El debate sobre la reforma a la salud en el año largo transcurrido desde que el gobierno presentó su proyecto de ley se puede resumir así: Petro condena a viva voz al que considera “uno de los peores sistemas de salud del mundo”, mientras, sin aspavientos, su bancada parlamentaria adopta el modelo de aseguramiento social vigente como si fuera una innovación.

 

Petro agita la consigna de acabar “la intermediación financiera y administrativa de las EPS”, mientras, en voz baja, el Pacto Histórico aprueba artículos del Plan Nacional de Desarrollo y del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que les mantienen a las EPS algunas de sus funciones esenciales.

 

Pero no fueron los trinos y discursos radicales contra las EPS, sino la modificación a última hora de artículos que parecían ya concertados, lo que precipitó el hundimiento de la reforma con el voto de los senadores partidarios de mantener la Ley 100.

 

Tal parece ser el caso de la integración vertical que se prohibía en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes únicamente a partir del segundo nivel de atención, y que apareció también eliminada en el primer nivel de atención en la ponencia presentada por el senador Wilson Arias y sus compañeros de Comisión.

 

Luego del hundimiento de la reforma en la Comisión 7ª del Senado de la República, el Gobierno desató una ofensiva sin precedentes para implementar su reforma.

 

Petro pasó de los discursos a la acción para imponer “de golpe”, y con fundamento en su interpretación de las normas vigentes, una serie de medidas que avanzan en el sentido de echar a andar su modelo preventivo y predictivo sin que se tenga que aprobar una ley de reforma a la salud en el Congreso.

 

Para empezar, la Superintendencia de Salud Intervino dos de las más importantes aseguradoras: Nueva EPS y Sanitas, y días después a la EPS S.O.S. del Valle del Cauca, asumiendo el Gobierno nacional la responsabilidad de la administración de la salud del 51,4% de los afiliados al sistema.

 

Se puede asumir que, ante la enorme exigencia de hacerse cargo de una tarea que durante 30 años ha estado en manos de actuarios y analistas financieros de las EPS, el gobierno optó por crear, a la manera de las situaciones de emergencia o de desastres, un Puesto de Mando Unificado (PMU) que incluye funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera

 

A continuación, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció la firma del decreto que ordena el giro directo de la ADRES a los hospitales y ocho decretos más, entre ellos el de recuperar la figura de las promotoras de salud, cuyos nombramientos se sumarán a los de los integrantes de los equipos básicos de salud.

 

Igualmente, con el apoyo del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores –FECODE– (solo hubo un voto negativo), el gobierno de Petro reemplazó el régimen de salud de los maestros por el modelo de la reforma a la salud del gobierno que fuera rechazado en el Senado.

 

En la práctica, el nuevo modelo homologa el sistema de salud, hasta ahora exceptuado de la Ley 100, al régimen contributivo del actual sistema.

 

En Cartagena, el 12 de abril, tras conversaciones entre el Pacto Histórico y el Partido de la U, seis EPS expresaron su voluntad de transformarse en Gestoras, aunque no dieron a conocer los términos del acuerdo. Hacen parte de este grupo EPS con gran número de afiliados, como Salud Total, Coosalud y Capital Salud, a las cuales se ha sumado la EPS Salud Mía.

 

A renglón seguido, en la misma ciudad, haciendo eco de lo promulgado por el presidente Petro en Aracataca el año pasado, el gobierno volvió a lanzar los “Equipos Básicos de Salud”, piedra angular del modelo preventivo que busca establecer.

 

En el otro frente, Sanitas no tardó en responder. Esta calificó la intervención de equivalente a una expropiación y empezó a interponer una serie de recursos jurídicos orientados a recuperar el control de la empresa, incluyendo una demanda penal contra el Superintendente de Salud.

 

Sanitas hace parte de Keralty, un grupo empresarial con presencia en España, Estados Unidos y otros países. Hay acuerdos internacionales que protegen la inversión de capitales extranjeros y SANITAS los va a emplear en las querellas jurídicas que ya inició.

 

ACEMI, el gremio de las EPS del régimen contributivo que agrupa a Sanitas, rechazó la intervención y planteó que no contribuye a la solución de los problemas financieros del sistema de salud. En el mismo sentido se han pronunciado voceros de partidos políticos y gremios económicos que respaldan el sistema actual.

 

La evidencia demuestra que las intervenciones a las EPS realizadas en los meses anteriores por el gobierno Petro han terminado en liquidación, o los problemas financieros y las quejas y reclamos de los usuarios continúan sin resolverse, como ocurre con las EPS Famisanar y Savia Salud.

