Plataforma Programática
Contenido
- Democracia y paz.
- Lucha contra la corrupción.
- Desarrollo productivo y medio ambiente.
- Derechos de las Mujeres e Igualación de Género
- Diversidad y derechos.
- Derechos Universales.
- Educación y jóvenes.
- Seguridad.
- Relaciones internacionales.
1- Democracia y paz.
Nuestra primera tarea es luchar por defender y fortalecer la democracia, en la búsqueda de una Colombia más democrática en lo político y lo social.
Partimos del reconocimiento de los derechos humanos, la dignidad y el valor de cada persona en condiciones de igualdad y rechazamos el uso de la violencia para resolver conflictos políticos, económicos o sociales. Apoyamos la construcción de acuerdos de paz que reconozcan y cumplan con los derechos de las víctimas, bajo las premisas de verdad, justicia, reparación y no repetición para, entre otras condiciones, preservar su seguridad y para que tengan la oportunidad de retornar a sus territorios y conseguir un adecuado desarrollo económico y social.
Es urgente reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado colombiano poniéndolas al servicio del interés general. El desprestigio de la política es un factor de atraso y atenta directamente contra la solidez de la democracia. Necesitamos una verdadera reforma política diseñada de manera transparente por encima de los intereses de los grupos políticos que quieren aumentar sus privilegios. Trabajaremos por concretar una organización electoral democrática y transparente. Abogaremos por la debida financiación estatal de las campañas electorales para garantizar condiciones de igualdad. Defenderemos y respetaremos los derechos de la oposición a disentir en los escenarios legislativos y públicos, a su debida y oportuna financiación, a su representación en la organización electoral y en el acceso a los medios de comunicación. Defenderemos y promoveremos las libertades sindicales, el derecho de asociación y la garantía a la protesta social pacífica.
- Lucha contra la corrupción.
Sin la transformación de la forma como se hace política no habrá un cambio en la sociedad colombiana. La lucha sin concesiones contra la corrupción es fundamental en nuestro proyecto político. Esta transformación empieza con la lucha contra el clientelismo, puerta de entrada de la corrupción a las instituciones y que ha sido la estrategia más frecuente de la política tradicional para perpetuarse en el poder: adueñarse de la burocracia, apoderarse de los recursos económicos del Estado y garantizar la impunidad de los corruptos apropiándose del poder en los organismos de control. La corrupción aumenta la pobreza, el desempleo y la informalidad y ahonda las desigualdades.
Es prioritario recuperar la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que requiere adicionarle a la reforma política otra serie de acciones tales como: cambiar la forma como se escogen las cabezas de los organismos de control, asegurar la independencia y adecuada financiación de la administración de justicia y velar por el acatamiento al ordenamiento jurídico nacional y a los fallos judiciales. Promoveremos una reforma que garantice una justicia pronta, eficaz, universal y gratuita para toda la ciudadanía, especialmente dirigida a resolver los conflictos de las personas más vulnerables. Defenderemos la permanencia de la acción de tutela.
Concebimos la política en términos éticos: la lucha contra la corrupción requiere principios, coherencia entre lo que se dice y se hace, una ruptura con la viveza y la trampa del todo vale para conseguir resultados. La transparencia de nuestras actuaciones y el ejemplo en nuestro comportamiento serán fundamentales para liderar la lucha contra la corrupción.
- Desarrollo productivo y medio ambiente.
La crisis global ha dejado al descubierto las reales y profundas dimensiones de la debilidad de la economía y ha evidenciado la pobreza y el desempleo, al igual que las grandes y múltiples desigualdades sociales en nuestro país. Están al descubierto la injusticia y la fragilidad de los cimientos de nuestro desarrollo. La intervención del Estado es esencial para construir una sociedad justa que atienda con urgencia las necesidades de los millones de personas que viven en condiciones de desempleo, pobreza y vulnerabilidad.
Nos urge una política de desarrollo productivo nacional y territorial que transforme y fortalezca el aparato productivo del país para crear más riqueza, a partir de un modelo de desarrollo que respete la propiedad privada y la economía mixta para promover el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, estimulando la creación masiva de empleos formales y dignos, y que genere la riqueza necesaria para atender las necesidades básicas de la población.
