Protocolo de prevención y atención a caso de violencia hacia las mujeres en Dignidad

Protocolo de prevención y atención a caso de violencia hacia las mujeres en Dignidad & Compromiso

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1. Presentación del Protocolo  

Las Mujeres con Dignidad, reconociendo que este es un partido incluyente, respetuoso, a la  vanguardia en las luchas por el reconocimiento y los derechos de las colombianas y los  colombianos, que promueve la equidad y la participación efectiva y segura de las mujeres,  presentamos este protocolo con el fin de prevenir y atender cualquier tipo de violencia política  contra las mujeres. Es importante la adopción e implementación del mismo teniendo en  cuenta:

CONSIDERACIONES.  

2. Marco Normativo  

➢ La Constitución Política desde su artículo 1° reconoce que “Colombia es un Estado  Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria… fundada en el respeto  de la dignidad humana” y así mismo en su artículo 12° promueve la dignidad y la no  comisión de actos denigrantes, humillantes e inhumanos, respetando y garantizando a  cada persona su integridad personal, tanto física como moral.

➢ El Artículo 13° de la Carta Política reza que “Todas las personas nacen libres e iguales  ante la ley”, por lo tanto se garantizará que la protección de sus derechos y un trato sin  discriminación, promoviendo garantías de igualdad real y efectiva.

➢ Artículo 15° de la Carta Magna el cual consagra el derecho a la intimidad personal y  familiar, y el derecho a su buen nombre; que el Estado Colombiano es garante de estos,  respetándolos y velando por su respeto; de igual forma que la información personal  recogida en bases de datos de entidades públicas; haciendo valer lo establecido en la  Ley 1581 de 2012 y demás normas conexas.

➢ El Artículo 29° de la Constitución pone el debido proceso como garantía fundamental  dentro de los ámbitos jurídicos colombianos, judiciales y administrativos, permitiendo  la defensa y los justos procesos de los y las ciudadanas.

➢ El Artículo 93° de la C.P. estipula que todos los convenios y tratados internacionales  sobre derechos humanos y sus garantías, firmados y ratificados por el Estado  colombiano, son parte de la Carta Política y serán respetados por todas las  instituciones y autoridades sin excepción alguna.

➢ Ley 1257 de 2008, la cual tiene por objeto: “la adopción de normas que permitan  garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público  como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento  jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y  judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas  necesarias para su realización.” Lo que quiere decir que con esta se dictan las normas  para la sensibilización, prevención y sanción de las violencias y discriminación contra  las mujeres en los diferentes ámbitos y se busca garantizar el pleno goce y ejercicio  de derechos reconocidos en el ordenamiento nacional e internacional.

➢ Ley 1482 de 2011, por medio de la cual se modifica el Código Penal y que tiene por  objeto: “garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas,  comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o  discriminación.”

➢ Ley 1761 de 2015, el objeto de esta Ley es el de “tipificar el feminicidio como un  delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las  mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas  violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden  a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su  desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no  discriminación.” Así, además de crear un nuevo tipo penal acorde a las situaciones por  las que son asesinadas mujeres, también dicta una serie de disposiciones y  modificaciones al código penal para garantizar cumplir a cabalidad el objeto de la  misma.

➢ La Sentencia T-314/11 de la Corte Constitucional sostiene como sospechosos de  discriminación el sexo, la orientación sexual o la identidad de género, por lo que dichas  formas de discriminación se encuentran prohibidas en todos los ámbitos de interacción  social.

➢ El Estado colombiano ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar  y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -Convención de Belém do Pará-, la cual  señala desde su preámbulo que: “la violencia contra la mujer constituye una violación  a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente el  reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”. De igual forma en  esta se define la violencia contra la mujer como toda acción o conducta, basada en el  género, que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a la mujer.

➢ La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer  -CEDAW-, ratificada por el Estado colombiano, compromete y obliga a los Estados  parte en la adopción de medidas adecuadas para la eliminación de la discriminación  en contra de la mujer en todos los ámbitos. Este comité (CEDAW), ha entendido la  violencia contra las mujeres como la expresión máxima de desigualdad y  discriminación en las relaciones de poder, así como la violación a los derechos  humanos que ello representa. De igual forma dicho Comité estableció en el párrafo  18°, de la recomendación general 28°, que la discriminación contra la mujer por  motivos de género y sexo, está ligada de manera indivisible a factores que afectan a la  mujer como: raza, etnia, religión, estatus, edad, clase, casta, salud, creencias,  orientación sexual y/o identidad de género.

