En 2023, los derechos y libertades de las personas LGTBIQ+ continuaron siendo vulnerados en Colombia. Según Caribe Afirmativo, el año pasado 155 personas de esta comunidad fueron asesinadas debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. La falta de acción por parte del gobierno actual, encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, ha facilitado que estos lamentables incidentes persistan. A su vez, el Congreso de la República ha demostrado su incapacidad para construir un marco legal que responda a estas violencias.

La Comisión de Apoyo Técnico (CAT) de la Política Pública LGBTI ha instado repetidamente a establecer un plan de acción que garantice la implementación efectiva de dicha política, asignando los recursos necesarios, garantizando la participación ciudadana y coordinando con las entidades responsables. Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas han sido evasivas, sin presupuestos claro, sin participación efectiva del movimiento social y carentes de dirección ante la persistencia de la vacancia del Viceministerio de Diversidad en el Ministerio de la Igualdad.

Este 28 de junio conmemoramos 55 años de los Disturbios de Stonewall (1969), recordando que los motivos para marchar siguen siendo vigentes. La historia de la población LGBTIQ+ está marcada por la lucha por el derecho a vivir libremente, en equidad e igualdad dentro de la sociedad. Las organizaciones que defienden estos derechos han sido ejemplos de organización y movilización ciudadana, especialmente en una sociedad machista y patriarcal que castiga la diversidad.

A lo largo del tiempo, se han alcanzado muchos triunfos gracias a la organización y la movilización, así como a la solidaridad de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en estas fechas es crucial recordar que aún queda mucho por hacer.

Por ese desde Dignidad y Compromiso continuaremos acompañando a las organizaciones y colectivos LGTBIQ+ en su demanda de respuestas por parte del gobierno de Petro, tal como lo hicieron con administraciones anteriores. Solo una acción decidida del gobierno nacional, en articulación con los gobiernos locales e implementando el Sistema Nacional de Participación de Personas LGBTIQ+, podrá transformar las concepciones económicas, sociales y culturales que perpetúan la discriminación y la violencia contra esta población históricamente vulnerada.