Bogotá, 5 de septiembre de 2025 – @JERobledo. La Juez trece de familia de Bogotá falló a favor del líder político y actual candidato al Senado Jorge Enrique Robledo, al concluir que la Unidad Nacional de Protección (UNP) vulneró sus derechos fundamentales al reducir las medidas de seguridad, pese a mantenerse un riesgo extraordinario en su contra. La decisión deja sin efectos las resoluciones que disminuían su esquema de protección y ordena restablecerlo de inmediato, hasta que se practique un nuevo estudio de riesgo bajo criterios de prevención, precaución y enfoque diferencial.
La acción de tutela interpuesta por Robledo alegó la afectación de sus derechos a la vida, la integridad física, la seguridad personal, la participación política y el debido proceso. La juez acogió sus argumentos y reprochó que la UNP hubiera actuado de manera formalista y descontextualizada, sin valorar elementos esenciales como, la inscripción oficial de su candidatura al Senado, el reciente atentado contra Miguel Uribe Turbay, el clima de polarización política, las amenazas recibidas en redes sociales y en eventos públicos, así como la reconocida trayectoria de oposición que ha ejercido durante décadas frente a distintos gobiernos. También tuvo en cuenta las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos diferenciados que enfrentan los líderes de oposición.
El fallo ordena a la UNP restablecer las medidas de seguridad que protegían al exsenador y mantenerlas hasta que se adelante un nuevo estudio que incorpore su participación activa, un análisis del contexto político y electoral, y la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos.
Al conocer la decisión, Jorge Enrique Robledo afirmó: “Estoy convencido que la reducción de mis medidas de protección fue una retaliación del gobierno Petro por mis críticas y cuestionamientos a sus políticas. No me callaré. Seguiré ejerciendo el control político con la independencia que me caracteriza”.
Este pronunciamiento judicial representa una victoria no solo para Robledo, sino para todos los sectores políticos y sociales que ejercen oposición en Colombia, al reafirmar que la democracia exige garantías reales de seguridad para quienes participan en el debate público.
