En Colombia se volvió costumbre que quien dirija el Ministerio de Defensa sea indigno para ocupar el cargo. El más reciente caso de indignidad lo protagoniza el ministro Diego Molano, quien, sin sonrojarse y menospreciando a las víctimas del Estado, dijo que “6.402 es la cifra que busca crear una imagen negativa de las Fuerzas Armadas”.
Mediante el Auto 033 del 18 de febrero de 2021 la Justicia Especial para la Paz (JEP) identificó que “por lo menos” fueron 6.402 casos de “personas muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado” entre 2002 y 2008. Es claro que la cifra es parcial porque las investigaciones de diversas autoridades (que no son instituciones del “castrochavismo”) como la Fiscalía General de la Nación, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, la Justicia Penal Militar y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, entre otras, registran que este tipo de asesinatos ilegales han tenido lugar desde 1978 y, con posterioridad al 2008, hasta la actualidad. Para que Colombia avance es fundamental reprochar esta y todas las expresiones de violencia, provengan del actor que sea, incluyendo aquellas que se esgrimen como mecanismo para tramitar diferencias en la sociedad, así como reconocer que la lucha armada fue un error histórico que gran daño le ha hecho al país.
El periodo analizado por la JEP (2002-2008), en el que se registra el 78% del total de casos de ejecuciones extrajudiciales, coincide con los primeros 6 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez; con los ministerios de defensa de Marta Lucía Ramírez, Jorge Uribe Echavarría, Camilo Ospina y Juan Manuel Santos; con la ejecución inicial del Plan Colombia en la fase I, promovido por EE.UU. que apenas proponía disminuir al 50% el narcotráfico; y con la política de George Bush de guerra contra el terrorismo y el narcotráfico a escala global. Se trató de un periodo de campaña militar lucrativa con la que ganaron compañías de mercenarios, y trasnacionales productoras de armas y de glifosato. El cronista Germán Castro Caicedo señaló que “en el año 2006, después de Irak, Colombia era el lugar del mundo donde se movía un mayor número de mercenarios a sueldo del Pentágono y del Departamento de Estado1”. Mientras las multinacionales se lucraban, jóvenes y campesinos humildes pagaban las consecuencias de la guerra.
Los anteriores promotores del negocio de la guerra no son los únicos responsables políticos de los asesinatos ilegales. Por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta, fue la ministra de defensa durante el apoteósico repunte de asesinatos (ver Gráfica). En su periodo al mando del Ministerio, entre 2001 y 2002, se registraron 691 asesinatos en 10 departamentos. Posteriormente, durante el periodo del ministro Camilo Ospina, 2005-2006, se emitieron circules ministeriales que incentivaban el asesinato de civiles para hacerlas pasar por bajas en combate a cambio de beneficios económicos y laborales para los militares colombianos. Por su parte, durante el periodo ministerial de Juan Manuel Santos, entre 2006 y 2009, se registraron ¡2.538 asesinatos ilegales!
La masiva y sistemática matanza, que Uribe y sus ministros presentaron como casos aislados, sólo perdió intensidad cuando las denuncias de estos actos se hicieron públicas, pero desafortunadamente no ha cesado por completo.
Fuente: JEP, Auto 033 de 2021.
En el marco de la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, los sectores democráticos debemos reprochar las ejecuciones extrajudiciales y las ofensivas declaraciones del ministro Molano. Además, es imperante rodear la investigación independiente y rigurosa de la JEP para que se conozcan la verdad y los máximos responsables de estos asesinatos, se repare a las víctimas y se creen mecanismos efectivos de no repetición de estos crímenes. De la misma forma es importante seguir defendiendo los acuerdos de paz y su integral cumplimiento por ambas partes, así como el cese del uso de la violencia para dirimir controversias sociales.
1 Castro Caicedo, Germán. “Nuestra guerra ajena”. Editorial Planeta. 2014.