3. Objetivos del protocolo  

3.1. General.  

Eliminar la violencia contra las mujeres en su quehacer político en el Partido, brindando un  tratamiento correcto a las situaciones que se deriven de las relaciones en el ejercicio de la  militancia; guardando un debido proceso y ofreciendo respaldo a la víctima por parte de la  organización.

3.2. Objetivos específicos.  

1. Realizar procesos educativos permanentes para la prevención de casos de violencia hacia las  mujeres al interior de la organización y en el marco de la actividad partidaria.
2. Establecer una ruta para la atención integral de los casos de violencia hacia las mujeres, a través  de una actuación prioritaria con las víctimas y la derivación hacia las entidades legalmente  responsables.
3. Establecer una tabla de sanciones políticas al interior del partido ante la ocurrencia de delitos  relacionados con la violencia hacia las mujeres por parte de la militancia.
4. Compromisos del partido político (CIM.2019)  

El partido político mantiene un compromiso de cero tolerancia contra la explotación y  violencia sexual hacia las mujeres y niñas que hacen parte de la organización; resaltando que  estos actos obstaculizan su vida política y se constituye en una violación a los derechos  humanos, representando una grave amenaza para la democracia. Con la adopción de este  protocolo se compromete a:

• Rechazar toda acción y conducta de violencia contra las mujeres, en todas sus formas y  manifestaciones bajo el principio de Igualdad y No discriminación. Dicha declaración implica  la modificación de la normativa incluyendo sanciones para quienes la transgredan.
• Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política a través de acciones  concretas dirigidas a difundir y sensibilizar sobre los derechos humanos de las mujeres.  • Sancionar toda acción y conducta de violencia contra las mujeres.
• Asesorar, defender y proteger a las mujeres frente a actos de violencia que hayan sido  denunciados.
• Adoptar medidas para prevenir las represalias contra las personas que presenten denuncias, y  contra las personas que participen del proceso de resolución.
• Reparar el daño a las mujeres que hayan sufrido actos de violencia política comprobadas.  • Dotar con recursos humanos y económicos un programa que contemple la realización de  actividades tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres en política.  • Este compromiso debe ser público y resulta obligatorio para todas las personas que integran el  partido político, independientemente del nivel jerárquico o del cargo partidario o público que ocupen.

5. Definición de la conducta y ámbitos de actuación  

5.1.Definición.  

La violencia se entiende como un fenómeno estructural, funcional dentro del sistema y útil  para mantener el orden establecido, lo que genera unos ciclos de violencias que impiden la  existencia de relaciones equitativas entre los seres humanos y puede considerarse como una  violación grave de los derechos humanos de las mujeres. Según lo define la Ley 1257 de 2008,  se refiere a cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,  psicológico, económico o patrimonial a una mujer por su condición de ser mujer, así como las  amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se  presente en el ámbito público o en el privado. Son alimentadas por una cultura patriarcal que  ha naturalizado que los hombres y las mujeres tienen una posición desigual en la sociedad,  donde puede hacerse uso de la violencia como conducta normalizada.

El impacto de estas violencias en la vida de las mujeres puede ser inmediato como de largo  alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, que afectan  negativamente su bienestar y les impide tener una participación plena en la sociedad. La  normatividad anteriormente referida ha definido los tipos de daño que pueden sufrir las  mujeres víctimas de violencia:

a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o  controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio  de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o  cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la  autodeterminación o el desarrollo personal.

b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.

c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar  a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras  interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno,  manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.  Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora  obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.

d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción  de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o  económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

5.2.En el entendido que la violencia sexual tiene unos impactos diferenciados en las  mujeres y es muy recurrente en este tipo de situaciones, es importante resaltar los  diferentes tipos de violencia sexual:

