Llevar a la Fuerza Pública a las universidades deja intactas las redes que surten de armas, explosivos y dinero a los pocos grupos violentos, y pone bajo sospecha a miles de estudiantes, profesores y trabajadores. A su juicio, la decisión es premeditada y hace parte del relato de la “patria milagro”, que divide al país entre quienes respaldan al gobierno y los enemigos de la patria.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 14 de septiembre un protocolo para que la Fuerza Pública persiga delincuentes dentro de los campus. Carlos Acero sostiene, en su columna publicada por Razón Pública el 28 de septiembre, que la medida tiene otro destinatario: los estudiantes, la protesta social, los dirigentes gremiales independientes, la prensa que pregunta y cualquiera que cuestione al gobierno. La Corte Constitucional ya definió qué debe hacer el Estado cuando un hecho dentro de una universidad amenaza el orden público, y Acero pregunta para qué hace falta un protocolo nuevo.
Si el propósito es detener a los violentos, la herramienta indicada es la inteligencia policial: identificar y desarticular, antes de que lleguen a las universidades, las redes que proveen armas, explosivos y dinero, y conocer quiénes integran los grupos que cada cierto tiempo alteran el orden. Suelen ser un puñado de personas que actúan al margen de miles de estudiantes. Entrar a los campus deja la acción para el momento en que el delito ya ocurre y descuida la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores.
Acero advierte que la fórmula es ineficaz y peligrosa. Entre 1962 y 2011, en medio del conflicto armado y de la respuesta del Estado, murieron asesinados 588 estudiantes. Colombia ya conoce el resultado de una política militar que estigmatizó a las universidades y las señaló como territorio enemigo del orden público.
La medida desplaza de la agenda los problemas de la educación superior. En la semana en que se publicó la columna se conoció que la Universidad Nacional tuvo para el primer semestre de 2027 el menor número de aspirantes en 20 años. Está pendiente la aplicación de la reforma al financiamiento de las universidades públicas que aprobó el Congreso anterior, con la tarea de vigilar que el dinero llegue y que nadie se lo robe.
Acero descarta que el presidente actúe por desconocimiento, aunque considera que desconoce los problemas de la educación. En su lectura, De la Espriella sabe que su proceder no se ajusta a la institucionalidad democrática y se anticipa a la movilización que surgirá en las universidades. Para eso equipara la autonomía universitaria con el desorden, la universidad pública con el refugio de criminales y la protesta con la violencia, y vuelve sospechoso a todo estudiante que proteste.
El resultado, prevé Acero, será más conflictividad social, con el temor de que haya muertos, y menos atención del Estado a la educación. Si las universidades quedan señaladas como refugio de criminales, vendrán propuestas para desfinanciarlas, entregarlas a privados, limitar la libertad de cátedra y restringir la autonomía universitaria.
La persecución, sostiene, ya comenzó. El gobierno retiró a un funcionario por su orientación sexual y por haber adoptado un hijo en su familia homoparental. Una funcionaria salió del Ministerio de Salud por un trino a favor del aborto. El director del DANE perdió el cargo por negarse a manipular las cifras. El presidente del principal gremio empresarial quedó vetado, y el mandatario llama “medios no amigos” a la prensa libre. El gobierno no cumple dos meses, y Acero admite que lo pueden acusar de alarmista. Para él, esos pocos días bastan como indicio de la gravedad de lo que vive el país.