Promoveremos un desarrollo productivo integral de todos los sectores, que agregue valor a las materias primas, promueva y fortalezca la producción nacional industrial, artesanal, cooperativa, agropecuaria, turística, minera, forestal y acuícola y que agregue valor para ampliar el mercado nacional y aumentar las exportaciones. Este proceso es crucial y debe identificar sectores estratégicos prioritarios para Colombia e incorporar nuestras regiones al desarrollo, apoyándose en el conocimiento científico y tecnológico, y articulando la acción y liderazgo del Estado con las iniciativas empresariales y la participación de las autoridades, organizaciones y comunidades territoriales, siempre con el reto de ampliar y promocionar nuestra capacidad exportadora con valor agregado. Especial importancia debemos darles a las pequeñas y medianas empresas, a las que se respaldará con la mejor asistencia técnica y el mejor acceso al crédito.
La riqueza extraordinaria de nuestra biodiversidad es una gran oportunidad para atender la histórica deuda con el sector rural. Una primera tarea de la política agraria es garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de colombianas y colombianos, combinando las economías campesina, indígena, cooperativa y empresarial, estrategia que ha de ser articulada con el acceso democrático a las tierras productivas pactado en los Acuerdos de Paz. Este proceso requiere apoyar, impulsar y proteger la producción rural con educación rural y ambiental, la investigación científica, la transferencia tecnológica y la asistencia técnica, al igual que el mejor empleo de los conocimientos de las comunidades.
En cuanto al medio ambiente, su cuidado y protección deben hacer parte de todas las políticas de desarrollo urbano y rural. Especial atención se le dará a controlar y reducir la deforestación, el principal problema ambiental del país por su impacto en el ciclo del agua, en las sequías, las inundaciones y los deslizamientos de tierra, al igual que en las emisiones de gases de efecto invernadero que causan la crisis climática y exigen una correcta y justa transición energética, a la par con la adecuada adaptación y mitigación de sus efectos. Nuestros mares serán objeto de atención especial.
El desarrollo urbano sostenible es una de nuestras prioridades y parte del reconocimiento de la diversidad y complejidad de cada ciudad y de la capacidad del Gobierno nacional y las entidades territoriales para trabajar conjuntamente con la ciudadanía. En un país altamente urbanizado como Colombia, las ciudades son un espacio central para combatir la inequidad y mejorar la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas a escala tanto local como nacional. Las ciudades serán foco de oportunidad en la medida en que exista un compromiso político decidido y articulado. Por eso hacen parte de nuestras prioridades enfrentar los retos de movilidad, la precariedad de la vivienda, la baja gestión de la biodiversidad, la falta de preparación en cuanto a adaptación al cambio climático, la falta de espacios de encuentro y convivencia, la inseguridad urbana y el déficit de oportunidades de innovación en las ciudades colombianas. Habrá asimismo un trabajo riguroso con
los líderes de cada lugar para entender los retos y oportunidades, que tienen características únicas y muy particulares de acuerdo con la identidad de cada ciudad y territorio.
- Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
Nuestro partido está comprometido con la igualdad de género y los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, incluidas las mujeres rurales y campesinas y ninguna distinción relacionada con su sexo, identidad de género, orientación sexual, o pertenencia étnica.
Consideramos prioritaria la creación del Sistema Nacional de Cuidados como estrategia para cerrar las brechas entre hombres y mujeres, al redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado -reproducción social – entre el Estado, el sector privado, el sector social y comunitario y las familias (hombres y mujeres). Consideramos que ésta es la única manera de eliminar la doble carga de trabajo que recae mayoritariamente en las mujeres.
De la misma manera, trabajamos por un desarrollo del aparato productivo del país que incluya a las mujeres y garantice su participación, en igualdad de condiciones, en el mercado laboral.
En la lucha colectiva por la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, abogamos porque el país garantice un enfoque diferencial de género para que niñas y mujeres de Colombia tengan pleno acceso a sus derechos sin barrera, incluyendo el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Trabajamos por la paridad de manera que las mujeres cada vez más ocupen los espacios de poder y toma de decisiones en nuestras instancias de decisión internas, y también en las Ramas Legislativa y Ejecutiva, tanto en el ámbito nacional como en el local.
Propendemos por la eliminación de todo tipo de violencias a las que son sometidas niñas y mujeres (física, sexual, psicológica, estructural, económica y política). Estas violencias impiden que las mujeres tengan autonomía sobre sus vidas y cuerpos y que puedan participar en igualdad de condiciones en el ejercicio de la política.