• Discriminación.- Trato desfavorable o perjudicial dado a una persona, por motivos arbitrarios  en razón de su género, sexo u orientación sexual.
• Ofensa sexual.- Utilización de expresiones verbales, no verbales o escritas, de índole sexual,  que denigran, cosifican, intimidan y atemorizan a la persona a la cual van dirigidas. Incluye  la exhibición o envío de contenido sexual a una persona, sin su consentimiento.
• Acoso sexual.- Acoso, persecución, hostigamiento o asedio físico o verbal a una persona, con  fines sexuales no consentidos. Se ejerce valiéndose de la superioridad manifiesta o de  relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica.
• Violencia psicológica.- Acciones u omisiones motivadas por razones de género, dirigidas  intencionalmente a degradar o generar sentimientos de inferioridad en una persona, que se  materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio,  chantaje, humillación, insultos, manipulación, amenazas o cualquier otra conducta que  implique un perjuicio en la salud sicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
• Violencia física.- Acción no accidental, motivada por razones de género, que causa afectación  en la integridad corporal de una persona, utilizando la fuerza física o alguna clase de  armamento u objeto.
• Violencia patrimonial.- Acción motivada por razones de género, a través de la cual se causa  la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,  instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos  destinados a una persona, con el fin de subordinarla y limitar su desarrollo personal.
• Pornografía no consentida.- En el marco de este protocolo, hace referencia a fotografiar,  filmar, grabar, producir, trasmitir, exhibir o vender material pornográfico, sin el  consentimiento de la persona que se exhibe en tal material.
• Acto sexual no consentido.- Actos como tocamientos o manoseos de 11 Protocolo para la  prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales índole  sexual, sin penetración. Dependiendo de la condición de la persona victimizada, en la ley  penal se tipifica como acto sexual violento, acto sexual con persona puesta en incapacidad de  resistir, acto sexual con incapaz de resistir o acto sexual con menor de 14 años.
• Acceso carnal no consentido.- Penetración del pene por vía vaginal, anal u oral, así como la  penetración de cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto por vía vaginal o anal.  Dependiendo de la condición de la persona victimizada, en la ley penal se tipifica como acceso  carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, acceso carnal con  incapaz de resistir o acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
• Abuso sexual.- Acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir, por discapacidad física,  psicológica o cognitiva.
• Inducción o constreñimiento a la prostitución.- Inducción hace referencia a la incitación,  persuasión o estímulo de una persona al comercio carnal o a la prostitución, con el ánimo de  lucrarse o para satisfacer los deseos de otra persona. Se trata de constreñimiento cuando existe  coacción, intimidación o sometimiento.
• Feminicidio.- Causar la muerte de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su  identidad de género.

5.3.Violencia Política Contra Las Mujeres  

Se entiende por violencia política contra las mujeres toda acción u omisión que se dirige a una  mujer en razón de su género y que las afecta de forma diferencial vulnerando su integridad  física, psicológica, y/o el libre ejercicio de sus derechos políticos, electorales o sus funciones  en los cargos que ostentan, incluyendo al interior del partido.

Constituye violencia contra las mujeres en la vida política, aquellas acciones, conductas u  omisiones que: (CIM, 2019)

• Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus  derechos políticos;
• Agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto, con objeto o resultado de  menoscabar o anular sus derechos políticos;
• Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza  sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el  ambiente donde la mujer desarrolla su actividad política y pública;
• Amenacen, asusten, hostiguen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus  familias, y que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular sus derechos políticos,  incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan;
• Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio  de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado  de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos;
• Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias,  y Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado  de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada,  de acuerdo a la normativa aplicable;
• Dañen en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la  competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
• Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad  o sexo de la persona candidata y designada con objeto de impedir el ejercicio de los derechos  políticos de las mujeres;
• Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones,  costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos  humanos;
• Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres que se encuentren en  ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda  político electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o  reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con  el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos;
• Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos  políticos.
• Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus  derechos políticos en condiciones de igualdad;
• Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo  político y/o partidario que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de  igualdad;
• Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en  ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el  resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos;
• Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias,  y Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada,  de acuerdo a la normativa aplicable;
• Dañen en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la  competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad) Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus  derechos políticos;

• Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad  o sexo de la persona candidata y designada con objeto de impedir el ejercicio de los Impongan  sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos  políticos en condiciones de igualdad; derechos políticos de las mujeres;
• Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones,  costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos  humanos;
• Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres que se encuentren en  ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda  político electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o  reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con  el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos;
• Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos  políticos.
• Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus  derechos políticos en condiciones de igualdad;
• Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo  político y/o partidario que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones  de igualdad;
• Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo  o judicial en defensa de sus derechos políticos;
• Eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a  cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones;  • Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o  imprecisa y/u omitan información a la mujer, que induzca al inadecuado ejercicio de sus  derechos políticos en condiciones de igualdad;
• Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo  el derecho a voz, en condiciones de igualdad;
• Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las  funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del  ejercicio de la función política y/o partidaria.

