El 7 de mayo de 2024, en el barrio La Esmeralda de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro se comprometió a que el gobierno asumiría el pago de la opción tarifaria sin condicionamientos. Sus palabras textuales fueron: “La opción tarifaria se convierte en deuda pública de la Nación”. Sin embargo, recientemente, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, ha insinuado que este pago estaría sujeto a la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso, generando incertidumbre y preocupación entre los usuarios del servicio eléctrico.
La realidad socioeconómica de la Costa Caribe
La región Caribe colombiana alberga aproximadamente al 22% de la población nacional y produce el 15% del PIB del país. Según datos del DANE, la distribución poblacional no es homogénea y se concentra especialmente en las ciudades ubicadas sobre la costa Caribe, como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Esta concentración urbana refleja una alta proporción de habitantes en los estratos 1, 2 y 3, superando el 90% en algunas áreas.
La falacia de los estratos altos y la carga sobre la clase media
Mientras que los estratos 1 y 2 son reconocidos oficialmente como sectores vulnerables y, por ende, receptores de subsidios y ayudas estatales, los estratos 4, 5 y 6 son considerados de ingresos medios y altos. Sin embargo, existe una realidad menos visible: la pobreza oculta. Este fenómeno afecta a personas que, aunque residen en estratos más altos, no cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Según estudios recientes, la pobreza oculta estaría ocurriendo en los hogares que se encuentran en estratos socioeconómicos más altos, por lo cual, conocer cuáles son las condiciones que determinan que un hogar caiga en pobreza ayudaría a caracterizar a estos “nuevos pobres”.
Este fenómeno se acentúa en un país donde el 80% de los impuestos son pagados por las empresas y las personas naturales de estratos 4, 5 y 6, según la DIAN. A esto se suma que los pequeños y medianos empresarios, los ganaderos y los comerciantes—pilares fundamentales de la economía colombiana—ya soportan una presión fiscal asfixiante. En 2023, el sector ganadero generó más de 810.000 empleos directos e indirectos, pero al mismo tiempo enfrentó aumentos en costos de producción y cargas impositivas que han afectado su rentabilidad. Por su parte, el comercio, que representa cerca del 17% del PIB nacional, ha tenido que lidiar con una desaceleración del consumo, alza en costos operativos y políticas económicas que golpean su competitividad.
Seguir cargando a estos sectores con más impuestos o costos adicionales, como la opción tarifaria, no solo es injusto, sino insostenible. La clase media y los sectores productivos ya están al límite, y una mayor presión fiscal podría derivar en una contracción económica que afecte aún más la generación de empleo y el crecimiento del país. Es urgente replantear la estructura de financiamiento del Estado sin seguir descargando responsabilidades en quienes ya sostienen la economía con su esfuerzo y sacrificio.
La injusticia de trasladar la carga a los estratos medios y altos
La propuesta de trasladar el pago de la opción tarifaria a los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comerciales e industriales, resulta inviable y profundamente injusta. Estos segmentos de la población ya enfrentan dificultades económicas significativas debido a la pobreza oculta. Imponerles una carga adicional no solo agravaría su situación, sino que también podría tener efectos negativos en la economía regional, afectando el consumo y la inversión.
Un llamado a la movilización social y política
Es momento de que la Costa Caribe se levante en defensa de sus derechos. No podemos permitir que las promesas gubernamentales se conviertan en cargas para una población que ya enfrenta múltiples desafíos. La Liga Nacional de Usuarios en la Región Caribe exige al gobierno nacional que cumpla su compromiso de asumir el pago de la opción tarifaria y rechaza enérgicamente cualquier intento de trasladar esta responsabilidad a los usuarios.
La palabra empeñada debe cumplirse tal cual, al igual que las órdenes de la justicia. Es hora de que la región Caribe se movilice social y políticamente contra este abuso del gobierno de Petro. No más mentiras ni promesas incumplidas. El Caribe merece respeto y acciones concretas que beneficien a su gente.