En nuestros programas y políticas garantizamos la participación equitativa de las mujeres, en discusión, diseño e implementación, así como la aplicación de los enfoques diferenciales étnico, territorial y de género. Así mismo, trabajamos por consolidarnos como un espacio seguro para las mujeres que participan en nuestro Partido, por lo que nos comprometemos con la aplicación de nuestro Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencia hacia las Mujeres.
- Diversidad y derechos.
El Estado debe reconocer y proteger la riqueza de nuestras múltiples diversidades, la diversidad natural, étnica y cultural de la nación colombiana. Empezamos por reconocer la diversidad y complejidad de las diferentes poblaciones que ocupan todo el territorio nacional, particularmente de las comunidades indígenas y
afrocolombianas, por lo que defendemos y promovemos sus reivindicaciones preservando la unidad e integridad territorial de la nación.
Lucharemos contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. Propendemos por que el Estado colombiano promueva, proteja y garantice plenamente los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género no hegemónicas, que lleve a la reducción de las brechas sociales generadas por sus procesos identitarios. Promoveremos políticas territoriales e interseccionales para una vida libre de violencias, empleo digno, salud y educación de calidad, así como el reconocimiento de sus aportes culturales, sociales, políticos y económicos al desarrollo del país; con acompañamiento eficaz de las instituciones y una juiciosa revisión de las bases institucionales y culturales de la discriminación.
Defenderemos los derechos a la soberanía cultural, a la creación cultural y artística nacional y su salvaguarda, así como a su acceso democrático y universal, con adecuada financiación estatal y en articulación con los entes territoriales. Promoveremos condiciones de trabajo justas para todos los integrantes de la cadena de la producción cultural y rechazaremos cualquier intento por someter las expresiones culturales nacionales, las artes, el conocimiento y la información a intereses particulares.
- Derechos universales.
Son varias las reformas que tiene pendiente la sociedad colombiana y que deben ser abocadas con urgencia y desde una mirada de cambio. Asegurar la universalización de los derechos humanos, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, en pro del bienestar de la población, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases para construir una Colombia social e integralmente justa.
Asociada con la propuesta de desarrollo productivo, también se requiere una política de empleo. El empleo digno es un requisito para hacer de Colombia un país donde se produzcan riqueza y bienestar con justicia social.
Promoveremos una reforma laboral democrática que fortalezca y amplíe los derechos de los trabajadores, fundamentalmente mediante la eliminación de formas precarias de contratación. Trabajaremos por el aumento de los salarios, según las ganancias reales de las empresas estatales y privadas, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población, lo que a su vez promueve la producción nacional. De la mano de la reforma laboral está la reforma pensional. El bajo acceso a las pensiones es una de las expresiones de mayor desigualdad en nuestro país. Solo el 25% de las personas en edad de jubilación disfruta de pensión. Un
porcentaje tan bajo es inaceptable. Apoyaremos las iniciativas para atender a quienes no obtuvieron una pensión.
Es imperativo trabajar por un modelo de salud que garantice la prevención y promoción, que responda a las necesidades e intereses de la nación colombiana y que se fundamente en programas de salud pública y atención primaria en salud física y mental oportuna, de calidad y sin barreras de acceso, donde prime la garantía de los derechos.
Finalmente, es necesario realizar una reforma integral al régimen de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los principios de equidad social, redistribución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público en el marco de la función social del Estado.
- Educación y jóvenes.
En nuestra práctica política asumimos la expresión “con educación todo se puede” como eje central en la transformación de Colombia. Esto significa que la educación entendida y extendida en una versión amplia para incluir el conocimiento científico, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura son elementos centrales en todas nuestras políticas. Es un proyecto estratégico, una prioridad nacional que nos permite convocar a todos los protagonistas de nuestra sociedad para unirnos en un gran acuerdo nacional.
Le apostamos a la educación de calidad como motor de la transformación social. La calidad debe primar desde la primera infancia para lograr cambios profundos tales como el quiebre de la transmisión generacional de la pobreza y las desigualdades, la posibilidad de construir la cultura de la legalidad, prevenir la violencia, desarrollar la cultura ciudadana de la convivencia y la democracia, y construir una agenda de apropiación social de la cultura ambiental para nuestro desarrollo sostenible.