6. Ámbito de Aplicación  

Este protocolo está dirigido a las personas víctimas y sobrevivientes de violencia hacia las  mujeres en la vida política vinculadas a Dignidad:

• Que sea perpetrado por personas afiliadas o simpatizantes, así como por personas que sin estar  afiliadas ejerzan una función de representación del partido político y/o hayan sido designadas  para una función específica por el mismo.
• Al protocolo de atención a víctimas le competen todos los escenarios de la vida de la  militancia, sin importar el cargo o posición dentro del partido, y sin discriminar a la víctima.  • Los actos que se analizarán incluyen todas las actividades promovidas por el partido dentro  de sus instalaciones, reuniones en lugares distintos a sus sedes como fiestas, manifestaciones  públicas, actos públicos convocados por otros actores, lugares privados y el espacio virtual  (correos, video llamadas, foros o redes sociales, etc.).
• En cualquier momento y de manera especial en el periodo electoral.
• La aplicación del presente protocolo es para casos de violencias hacia las mujeres, otras áreas  y poblaciones incluidas en las violencias de género se irán abarcando de manera progresiva,  lo que hace de este documento, un texto vivo que puede ser ampliado, complementado y  actualizado en el transcurso del tiempo.
• Posterior a la aprobación del presente protocolo, se deberán realizar todas las gestiones  pertinentes para que pueda ser aplicado de manera efectiva, tanto en lo administrativo como  en lo técnico, con el propósito de que la persona agredida no solo reciba atención preliminar  y acompañamiento, sino que también pueda contar con justicia y reparación efectiva al  interior del partido, según las competencias y rutas de atención descritas en el protocolo y las  ya definidas en el marco normativo; sin que esto interfiera en las acciones judiciales que la  víctima emprenda.

7. Medidas de prevención  

La prevención se refiere a todas aquellas actuaciones encaminadas a evitar la violencia hacia las  mujeres, incluyendo acciones educativas y de sensibilización. Para esto se propone:

7.1.Jornadas de formación.

• Escuelas de formación: violencias hacia las mujeres en todas sus dimensiones (física, sexual,  psicológica, económica y patrimonial); masculinidades positivas; micro-machismos; lenguaje  no sexista; acoso callejero; etc.
• Campañas educativas: derecho a una vida libre de violencias.

7.2.Acciones de difusión.

• Informes políticos que expliquen de manera detallada el protocolo, incluyendo las acciones  de prevención, atención y sanción ante un acto de violencia hacia las mujeres.

7.3.Detección temprana de casos de violencia hacia las mujeres. La detección temprana  permite identificar posibles riesgos:

7.3.1. Posibles riesgos. 

• Sobre posible agresor: identificar micro-machismos, piropos, intimidaciones o amenazas,  sobornos (a causa de una posición jerárquica), humillaciones o ridiculizaciones,  descalificación de opiniones, celos desbordados, destrucción de objetos, etc.
• Sobre la víctima: identificar síntomas/signos como indicios físicos, emocionales o  comportamentales que generen sospecha (relativos al autocuidado, por ejemplo).

7.3.2. Acciones de detección temprana.  

• Se debe incrementar el cuidado y autocuidado entre la militancia: medidas de seguridad en  eventos relacionados con el ejercicio de la militancia, por ejemplo, tomar transporte conjunto,  consultarles a las compañeras si ya llegaron a su casa, consultar sobre el bienestar de la  militancia de manera constante, entre otras.
• Se deben rechazar públicamente actos o expresiones sexistas, misóginos, lesbofóbicas y  transfóbicas; así como manoseos o afectos excesivos que rayan invaden el espacio personal  (abrazos, besos, conductas inapropiadas que incomoden de alguna forma e invadan los  espacios personales).

8. Ruta de prevención, atención y atención de violencias hacia las Mujeres  

Este protocolo contempla dos rutas: una interna, donde se establecen los mecanismos con los  que cuenta el partido para el tratamiento de los casos -teniendo en cuenta su alcance; y una  externa, que remite los casos a las instituciones contempladas en el ordenamiento legal  colombiano para su atención, toda vez que se puede estar frente a un presunto delito y este  debe ser sancionado por la justicia.

8.1. Ruta Interna.  

Establece acciones y estrategias de articulación para la garantía plena a las víctimas del  derecho a recibir una atención integral. Debe garantizar identificación del caso, recepción del  caso, acompañamiento psicosocial y jurídico, y recomendaciones. Implica un pacto de  confidencialidad por parte de todas las personas que conozcan los casos.

