Una ley contra la educación
Por Libardo Gómez Sánchez
12 de junio de 2024
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En las siete hectáreas de terreno en donde se erigían, además de frondosa vegetación, tres bloques de salones como templos del conocimiento, que albergaron muchas de las mentes brillantes de la región que recibieron su grado como bachilleres, deslumbraba el colegio Nacional Santa Librada en Neiva.
Así como los muros se han venido agrietando y los techos desplomando, las ilusiones de sus graduados se vienen desmoronando.
La escasez de recursos acentuó su camino con el acto legislativo 01 de 2001 en el gobierno de Andrés Pastrana que creó el Sistema General de Participación con la restricción de recursos para los territorios destinados a salud y educación con la promesa de que sería transitorio hasta el 2008, pero que el gobierno de Uribe mediante otro acto legislativo convirtió en permanente.
La calidad requiere recursos, por supuesto no es lo único, pero sí es indispensable. En el capitalismo la ciencia floreció justamente porque la acumulación de grandes capitales facilitó el ambiente para su desarrollo, pero además le dió la libertad de explorar todos los caminos a riesgo de no llegar a ningún resultado, comprendiendo que sólo así, al final, se develan los misterios de la naturaleza que nos permiten construir las herramientas y productos que sirven a la sociedad. Estudiar la luz electromagnética parecía algo exótico hasta que dominar sus leyes nos permitió elaborar maravillas como la radio, la fotografía, la televisión y el radar. Igual ocurre hoy con la física cuántica y otras disciplinas de la química y la biología, en las que se invierten enormes recursos en los países desarrollados y que les permite mantener la prosperidad en la que viven.
A contrapelo de estas realidades, el proyecto de ley presentado en el congreso como Estatutaria de la Educación mantiene el precario sistema de financiación, es decir, la limitación de recursos se acentúa desfinanciando y condenando a la indigencia a las escuelas y colegios.
Restringe la libertad de cátedra y la competencia de las instituciones para elaborar sus propios planes de estudio, que consulten sus realidades; no puede ser igual en las calurosas y húmedas riberas del Baudó a las gélidas y escarpadas montañas de los Andes o las desoladas poblaciones del Guainía y el Vaupés ricas en diversidad y las populosas comunas de Kennedy en Bogotá inmersas en la fragilidad de la pobreza urbana.
Y remata el proyecto con la amenaza de una evaluación a los docentes que depende de los resultados de las pruebas presentadas por los alumnos, muchachos cuya formación no depende únicamente de lo aprendido en clase, sino por supuesto del ambiente en sus hogares y entorno ajenos al control del maestro. Es una valoración para amenazar la estabilidad y permitir la manipulación clientelista de los politiqueros.
Estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad escolar no tenemos alternativa diferente a oponernos a este esperpento y solicitar a la presidencia de la república que retire el proyecto de ley que lesiona en materia grave el futuro de la educación de calidad que las niñas y niños del país requiere.
LIBARDO GOMEZ SANCHEZ
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