Bogotá, 16 de abril de 2021
Carlos Acero Castellanos
@CarlosAceroC
Si en Colombia hay una institución que ha caído en el rotundo desprestigio es la Fiscalía General de la Nación. El desprestigio corre por cuenta de los directores del ente investigador: primero Néstor Humberto Martínez y ahora Francisco Barbosa, personajes que, abusando de su cargo, hacen, deshacen, juzgan, persiguen y absuelven a dedo y por afinidad política, sepultando el Estado Social de Derecho, rompiendo la democracia y negando la justicia.
Néstor Humberto Martínez goza de gran descrédito por su escandalosa gestión como fiscal. Porque le escondió a la Corte Suprema sus impedimentos, a sabiendas de que en sus manos caerían casos de corrupción como el de Odebrecht-Grupo AVAL, caso en el que protegería a su gran amigo, Luis Carlos Sarmiento Angulo y a él mismo, ambos íntimamente relacionados con Odebrecht y sus torcidos en la Ruta del Sol y Navelena. También ocultó sus impedimentos para proteger a su ex jefe, Santos, a su copartidario, Vargas Lleras, y a sus amigos de la política tradicional por el ingreso de platas ilegales a sus campañas políticas. No es menor que tras 3 debates de control político del Senador Robledo, múltiples denuncias de valientes periodistas y masivas jornadas de protesta ciudadana en su contra, Martínez Neira tuvo que montar una cortina de humo contra la JEP para renunciar.
Aunque sea imposible, Francisco Barbosa se ha empeñado por igualar a Martínez en desacreditarse como fiscal. Barbosa, militante del Centro Democrático, se ha dedicado a favorecer a sus copartidarios e investigar a los opositores de Uribe y Duque. En el caso Uribe, actuando contra la evidencia contenida en apertura de investigación por parte de la Corte Suprema, Barbosa presiona por la preclusión para salvar al expresidente de ser juzgado. Mientras tanto, el fiscal abre una absurda investigación en contra de Sergio Fajardo por no haber previsto el incremento del precio dólar con los años, previsión que le era imposible, pero que de ser posible debería motivar investigación a todos los presidentes que desde César Gaviria hasta Duque se han dedicado a endeudar al país.
En palabras de Luis Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción corrupto nombrado por Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía se ha usado para hacer “sicariato judicial para ser chaleco antibalas de unos y para joder a otros”. El motivo por el que los fiscales pueden ser sicarios judiciales o chalecos anti balas radica en que la Constitución Política le otorgó al Congreso la potestad de juzgar al fiscal.
Siendo el Congreso una rama política, allí nunca se va a fallar en derecho sino con base a las preferencias políticas de las mayorías: la politización de la justicia es la negación a la justicia imparcial. Actualmente en la “Comisión de Absoluciones” de la Cámara de Representantes cursan 36 investigaciones en contra de Néstor Humberto Martínez y otras tantas en contra de Francisco Barbosa. Denuncias que, aunque fundadas, serán archivadas toda vez que las mayorías gobiernistas cuentan con 14 de 16 votos en la Comisión. A lo que se suma que en 30 años no ha ocurrido el primer juicio del Congreso a los aforados.
Por lo anterior, es positivo el proyecto de acto legislativo que presentaron el Senador Robledo y el Representante Jorge Gómez, ambos del partido DIGNIDAD, que busca reformar la Constitución para que sea la Corte Suprema de Justicia, y no el Congreso, quien juzgue a los fiscales. La Constitución quedó mal y hay que arreglarla para que no existan funcionarios arbitrarios y corruptos en la impunidad como Martínez y Barbosa. Esta valiosa iniciativa que fortalecería la democracia y permitiría que detener los abusos quien sea fiscal general de la nación.