La recepción del caso puede provenir de cualquier miembro, a quienes se les debe orientar  que su tratamiento, análisis y acompañamiento psicosocial y jurídico se dará a través de la  Comisión Permanente para la Atención de Casos de Violencia Hacia las Mujeres, la cual estará conformada por la secretaria de mujeres, y dos afiliadas profesionales; una psicosocial  (psicología y/o trabajo social), y otra en derecho, todas con experiencia y/o formación en  atención integral en violencias por sexo y género. La atención siempre se hará con al menos  dos (2) personas de la Comisión. Una vez esta Comisión analice el caso, remitirá  recomendaciones de sanción a la Comisión de ética y garantías del partido, según lo  establecido en la tabla de sanciones de este protocolo.

Ruta para la Atención Interna  

1 Ver anexo sobre delitos no querellables.

8.2. Ruta Externa.  

La ruta externa involucra a todas las entidades corresponsables en materia de salud, protección  y justicia. Para la atención de los casos de violencia hacia las mujeres, el marco jurídico  colombiano contempla la triada de atención de los sectores de salud, protección y justicia.

1. Atención integral en salud, para garantizar la atención sobre las consecuencias en salud física y  mental que puedan dejarle los eventos de violencia.
2. Acciones desde el sector de protección, para garantizar el restablecimiento de derechos y la no  repetición de los eventos de violencias.
3. Acciones desde Justicia para que el delito no quede impune.

Para cada caso, las acciones, medidas y protocolos pueden ser diferentes. Sin embargo, todas  estas intervenciones deben contribuir al bienestar de la víctima, a la recuperación integral, al  ejercicio de sus derechos y a la reparación integral. Estas acciones están contempladas en la  normatividad y en ningún caso serán responsabilidad del partido.

La activación de la ruta externa será responsabilidad de la Comisión Permanente, quien  asesorará a la víctima teniendo en cuenta el tiempo de ocurrencia de los hechos, su naturaleza  y vulnerabilidad.

9. Tabla de Sanciones Aplicable a Casos de Violencias hacia las Mujeres  

Los siguientes eventos que tiene ocurrencia de manera sistemática, sin consentimiento o deseo  expreso a mujeres integrantes por el hecho de ser mujeres, en el marco del reforzamiento de  los estereotipos de género y/o las violencias hacia las mujeres:

Es importante aclarar que las conductas anteriores, según el alcance del protocolo; pueden  ejercerse sobre una integrante y pre integrante.

10. Aspectos finales.  
11. Los datos privados, semiprivados e información sensible de la víctima a la cual se accede  dentro del proceso, así como los datos de sus familiares y personas cercanas, deben  permanecer en reserva y bajo ninguna circunstancia podrán ser revelados.
12. La información que se informe en los equipos territoriales y otras instancias será siempre sin  revelar hechos concretos, ni el nombre de la víctima. También se respetará el carácter  clasificado de los datos privados, semiprivados e información sensible de la persona.
13. Siempre se harán las indagaciones necesarias para identificar información o quejas que sean  manifiestamente temerarias, se refieran a hechos no concretos, difusos, de imposible  ocurrencia o irrelevantes.
14. La persona líder del equipo territorial con la Comisión Permanente, siempre llamará al  presunto victimario a descargos para escuchar su versión de los hechos.
15. El proceso sancionatorio no reemplaza en ningún caso las actuaciones que se produzcan en  los ámbitos policivo, judicial o administrativo por las autoridades competentes de la ruta  externa.
16. En todos los casos se informará a los equipos y a todas las personas integrantes de la siguiente  manera:

• La persona líder del equipo territorial informará sobre la existencia de un caso; para ello  identificará el nombre del sancionado, el tipo de gravedad del evento y las sanciones a que  hubiere lugar, además de precisar que el mismo fue con ocasión a una falta al protocolo. Cada  persona líder de los equipos informará del caso guardando las mismas reglas sobre la  información.
• Nunca se deberán mencionar los nombres o datos de las víctimas.
• Si hay expulsión de un integrante se debe informar su nombre para evitar que éste actúe de  manera oportunista a nombre de la organización con sus integrantes o personas externas.

10.1. Revisión y Actualización del Protocolo.  

La Secretaría de mujeres del partido evaluará la ruta de atención contenida en el mismo y  propondrá las modificaciones a que hubiere lugar. La comisión permanente, será la  responsable de hacer seguimiento a la puesta en marcha del protocolo y el ejecutivo tomará  las medidas necesarias para que se adopten las decisiones administrativas que acojan y  garanticen la aplicación del presente protocolo, para hacerlo de obligatorio cumplimiento por  toda la militancia.

Bogotá, 18 de febrero de 2023