El Presidente Petro eligió reproducir las prácticas clientelistas de la política tradicional que, como el lobo del cuento de Caperucita, se disfrazan de nobleza para engañar al pueblo.
En cualquier gobierno hay que cuestionar la corrupción y el nepotismo, más si es un gobierno que prometió hacer las cosas de otra manera. Renunciar a esa tarea es normalizar la trampa al pueblo, el todo vale y el uso de los recursos públicos para el beneficio personal mientras la gente que necesita atención urgente del Estado sigue olvidada.
Las denuncias de la Congresista Jennifer Pedraza sobre las irregularidades en la hoja de vida e historial académico de Juliana Guerrero, aspirante a Viceministra de Juventud, explica la decepción que se siente al respecto frente al gobierno de Petro.
El mandatario defiende a Guerrero con el argumento de que es joven, afrocolombiana, de extracción popular y ex integrante del movimiento estudiantil en el Cesar. Sin embargo, ninguna de esas características justifica que haya obtenido sus títulos académicos sin haber presentado las pruebas del ICFES Saber TyT y Saber Pro.
Recordemos que la Ley 1324 de 2009 obliga presentar esas pruebas con anterioridad de recibir el grado, por lo que la Congresista Pedraza denunció a la joven ante la fiscalía por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y falsedad personal.
No sólo molesta el engaño y la acción de minimizar la corrupción acudiendo al origen popular de la funcionaria. Al país le molesta que existan miles de jóvenes cualificados, honestos que, aunque se han esforzado por estudiar y pagar sus costosas matrículas, no tienen trabajo porque no los apadrinan Petro o Benedetti. Duele más cuando, además de tener la capacidad, terminan yéndose del país a probar suerte en otras tierras porque aquí no se les valoró.
Desde la cúpula del actual gobierno se dio vía libre para que se configuren los nuevos clanes politiqueros que hacen lo mismo que hacían los clanes tradicionales ¡incluso haciéndolo con esos mismos clanes! Lo más grave es que al ser cuestionados se escudan en supuestamente venir o representar causas nobles, exigiendo que no se les confronte.
Dicen no ser iguales a los ladrones del pasado por venir de sectores populares, organizaciones sociales, por su origen étnico, regional o racial. Así roben menos que los del pasado, su conducta debe ser reprochada por ese simple hecho, robar, y por manipular las esperanzas de la gente que soñó con el cambio.
El viceministerio de las juventudes, que era un reclamo de descontento social de los años anteriores, debía crear oportunidades para una generación que perdía la esperanza, se desentendía de la educación y el trabajo mientras se convertía en blanco sencillo del reclutamiento por parte de grupos criminales.
Y no se trata de manzanas podridas o casos a la espalda del Presidente. Al presidente nadie lo obliga a nombrar a Amando Benedetti, quien se defiende ante la justicia en siete investigaciones por corrupción. El ascenso de Juliana Guerrero tampoco ha sido producto de trampas que le han puesto enemigos dentro del gobierno, ni puede decir el presidente que no conoce a la funcionaria.
Otros importantes escuderos del gobierno hacen lo mismo. Recordemos el caso de la señora Beatriz Gómez Consuegra, superintendente para los hospitales, quien tendría que vigilar en muchos casos los presupuestos que firma de su esposo, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
En este caso, el episodio más escandaloso, revelado por Daniel Coronell, se remonta a los gritos y amenazas de parte de la señora Gómez Consuegra a un funcionario del hospital de Leticia para exigirle firmar contratos cuestionables. Esto es muy grave, considerando que ella no tiene atribución legal alguna para decidir sobre los recursos de ese hospital, y que los recursos habían sido transferidos con la firma del Ministro.
También tenemos el caso del nombramiento irregular de una interventora, de origen Wayúu, en el hospital de Nazareth, en La Guajira. La señora nombrada por recomendación de Gómez Consuegra no cumplía con los requisitos para estar en el cargo y su mayor mérito era haber sido representante legal de una fundación vinculada con el cuestionado clan político de Kiko Gómez. Las innumerables protestas de trabajadores y ciudadanos afectados por la mala administración derivaron en la renuncia de la interventora.
Aún así, el ministro Jaramillo, la superintendente y la interventora posan de enemigos de la corrupción en el sistema de salud y hasta se escudaron en el origen étnico de la interventora para minimizar las críticas y posibles ilegalidades.
Petro es el responsable político de la corrupción en su gobierno, al igual que es el responsable de la manipulación de las justas causas sociales por parte de sus escuderos. Al final, estos funcionarios son traficantes de causas nobles para el beneficio personal, son traidores de quienes dijeron representar.