 

A la par con la demostración de fuerza, el gobierno juega también la carta de la negociación. Sabe que las EPS y los partidos políticos que las representan pueden tomar decisiones que terminen por agravar las dificultades del ejecutivo para administrar la totalidad del sistema de salud. Algunas EPS bien pueden tomar el camino de Compensar y solicitar su liquidación voluntaria.

 

Desde el día del hundimiento de la reforma a la salud, el ministro del Interior abogó por el “derecho al pataleo”, planteando que ya se habían logrado algunos acuerdos y que se debía retomar la discusión.

 

Por su parte, el senador Arias y el Pacto Histórico apelaron ante la plenaria del Senado la decisión de archivar la reforma a la salud que tomó por mayoría la Comisión 7ª.

 

Este escenario parece improbable, a no ser que el petrismo hiciera concesiones en puntos claves de la reforma a satisfacción de los partidos políticos que representan los intereses de las EPS. Esto es lo que se observa en las concesiones hechas a la bancada liberal y a los fondos privados para evitar el hundimiento de su reforma pensional.

 

La Academia Nacional de Medicina ha propuesto que la reforma a la salud se materialice mediante la reglamentación de la Ley Estatutaria de Salud de 2015. Esta propuesta enfrenta el reto de la dualidad contenida en dicha ley, la cual define el derecho fundamental a la salud al tiempo que lo hace compatible con el aseguramiento en salud y con el rol intermediario de las EPS.

 

Los proyectos de ley estatutaria de la salud, presentados por los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, así como el proyecto conocido del Partido Liberal, son esencialmente iguales y van en la vía de consolidar y profundizar aún más el predominio de las EPS en el sistema de salud.

 

Un proyecto similar, presentado en el gobierno de Duque, se hundió a la par con la reforma tributaria del entonces ministro Carrasquilla, ante la protesta popular.

 

Es evidente el fracaso y la esterilidad de la polarización entre un gobierno que planteó una reforma a la salud para un país socialista o un país capitalista económicamente avanzado en épocas del Estado de Bienestar, por un lado, y las fuerzas políticas y económicas radicales que representan a las EPS y en el fondo se resisten a reformar el sistema actual que tantas inequidades, barreras de acceso y sufrimiento ha generado, por el otro.

 

En este punto, se abre un espacio para propuestas independientes que hagan realidad acuerdos políticos de unidad nacional y permitan a expertos y técnicos en sistemas de salud diseñar una reforma que integre la salud pública, la participación del sector privado y la sostenibilidad financiera del sistema de aseguramiento social vigente con la prevención y atención de la salud de los colombianos. En primer lugar, con quienes se encuentran en condiciones de pobreza.

 

Este tipo de alternativas de solución a la crisis de la salud están contenidas, entre otros documentos, en el pronunciamiento público del pasado 10 de abril, del grupo del Seminario Permanente “¿Hacia dónde puede ir la reforma a la salud? Este está conformado por reconocidos expertos en el campo de la salud, profesores de las principales universidades públicas y privadas del país: Nacional, de Antioquia, Andes y Javeriana.

 

También están contenidas en los llamamientos recientes del grupo de los “Acuerdos Fundamentales” para una reforma a la salud y sus 14 propuestas elaboradas por la Academia Nacional de Medicina y diversas asociaciones académicas y gremiales del sector salud.

 

El destino de la reforma del sistema de salud depende de que el gobierno y los partidos de la oposición desliguen su implementación apresurada o su trámite en el Congreso de un posicionamiento de fuerzas políticas para las elecciones del 2026.

 

Sería conveniente que se dedicaran estos meses previos al inicio de la próxima legislatura, el 20 de julio, a lograr consensos en lo que esencialmente urge solucionar.

 

Hay temas claves imprescindibles de abordar en la búsqueda de acuerdos entre todos los agentes del sistema

• Conservar EPS públicas y EPS privadas con o sin ánimo de lucro que afilien población de los distintos estratos socioeconómicos.
• Definir territorios y reorganizar las redes de hospitales y demás prestadores de servicios para hacer prevención y prestar atención de manera eficiente.
• Reestructurar el modelo de financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema, bajo el entendido de que ningún presupuesto será suficiente si no se desarrolla la economía nacional.
• Salvaguardar la autonomía médica.
• Eliminar la intermediación en la contratación de médicos y personal de salud.
• Establecer un sistema de Atención Primaria en Salud que tenga como base el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y admita centros de atención de primer nivel tanto públicos como privados.
• Fortalecer la red pública de hospitales y garantizar el pago oportuno a hospitales y clínicas.
• Eliminar la integración vertical a partir del segundo nivel de atención.
• Controlar precios de medicamentos de alto costo y regular la gestión de los proveedores farmacéuticos.