El ex presidente Álvaro Uribe ya perdió en los estrados judiciales por el caso de falsos testigos. Si bien estamos a horas de conocer el fallo judicial del reciente proceso en su contra, debemos recordar que está ad portas de ir a la cárcel porque le salió el tiro por la culata en su intento de procesar a Iván Cepeda por falsos testigos.
Contrario a la narrativa uribista, el proceso penal no hace parte de una campaña de persecución política. En febrero de 2018 la Corte absolvió al senador Iván Cepeda, sobre quien no encontró pruebas de haber promovido falsos testigos en contra del expresidente para vincularlo con grupos paramilitares.
Junto con la absolución vino la solicitud de apertura de investigación en contra del ex mandatario, puesto que al parecer los falsos testigos sí existieron, pero para favorecerlo y engañar a la justicia.
A los pocos días de iniciada la investigación, Uribe fue reelecto como Senador y un par de meses después su pupilo Iván Duque fue electo presidente. Lo anterior es relevante, toda vez que Duque tenía la potestad de seleccionar los nombres para ocupar la terna de fiscal general de la nación y uno de la terna para dirigir la Procuraduría General de la Nación, dos entes claves en el proceso penal.
Francisco Barbosa (febrero de 2020) y Margarita Cabello (enero de 2021), ternados por Duque se convirtieron en las cabezas de ambas instituciones, siempre mostrando predilección por favorecer los intereses procesales de Uribe.
En agosto de 2020, mientras el mundo entero se encontraba confinado por el coronavirus, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe como medida preventiva en el caso de fraude procesal y manipulación de testigos.
La decisión tuvo un peso simbólico innegable: por segunda vez en la historia de Colombia un ex presidente era detenido por su vinculación a investigaciones penales, el anterior fue Rojas Pinilla. En todo caso, la medida de casa por cárcel en la extensa finca El Ubérrimo le restó representatividad a tan importante privación de la libertad.
Uribe contaba con todas las garantías procesales, pues lo juzgaba la más alta corte penal del país, cuya independencia y jurisprudencia no es moldeable por caprichos políticos. Sin embargo, posó de víctima deslegitimado la imparcialidad de la Corte y, con la jugadita que utilizaron todos los parapolíticos, renunció al Senado para salir del fuero de este tribunal y quedar en manos del juez penal ordinario.
La estrategia era clara, poner a un juez de menor rango a pelear contra uno de los políticos más importantes y poderosos de este siglo. Sumado a esto, el proceso de imputación y acusación lo haría la Fiscalía, dirigida entonces por el uribista Francisco Barbosa. El fiscal del caso fue Gabriel Jaimes, quien buscó por cielo y tierra mecanismos para demorar el proceso y absolver a Uribe, pero se le agotó el tiempo y la justicia no aprobó su mediocridad procesal.
Colombia tiene que recordar estos detalles del proceso contra Uribe, puesto que ni su poder político, ni sus seguidores en altos cargos, ni sus costosos abogados (Granados y Lombana) pudieron detener el avance del juicio con estrategias cuestionables.
En este caso se probó que no hay ciudadanos de primera o segunda categoría y que la justicia puede operar a pesar de poderosas presiones.
Si bien es incierto el sentido del fallo, en el mejor de los casos para Uribe quedará en tablas con Cepeda, siendo claro que el entorno del expresidente sí creó falsos testigos y que inició un proceso contra el Senador que al final fue infundado. Será la jueza Sandra Heredia quien dicte el fallo, que el uribismo y su jefe natural deben respetar.
Puede que al final no se tenga la prueba reina que corrobore que Uribe ordenó con voz propia fabricar falsos testigos. Pero de lo que no hay duda es que en este, al igual que en muchos otros casos como el de la Yidis Política para comprar congresistas a cambio de aprobar la reelección, un ramillete de delincuentes se organizó para idear estrategias que sólo beneficiaban a una persona: Álvaro Uribe.
Sea cual sea el fallo, la ciudadanía no deberá olvidar que Uribe se rodeó de criminales, antes, durante y después de gobernar. Tampoco debemos olvidar que gobernó para un puñado, suscribió los TLC que amenazan al agro y la industria nacional, eliminó derechos laborales, persiguió opositores, e incentivó políticas como la de “falsos positivos».
Si la condena a Uribe no es judicial, que un país con memoria se la dicte en cada ejercicio electoral.
