El 13 de marzo de 2024, fue aprobada en la Asamblea Departamental de Amazonas, un Proyecto de Ordenanza que faculta al Gobernador del departamento a ceder un bien fiscal público a la Policía Nacional, para avanzar en el plan de invertir una cifra superior a los 5 millones de dólares y construir infraestructura de operación transnacional, financiada por la Embajada de Estados Unidos. En total, esperan entregar 8,7 hectáreas para la Unidad Policial, según la Ordenanza sancionada.

La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, misma entidad que financia un proyecto de la Armada en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, será la que oriente y costee las ideas.

Ambos proyectos, el de Amazonas y el de Gorgona, se han adelantado sin consulta previa y sin la participación de las comunidades aledañas. Prueba de ello es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó, el 10 de abril de 2024, suspenderle las licencias ambientales al proyecto de la Armada en Gorgona, por vulnerar la consulta previa a las poblaciones de la zona.

Por su parte, en la Asamblea Departamental de Amazonas solo un ciudadano intervino en los debates, aun cuando algunos Diputados anunciaron que se invitaría a las comunidades indígenas cercanas.

También han mutado los nombres originales, para vestirlos de verde e intentar ocultar su verdadera finalidad: defender los intereses de la potencia militar. El de Gorgona pasó de ser un embarcadero militar de la Armada, a un muelle turístico y una estación científica.

En Leticia, la Unidad Policial Transnacional va alineada a la propuesta del presidente Petro de crear una Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) amazónica. Quieren mostrarla como una simple Escuela de Carabineros y de Policías, pero mantienen los sistemas satelitales, drones, sistemas remotamente controlados, radar, etc.

Es claro que ningún alto mando colombiano dará órdenes a altos mandos norteamericanos. En consecuencia, la información que recolectarán estos sistemas de alta tecnología estará a total disposición de esta superpotencia, cuya Jefa del Comando Sur en el Atlantic Council declaró, en enero de 2023, que los recursos naturales de la Amazonía eran un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos y que debían profundizar su “juego” en la región.

¿Qué garantiza entonces que estos sistemas no serán usados para sondear recursos que puedan explotar posteriormente? ¿Qué garantiza que los resguardos indígenas no serán grabados y fotografiados cuando los drones los sobrevuelen? ¿Dónde queda el derecho a la privacidad y el derecho a la imagen de las comunidades?

Adicionalmente, la posible presencia de funcionarios, contratistas o militares de Estados Unidos debe poner en alerta a entidades y ONGs, ante la posible vulneración de los derechos de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres especialmente, dados los antecedentes de delitos sexuales cometidos y documentados en Girardot y Melgar, donde 53 menores de edad fueron víctimas entre 2003 y 2007.

En 2012, en Melgar, un Sargento y un contratista extranjeros drogaron y violaron a una menor de 14 años. Igualmente, en Tumaco se estructuró de manera virtual una red de oferta sexual para estos extranjeros. Por lo anterior, en 2015 la Defensoría del Pueblo solicitó una actualización de las denuncias y la búsqueda de las víctimas.

Ante este panorama, es importante abrir el debate, que las comunidades sean incluidas en las discusiones y decisiones, y que no solo se socialicen proyectos de impacto cuando ya se van a llevar a cabo, vulnerando así derechos que se han conquistado con proceso de movilización. ¡Tenemos que organizarnos! Unámonos y defendamos nuestra Amazonía.