Un gabinete diverso

Pasada la euforia de la “gabinetología” en los medios, se abre el proceso de formulación del Plan de Desarrollo para Bogotá.

Resulta pues oportuno examinar el perfil de quienes acompañarán al alcalde Carlos Fernando Galán en la estructuración de la inversión y, sobre todo, volver a la pregunta fundamental: ¿para qué y para quiénes gobiernan las secretarías?

En este gabinete coexisten el círculo más cercano del alcalde y su partido, el Nuevo Liberalismo, en carteras claves; gente con hoja de vida, pero sin experiencia en el Distrito; algunos que continúan desde el gobierno anterior; personajes controvertidos por su cercanía al peñalosismo y a la ejecución de políticas consideradas excluyentes; y hasta un par de nombramientos que los sectores sociales han considerado acordes con su agenda.

Es cierto que nadie quiere que sean clientelistas ni corruptos quienes manejen la plata de nuestros impuestos, pero las hojas de vida abultadas nunca están exentas de una posición política, y menos en la administración pública.

Las secretarías de Planeación y Gobierno, las plazas de jefa de Gabinete y la de Jefe de la recién creada Unidad de Gestión y Cumplimiento están en cabeza de escuderos de antaño del alcalde, con experiencia en la vida pública: Miguel Silva, Gustavo Quintero, María Lucía Villalba y José David Castellanos, respectivamente.

Por otra parte, una de las críticas más fuertes estuvo relacionada con el nombramiento de Isabel Segovia en Educación, quien fue fórmula vicepresidencial de Enrique Peñalosa y viceministra en el gobierno Uribe, uno que sin duda trae malos recuerdos al magisterio y a los activistas en defensa de la educación pública.

También Orlando Molano fue nombrado en medio de críticas por la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, anunciada por la Contraloría, en el caso del elefante blanco de la Unidad Deportiva El Salitre. Molano, un “ancla del peñalosismo” fue respaldado por el alcalde.

Entre los funcionarios que continúan están el gerente del Metro, Leonidas Narváez, y María Fernanda Ortiz, en Transmilenio, sin que de parte de ellos o de la administración se mencione la renegociación de los contratos con los operadores privados o soluciones para financiar el Fondo de Estabilización Tarifaria.

Por su parte, hay otros nombramientos que pueden garantizar continuidad de la labor administrativa como el de Laura Tami, en Mujer que tiene a cargo continuar avanzando con el Sistema de Cuidado, o Consuelo Ordóñez, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Por último, el sector cultural ha aplaudido el nombramiento de Santiago Trujillo en la secretaría, lo cual sin duda es un buen indicador y genera expectativas entre artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura.

El falso dilema entre técnica y política

La prensa aplaudió de manera casi unánime la conformación “técnica” del gabinete, y la ausencia de “políticos”, entendida como participación de cuotas de los partidos que apoyaron al alcalde.

Es cierto que nadie quiere que sean clientelistas ni corruptos quienes manejen la plata de nuestros impuestos, pero las hojas de vida abultadas nunca están exentas de una posición política, y menos en la administración pública.

El ejemplo más claro en este gabinete fue el nombramiento de Roberto Angulo como secretario de Integración Social. Angulo fue aplaudido por grandes sectores de opinión por no pertenecer a ningún partido, pero quienes tenemos reparos frente a la política social centrada en la ultra focalización, vemos con escepticismo la promesa de liderar la lucha contra el hambre sin apuntar a la garantía universal de derechos como la salud, educación y alimentación, entre otros. Focalizar y no universalizar es una decisión política, como es política la decisión de no contar en el gabinete con mayorías que tengan experiencia en interlocución y participación ciudadana.

Por eso resulta tan curiosa como falaz la caracterización de altos mandos de la administración como técnicos en oposición a lo político, pues en los nombramientos hay una declaración de principios políticos e ideológicos.

Los ejemplos de política claramente invisibilizada en nombramientos bautizados como “técnicos” están en la interacción con gremios como ProBogotá Región y Camacol, con la administración distrital. Esa puerta giratoria ameritará un análisis específico en las próximas semanas.

Es muy pronto para saber si el gabinete elegido por Galán “podría ser el mejor gabinete de la historia de la ciudad”, como se aventuró a afirmar uno de los columnistas de esta revista; pero no lo es para señalar que administrar “sin política” saca del panorama al objetivo principal de los gobiernos: mejorar la vida de la gente.

No se puede proteger todas las formas de vida si la técnica no tiene un marco ético y político que sirva como horizonte común. No se trata solo de gestionar eficientemente sino con criterio político transformador.

Acuerdos sobre una agenda de derechos

Bogotá, como todos los municipios y departamentos del país, eligió a su máxima autoridad bajo la premisa legal del voto programático, aunque del dicho al hecho haya un buen trecho y en la elección primen otro tipo de razones.

Bajo la premisa de elegir una propuesta con énfasis y promesas de mejoramiento de la vida de la ciudadanía, está en marcha la estructuración del Plan Distrital de Desarrollo como la herramienta más poderosa de cumplimiento del programa.

Como las 82 páginas del programa inscrito para candidatizarse no agotan todos los aspectos de la vida de la ciudad, es necesario acordar con las organizaciones sociales, el sector privado, la academia y la ciudadanía en general una agenda que actúe como norte de avances para toda la capital, y no solo para quienes eligieron al alcalde.

Esa agenda debería incluir, cuando menos, propuestas en manejo integral de la seguridad, transversalización del enfoque de género y de derechos de las mujeres en toda la administración distrital, fortalecimiento y ampliación del sistema de cuidado como bien público de las y los bogotanos y expansión de la política social hacia un modelo de universalización.

Además, es necesario llegar a acuerdos sobre políticas para garantizar ciudadanía plena a la juventud y a poblaciones históricamente discriminadas, con un énfasis importante en acceso a educación pública, gratuita y de calidad. La agenda de protección de ecosistemas estratégicos, gestión del riesgo y manejo de la crisis climática debe ser también prioritaria.

La ciudadanía debe poder encontrar garantías de participación y concertación en temas tan importantes como la política de protección a moradores del Distrito, el desarrollo de la industria manufacturera para generar riqueza y valor agregado, y el presupuesto para arte y cultura.

es necesario acordar con las organizaciones sociales, el sector privado, la academia y la ciudadanía en general una agenda que actúe como norte de avances para toda la capital, y no solo para quienes eligieron al alcalde.
De la mano de estos objetivos está el avance en los planes de formalización de las plantas de personal en el Distrito, de manera que mejore la vida de las y los trabajadores, mientras se arrebata la contratación de las garras de la corrupción, en una ciudad con un patrimonio público que sea protegido y potenciado por la administración.

Por otra parte, los programas de gobierno suelen ser escuetos, y las necesidades de la ciudadanía no lo son. Por eso urge escuchar las agendas del movimiento social con el que el alcalde Galán tuvo contacto sin suscribir un solo acuerdo, con diversas organizaciones.

Los espacios para la participación no son un accesorio en la construcción de un proyecto democrático de ciudad para los derechos de todas, todos y todes. Por eso, es obligación de los gobiernos crearlos y atenderlos, así como es deber nuestro, como ciudadanía, organizarnos para incidir.