La exhibición pública de los cadáveres que dejó el bombardeo del 30 de agosto contra un campamento de las disidencias de las FARC es incompatible con la misericordia cristiana que invoca el presidente Abelardo de la Espriella. El Gobierno tomó de la tradición bíblica el nombre de la operación, Azarías, para una acción militar que contradice el quinto mandamiento: no matarás.
Según escribió Enrique Uribe Botero en su columna en Razón Pública, la discusión se ha concentrado en la difusión de imágenes de los muertos y del presidente caminando entre ellos, mientras la acción militar casi no se examina. Comparó esas imágenes con la caricatura en la que Ricardo Rendón denunció la masacre de las bananeras, ocurrida en Ciénaga en 1928. En los dos episodios señaló una asimetría de fuerza: trabajadores con machetes, a lo sumo, frente a un ejército bien armado, y un campamento atacado de noche por aviones de la Fuerza Aérea.
En su discurso de posesión, De la Espriella prometió que los grupos armados ilegales serían perseguidos dentro de la ley: "serán buscados, serán capturados, serán juzgados". Menos de un mes después, el Gobierno optó por un ataque aéreo de gran poder destructivo. Uribe Botero cuestionó esa elección y preguntó si el Ejército ya había localizado el campamento.
Hasta la publicación de la columna, Uribe Botero no había encontrado un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia ni de ningún prelado sobre el uso de esos cadáveres, frente a los símbolos cristianos presentes en el discurso presidencial. Planteó si un gobernante puede invocar a Cristo y presentar a sus enemigos muertos como un triunfo sin que la Iglesia diga nada.
Pocos días después del bombardeo, un juez ordenó suspender de forma temporal los bombardeos cuando exista información sobre menores reclutados. Para Uribe Botero, el artículo 44 de la Constitución, que da prevalencia a los derechos de los niños, les otorga una protección reforzada y deja intacta la obligación del Estado de preservar la vida de los adultos. Lo que corresponde, insistió, es capturar a los integrantes del grupo, llevarlos ante la justicia y proteger la vida de todas las personas del campamento. La fuerza pública puede responder si la atacan, pero la información pública conocida no indica que eso ocurriera antes del bombardeo. Reconoció que algunas organizaciones criminales se rodean de menores para protegerse y los usan para cometer delitos.
Uribe Botero criticó otra decisión del Gobierno: la orden de desmontar 17 tableros de Silencios, la obra de Juan Manuel Echavarría. El gobierno anterior había invitado al artista a instalarlos en el corredor más transitado del Ministerio de Educación Nacional. La serie reúne fotografías de 160 tableros de escuelas rurales abandonadas por la guerra en Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó y Sucre. Echavarría las tomó junto a Fernando Grisalez, quien lo acompañó durante 13 años en ese recorrido. La obra ha estado expuesta en museos, galerías y universidades de Estados Unidos, Francia, Bélgica, Nueva Zelanda y Colombia, y La Fábrica la publicó como libro en 2025. A juicio de Uribe Botero, las fotografías muestran la pobreza del campo y el desinterés por la educación rural. Muestran la violencia contra la población campesina, ejercida por grupos armados ilegales y, en varios casos, por las Fuerzas Armadas.
El desmonte obedece, según el autor, a lo que en Colombia se conoce como "el complejo de Adán": la costumbre de cada funcionario de descartar lo que hizo su antecesor. Uribe Botero previó que la decisión termine por dar más visibilidad a Silencios y deseó que la obra se convierta en material de consulta en todo el país.
