidades de inversión a nivel nacional que se han encontrado en cifras rojas para los últimos trimestres.

 

Para el 2024, con datos hasta julio (más de la mitad del año), la ejecución de pagos ha sido del 44,7%, contrastando con el 47,4% observado en 2023 y 48,8% en 2022. Incluso así, la ejecución a la fecha es superior a la observada entre 2018 y 2021 (40,7).

 

En términos de inversión, a julio de 2024 se ha pagado el 26,4% del presupuesto. Muy por debajo del 32,5% del 2023 y el 41,3% en 2022. En el periodo 2018-2021, el promedio de ejecución a julio fue de 32,1% en inversión. Por lo tanto, se observa una debilidad en los procesos de ejecución.

 

Para 2023, los sectores que menos ejecutaron (pagos) fueron Presidencia (15,6%); Planeación (44,6%); Ambiente (49,5%); Información y Estadística (54,2%) y Deporte y Recreación (59%). Para 2024 se repiten sectores en baja ejecución como Presidencia (12,1%); Deporte y Recreación (12,1%); Información Estadística (18,9%) y Ambiente (26,5%). Solo sobresale la baja ejecución del sector de Agricultura (16,1%).

 

Algunos retos

 

La baja ejecución, a pesar de no ser muy distinta frente al promedio histórico, sí refleja que un gobierno de izquierda no ha orientado el presupuesto como un mecanismo de activación de la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Por el contrario, ha resultado más ortodoxo en el manejo fiscal que muchos otros gobiernos de derecha en el pasado.

 

El gobierno se encuentra contra la espada y la pared entre las promesas pendientes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y las capacidades políticas y económicas para conseguirlas. En particular, la Regla Fiscal y su cumplimiento ha implicado ajustes en el recaudo fiscal, la reducción directa del Presupuesto General de la Nación de 2024 y el recorte de la inversión proyectada en 2025.

 

En ese escenario, es muy difícil satisfacer las altas expectativas en términos de capacidad de inversión y gasto para la garantía de derechos sociales. En el mejor de los casos, el gobierno podría afinar la ejecución para que sea más alta en los próximos años. Además, tendrá que direccionarse para que no se presenten más escándalos de corrupción.

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