La educación pública, gratuita y de calidad es un derecho fundamental y ha de ser el hilo conductor para crear las oportunidades en la construcción de una Colombia justa. Es una acción urgente que nos obliga a actuar de inmediato y a romper con la idea de que la educación es “un proyecto de largo plazo”, lo cual conduce a la discontinuidad en las políticas y la frustración recurrente. Por lo tanto, requiere el compromiso político de atraer los recursos humanos y económicos requeridos para desarrollar políticas que empiezan por el reconocimiento social y dignificación de maestras y maestros, por la articulación social de la escuela en torno a la democracia escolar, las familias y las comunidades, por la transformación pedagógica para hacer relevante y pertinente el sistema educativo con las necesidades de nuestro país y por ser parte de la economía global, construyendo desde las aulas las competencias requeridas para que nuestros jóvenes y nuestras
jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida dignos, con oportunidades de trabajo y realización personal durante toda la vida.
Colombia requiere un programa integral de oportunidades en materia de empleo, salud (mental y sexual) y participación, priorizando quienes no estudian ni trabajan, a la par de un marco institucional que de las garantías para la implementación real del Sistema Nacional de Juventud en todos sus niveles. ¡En nuestro partido la juventud será protagonista y promoveremos sus liderazgos en las instancias de máxima decisión!
- Seguridad.
La seguridad es requisito para una vida digna y sin miedo. La política de seguridad debe poner el respeto por la vida y los derechos humanos en el centro, para devolver la tranquilidad a colombianas y colombianos. En las ciudades, la prioridad deben ser tres frentes: la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana. Además, se deben asegurar tres grandes frentes en todas las regiones: el control territorial, el control institucional y el desarrollo integral. Para retomar el control del territorio se debe restablecer la confianza de la población civil hacia la fuerza pública. Además, diseñar estrategias de combate a la criminalidad teniendo en cuenta los diferentes contextos territoriales, en especial las afectaciones de seguridad de las comunidades, sus líderes y lideresas. El desarrollo rural, la sustitución voluntaria, el reconocimiento de los usos alternativos de la hoja de coca y la persecución de los eslabones de mayor valor dentro de la cadena criminal del narcotráfico deben guiar nuestra política de drogas, mientras avanzamos por el camino de la regulación.
Apoyaremos una visión de la fuerza pública que tenga como eje de su cultura institucional el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos, insistiendo en el carácter civil de la policía. También promoveremos la profesionalización de la carrera policial y militar, mejorando sus condiciones laborales, en particular, de salud física y mental, promoviendo la incorporación y el ascenso de las mujeres.
- Relaciones internacionales
Colombia debe ser un país soberano e independiente frente a cualquier centro de poder extranjero y debe rechazar la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos. Promoveremos la construcción de un nuevo orden mundial basado en el multilateralismo, el respeto del derecho a la autodeterminación y la promoción de la solidaridad entre naciones, como consagra el primer artículo de la Carta de la ONU. Fomentaremos las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en condiciones de igualdad y beneficio recíproco. Evaluaremos y
revisaremos los TLC y de ser necesario buscaremos renegociar cuando sean contrarios a los intereses nacionales.
Defendemos los derechos humanos y los pactos internacionales que los consagran. Trabajamos por el mejoramiento económico y la legalización y la dignificación de los colombianos y colombianas que viven en el exterior. Lo anterior es fundamental para que se facilite su debida integración a la vida en esos países y para crear las condiciones necesarias que permitan su regreso a Colombia, si así lo desean. Rechazamos la xenofobia y promovemos el respeto al migrante y a la migrante en todos los países y en el territorio nacional.
La política nacional de lucha contra el tráfico de narcóticos busca actuar de común acuerdo con otros países y en los organismos multilaterales, para la búsqueda de soluciones conjuntas y de fondo al problema del narcotráfico, el lavado de activos y sus delitos asociados. Concebimos el consumo como una problemática de salud pública que debe abordarse mediante la prevención, la reducción de riesgos y la asistencia a la adicción. Promovemos la creación de alternativas de desarrollo económico sostenible a partir de la sustitución de cultivos y la reconstrucción del tejido social en las regiones cultivadoras.
18 de febrero de 2023
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