Los recientes escándalos asociados a la “primera dama”, Verónica Alcocer, marcaron el inicio del año 2024 para los colombianos. Estos incidentes estuvieron enfocados en el derroche del extravagante séquito de Alcocer, cuyo costo ascendió a más de 1.000 millones de pesos provenientes del erario en el año y medio del “gobierno del cambio”. Derroche que incluye maquillaje, masajista personal, paseos y asesores de imagen, entre otros lujos.

Ante los exorbitantes gastos y excentricidades de la “primera dama”, sufragados con dineros públicos, surge una pregunta crucial: ¿cuál es el papel que cumple en el gobierno?

Es fundamental comprender que la figura de primera dama, la esposa del presidente, no tiene la condición de funcionaria pública. Esto significa que no recibe un salario, no administra un presupuesto propio ni está sujeta a control político. Sin embargo, en ocasiones tiene a su cargo diversas funciones en instituciones del Estado. Esta particularidad genera un vacío institucional en la comprensión de las responsabilidades asociadas a este rol, evidenciando la falta de una normatividad clara y precisa en la legislación actual que defina sus funciones.

En Colombia esta categoría se originó en la década de 1930, durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo, es decir, hace aproximadamente noventa años, en una época en la que las mujeres no tenían derecho a votar.

En el contexto del sistema político colombiano, caracterizado por el presidencialismo, la esposa del presidente desempeña un papel simbólico que complementa la imagen del mandatario y forma parte de la estrategia de imagen del gobierno. Su participación se canaliza principalmente a través de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), brindando apoyo a leyes específicas, especialmente aquellas relacionadas con la infancia y la adolescencia. Adicionalmente, su cercanía al poder ejecutivo les permite movilizar recursos en la implementación de programas sociales como Familias en Acción.

El caso de la señora Verónica Alcocer destaca como un ejemplo sin precedentes de clientelismo en el actual gobierno. Bajo el título anacrónico de “primera dama”, Alcocer ha otorgado cuotas políticas a sus allegadas, como el nombramiento de Concepción Baracaldo, sin experiencia previa, como directora del ICBF, y de Eva Ferrer, especialista en marketing, como asesora de la infancia en Colombia.

Desde 2007, varios países de América Latina, como Ecuador, Paraguay, México y Chile, han comenzado a abordar reflexiones significativas sobre el papel de la “primera dama”. Sin embargo, en su mayoría, estas reflexiones han sido simbólicas, ya que no se han implementado reformas estructurales, con excepción de Chile. Durante su actual gobierno, Gabriel Boric ha llevado a cabo modificaciones en la institucionalidad de este cargo, redistribuyendo las responsabilidades de las siete fundaciones entre varios ministerios, generando más empleo público.

A pesar de que el gobierno de Petro emitió el decreto que establece el Plan de Austeridad del Gasto para 2023, las denuncias y escándalos, especialmente relacionados con los numerosos viajes y gastos de la esposa del presidente persisten. Lamentablemente, los colombianos nos veremos obligados a pagar la próxima puesta en escena de la señora Alcocer en el Carnaval de Barranquilla.

La Procuraduría General ha instado a poner fin a estos costos que estamos asumiendo los colombianos, argumentando que Alcocer no es una servidora pública y, por ende, no debería recibir viáticos. Sin embargo, la ausencia de una ley que regule este asunto permite al presidente continuar aprobando este derroche presupuestario.

Resulta lamentable que, en este contexto, persista una deuda significativa por parte del gobierno nacional en la garantía de los derechos de las mujeres. Mientras Verónica Alcocer se pavonea en sus relaciones públicas dentro de la élite política, el Ministerio de Igualdad opera con un presupuesto precario de 500 mil millones de pesos, con la promesa de abordar los problemas de más de 17 grupos poblacionales. A un año de su creación, la administración no ha proporcionado claridad sobre los proyectos destinados a las mujeres ni ha garantizado adecuadamente sus derechos.