La violencia en la Sierra Nevada recae sobre La Guajira y el Magdalena, pero cada gobernación la atiende por separado, y esa división favorece a los grupos armados que se disputan el territorio. El último cierre de la Troncal, a finales de septiembre, dejó cancelaciones cercanas al 30 por ciento en Palomino, Dibulla, Camarones y Riohacha.
Todo el departamento de La Guajira depende de la Troncal del Caribe, incluso quienes nunca la recorren, y su protección requiere un acuerdo formal con Magdalena, según escribió Juana Cordero en su columna publicada en Las2orillas el 28 de septiembre. Por esa vía entran los alimentos, la mercancía y buena parte de los turistas, viajan trabajadores, estudiantes y familias entre los dos departamentos, y se abastece el comercio de Maicao y la Alta Guajira.
El cierre llegó después de operaciones de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Con dos buses de servicio público incendiados y bloqueos en varios tramos, el tránsito se detuvo. Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado y la circulación se recuperó varios días después. En Santa Marta siguieron los reportes de vehículos quemados, y el Gobierno anunció refuerzos de tropa y policía. Cordero advirtió que la vía funciona de nuevo, pero el riesgo se mantiene.
En los días de mayor tensión, la Terminal de Barranquilla redujo entre 10 y 30 por ciento los despachos hacia Santa Marta, Riohacha y Maicao. Esas cifras corresponden a hoteles con reservas perdidas, restaurantes con menos clientes, conductores sin viajes, comerciantes con menos mercancía, familias que aplazan sus planes y estudiantes que no llegan a clase. Ese costo lo asume todo el departamento, señaló, aun cuando los ataques ocurran en territorio de Magdalena.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre un riesgo extremo en la Sierra Nevada por la disputa entre grupos armados, con homicidios, extorsiones, paros armados y reclutamiento de jóvenes. La Sierra abarca los dos departamentos, y Cordero planteó que la respuesta debe ser conjunta. Su propuesta es un Convenio de Seguridad del Corredor Troncal del Caribe entre las gobernaciones de La Guajira y Magdalena, con cinco compromisos.
La mesa permanente del convenio sesionaría cada mes con el Gobierno Nacional, la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los alcaldes de los municipios del corredor. A ella se sumarían un sistema de información compartido para anticipar bloqueos y ataques, una línea directa con respuesta inmediata para transportadores y conductores, y un reporte público mensual sobre las medidas tomadas y sus resultados. Los gremios de turismo y comercio, que hoy se enteran tarde de lo que pasa en la vía, tendrían un espacio fijo en ese esquema.
La presencia de la Fuerza Pública resulta necesaria, pero insuficiente, porque los grupos armados reclutan en los territorios donde el Estado no está. El convenio incluye un segundo componente: programas de formación y empleo para los jóvenes de Dibulla, Riohacha y los municipios de la Sierra. Cada joven con una oportunidad real, argumentó, queda fuera del alcance del reclutamiento.
Gobernar, en su lectura, exige prevenir los ataques antes de que ocurran, y esperar a la emergencia para actuar es apenas reaccionar. Cordero pidió al Gobierno Nacional y a los gobernadores de La Guajira y Magdalena que firmen el convenio “antes de que otro bus arda en la Troncal”.
