El Gobernador de Antioquia logró que la Asamblea Departamental aprobara finalmente la clavada, con la que había amenazado a todos los moradores de esta comarca. Con el pretexto de financiar la anhelada seguridad de Antioquia y con el elegante nombre de Tasa Especial de Seguridad y Convivencia, pudo, a punta de mermelada, configurar una mayoría de la Asamblea, que contrasta con el sentir mayoritario de la población antioqueña, opuesta de manera abrumadora a semejante abuso. Los gremios de la producción, el comercio, el sindicalismo, las organizaciones sociales y hasta el mismísimo alcalde de Medellín, que, dicho sea de paso, fue quien eligió al petardo que hoy dirige los destinos del Departamento, se han manifestado en contra de la medida. Es difícil encontrar en la historia reciente de Antioquia un acto o una disposición gubernamental que concitara un rechazo tan unánime. Lo cierto es que no aguantamos un impuesto más, o una tasa o contribución, como lo quieran denominar.
El desaguisado consiste en cobrar el equivalente a 0,0017 de la Unidad de Valor Tributario -UVT-, es decir, unos $ 80 de hoy por cada kw/h consumido al mes al sector residencial; 0,0015 UVT o $ 71 al sector comercial y 0,0013 UVT o $ 61 para el sector industrial. Con la medida, espera recaudar cerca de $ 1,1 billones hasta terminar su administración. Llama la atención que el Gerente de EEPPM y su jefe, Federico Gutiérrez, han sido categóricos en manifestar que no procederán al recaudo de la tasa en la factura de servicios públicos, pues además tienen serias dudas sobre su legalidad. A pesar de todo lo anterior, el obstinado gobernador ha anunciado que recurrirá al cobro coactivo para quienes no paguemos y que él tiene el mecanismo para conocer los consumos de los suscriptores antioqueños. ¡Amanecerá y veremos!
Es pertinente subrayar otra ilegalidad evidente que tiene la ordenanza comprada por el Gobernador, consistente en que el sujeto pasivo de la tasa, es decir, sobre quien recae la obligación de pagar, es el suscriptor, o sea el propietario del inmueble, pero el valor se liquida de acuerdo al consumo, lo que significa que, para más de la mitad de los inmuebles existentes, que se encuentran alquilados, el propietario pagará sobre lo que consuman sus inquilinos. Sobre esta ilegalidad hicieron suficiente claridad el abogado y concejal del Carmen de Viboral Alejandro Arcila y el presidente de la Liga de Usuarios Javier Gaviria, durante la discusión de la detestable ordenanza.
¿Qué hacer frente a semejante arbitrariedad contraria los intereses y al sentir de la gran mayoría? Recordé a Henry David Thoreau, quien se negó a pagar impuestos al gobierno norteamericano en 1846, como acto de rechazo a un Estado que defendía la esclavitud y declaraba guerras injustas, concretamente a la guerra de Estados Unidos contra México, mediante la cual les arrebató a los manitos los actuales territorios de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas. El valeroso acto de Thoreau, quien además fue puesto preso por ello, pasó a la historia como el primero de desobediencia civil de los tiempos modernos. Inspiró gestas libertarias como la de Mahatma Gandhi en la India, la Nelson Mandela en Sudáfrica y muchas más, de dirigentes y pueblos que, utilizando métodos pacíficos, derrotaron “legalidades” injustas.
Inspirado en esas gestas, es que me declaro desde ya en desobediencia civil frente al abuso del pésimo gobernador de Antioquia. Anuncio desde aquí, que me niego rotundamente a pagar esa tasa y que estoy dispuesto a afrontar su cobro coactivo. A mi favor obra la famosa sentencia T 571 de 2008, de la Corte Constitucional, que declaró la desobediencia civil como un derecho inalienable de los ciudadanos, al declarar nulas las sanciones que se le aplicaron a un recluso por declararse en huelga de hambre; estoy seguro que miles de antioqueños harán lo mismo. Desde esta humilde tribuna hago un llamado para que la gran unidad regional suscitada contra la propuesta del Gobernador Rendón, se traduzca en una acción que dé al traste con su aplicación. Eso sí, estoy también con la esperanza puesta en que antes de que el arbitrario gobernador empiece a cobrar, hayan surtido efecto las demandas que el Diputado Luis Peláez y otros juristas y ciudadanos han empezado a interponer contra el odioso impuesto, que lo es, aunque le llamen tasa.
Medellín, diciembre 11 de 2024