Este año se reanudaron las discusiones sobre los Consejos de Juventud, tras su primer periodo de funcionamiento luego de las elecciones convocadas el 5 de diciembre de 2021. Desde los comicios, las cosas no funcionaron del todo bien. Hoy nos encontramos con un panorama, cuanto menos, escabroso y preocupante.
Para el 19 de octubre están citadas nuevas elecciones, sin una ruta o propuesta clara para corregir los errores, tanto de funcionamiento como de elección.
En 2021 votaron 1′277.711 jóvenes, de los 12′282.273 habilitados para hacerlo: aproximadamente el 10 % del censo electoral. Según la MOE (Misión de Observación Electoral), no se le dio suficiente difusión ni pedagogía a los comicios. El tarjetón fue confuso, lo que ocasionó que casi el 23 % de los votos fueran anulados, cuando la cifra “normal” ronda entre el 6 % y el 7 %.
Ya en su funcionamiento, las complicaciones no fueron menores. En todo el país hay consejos desaparecidos por completo, y en los lugares con cifras más alentadoras, la deserción oscila entre el 40 % y el 60 %. ¿Por qué?
Son muchos los factores sobre la mesa, pero principalmente destaca la falta de garantías para la participación y el cumplimiento de las 18 funciones que establece la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, en un escenario donde muchos consejos ni siquiera logran cumplir con la sesión ordinaria mensual que exige la legislación.
Otro factor es el incumplimiento por parte de los gobiernos municipales, departamentales y nacional de sus responsabilidades con este órgano de participación, que deberían incluirlos en la toma de decisiones y la conformación de otros suborganismos como los Conpes (Consejos Nacionales, Departamentales o Municipales de Política Social), las CCYD (Comisión de Concertación y Decisión), el Sistema de Juventud, entre otros espacios. Tampoco se ha formulado —o se ha hecho de forma escasa— los programas de estímulos y garantías de funcionamiento. Además, no se cumplen las sesiones conjuntas entre concejos municipales, asambleas y Congreso con los Consejos de Juventud, ni con alcaldes(as), gobernadores(as) y el presidente de la República.
¿Sucios y con el agua lejos?
En noviembre del año pasado se realizó la primera Asamblea Nacional de Juventud del gobierno Petro. (Cabe aclarar que la Ley Estatutaria establece que esta se debe realizar anualmente). Más que ser un espacio para empezar a resolver la infinidad de problemas de existencia y funcionamiento de los Consejos de Juventud y su subsistema de participación, fue un encuentro para medir qué partido político tenía la organización juvenil más grande. El gran “éxito” de la jornada fue la mera realización del evento. Sin contar la mala gestión logística y hotelera, que se llevó la vida de uno de nuestros compañeros, Rubén Fernández. Mejor organizadas estuvieron las discotecas de Ibagué, que se llenaron los tres días de la asamblea.
En este momento se tramita el proyecto de reforma a la muy deficiente Ley Estatutaria. Aunque prácticamente hundido por tiempos, respecto a los Consejos de Juventud mantiene casi intactas las condiciones de funcionamiento consagradas en el artículo 59 de la ley. La propuesta de reforma adiciona un artículo que establece un reconocimiento para transporte hacia las sesiones e internet.
La pregunta es:
¿Los consejos que dejaron de existir y los que tienen deserciones de entre el 40 % y el 60 % de las curules lo hicieron por falta de plata para el transporte e internet?
¿Los consejos están condenados a la crisis permanente?