El 8 de febrero de 1994 quedó marcado como un hito en la historia de la educación con la promulgación de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).

 

Este evento estableció un marco normativo fundamental para el ejercicio del derecho humano a la educación.

 

Esta ley garantizó la libertad de cátedra y la autonomía escolar, dos pilares fundamentales de la democracia dentro del sistema educativo de un país. Además, estableció que es responsabilidad del Estado proporcionar el financiamiento adecuado para la educación.

 

Sin embargo, en los últimos años, se ha observado una inversión en esta fórmula. Se ha pasado a imponer los contenidos educativos desde el Estado central a través de pruebas estandarizadas, limitando la autonomía de las instituciones educativas y de los profesores. A su vez, se ha reducido el financiamiento destinado a la educación.

 

Según el Ph.D. Ilich León Ortiz, del Grupo de Investigación Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID), los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 han resultado en recortes de aproximadamente $172,5 billones de pesos en el presupuesto destinado a la educación entre 2002 y 2018.

 

Proyecta que para el año 2023, esta cifra ascendería a alrededor de los 200 billones de pesos en recortes presupuestales.

 

¿Por qué es tan importante la autonomía escolar para la democracia?

 

La autonomía escolar es uno de los logros más significativos alcanzados por el magisterio colombiano en su larga lucha por una educación más democrática y participativa.

 

La autonomía escolar le otorga un carácter avanzado al sistema educativo, pues le quita al Estado y a la Iglesia el control sobre la enseñanza y los contenidos pasan a ser definidos por la institución educativa o por instituciones afines en conjunto con las comunidades locales. Pero ¿cómo ocurría antes?

 

Durante la Colonia, la Iglesia definía el contenido educativo. Posteriormente, en la República del siglo XIX, el Estado luchó contra el dominio eclesiástico. Sin embargo, en 1886, Rafael Núñez restableció el control de la Iglesia sobre la educación, influenciado por políticas extranjeras respaldadas por el Ministerio de Educación.

 

Desde enfoques democráticos hasta confesionales, pasando por una marcada influencia neocolonial, lo cierto es que el Estado tuvo un control absoluto sobre el diseño de los planes de estudio en Colombia hasta la década de 1990.

 

Hasta 1994, con la mencionada Ley General de Educación, el Estado moldeó de una forma directa el pensamiento de la población según los intereses predominantes de cada época.

 

¿Cómo opera la libertad de cátedra?

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra disposiciones que garantizan la protección de la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra y la democracia en todas las instituciones educativas del país, desde el nivel básico hasta el superior.

 

Estos principios son esenciales para el desarrollo de un sistema educativo inclusivo y democrático en Colombia.

 

Sin embargo, y a pesar de que la Ley 115 de 1994 incluye expresamente la libertad de enseñanza, la libertad del profesor no es absoluta, ya que debe operar en un marco definido por la autonomía de la institución.

 

Esto significa que, si bien los profesores tienen libertad para definir la orientación metodológica de sus clases, esta libertad está condicionada por los lineamientos establecidos por la institución en su programa curricular.

 

Así, surge una dialéctica entre la autonomía institucional y la libertad de cátedra del profesor. La institución define el marco general del programa educativo, mientras que los profesores tienen la responsabilidad de implementarlo de manera creativa y adaptada a las necesidades y características de sus estudiantes.

 

El currículo

 

Esta autonomía no solo democratiza el proceso educativo al permitir una mayor diversidad de enfoques y contenidos, sino que también fomenta el debate y la participación activa de la comunidad educativa en la construcción del conocimiento.

 

Es importante destacar que, en esta dinámica, el contenido curricular adquiere una relevancia primordial sobre el método de enseñanza. Esto se debe a que el objetivo principal de la educación es garantizar que los estudiantes adquieran conocimientos sólidos y significativos que les permitan enfrentar los desafíos de la vida.

 

La contrarreforma

 

No obstante, este logro del magisterio no ha estado exento de retos y retrocesos. En un contexto marcado por la globalización y el auge del neoliberalismo, los gobiernos posteriores han buscado limitar la autonomía escolar y alinear el sistema educativo con intereses económicos y políticos.

 

Con la irrupción del neoliberalismo, se ha intensificado una disputa ideológica en torno a la educación, dando lugar a políticas que amenazan la autonomía de las instituciones escolares, la libertad de enseñanza y la calidad de la educación pública.

 

El neoliberalismo ha promovido un enfoque en la estandarización de la educación, buscando homogeneizar los contenidos y los métodos de enseñanza, y orientar los contenidos desde instancias gubernamentales y entidades internacionales.

 

Lo anterior puede restringir la diversidad de enfoques pedagógicos y limitar la capacidad de los docentes para adaptar sus enseñanzas a las necesidades específicas de sus estudiantes.

 

La financiación de la educación

 

A la par con los esfuerzos por limitar la autonomía, se han recortado los recursos destinados a la educación pública, lo que ha minado la capacidad de las instituciones para ofrecer una educación de calidad.

 

El golpe más contundente contra la autonomía escolar llegó con la reforma al Sistema General de Participaciones, materializada en el acto legislativo 01 de 2001 y en la Ley 715 de 2003 y, posteriormente, con el recorte a las transferencias de 2007.

 

Estas medidas no solo recortaron el presupuesto educativo, sino que también redefinieron el papel del Estado en la provisión de la educación. Con esto, redujeron las posibilidades de ofrecer una educación de calidad, abrieron la puerta a la privatización del sistema educativo y debilitaron el carácter público y democrático de la educación en Colombia.

 

Por su parte, los decretos 3020 y 1850 de 2002 llevaron al hacinamiento en las aulas y a una reducción significativa de la planta de personal docente, afectando tanto las condiciones educativas de los estudiantes como la salud física y mental de los maestros debido a la sobrecarga laboral.

 

De la Ley General de Educación a la Ley Estatutaria: Consolidando la educación como derecho fundamental

 

Una de las principales apuestas de la Ley Estatutaria que está en trámite es la declaración de la educación como un derecho fundamental. En este contexto, es fundamental mantener los derechos consagrados en la Ley General de Educación, especialmente la autonomía escolar, la libertad de cátedra y la diversidad de enfoques pedagógicos.

 

El acceso a la educación en Colombia presenta desafíos debido a grandes disparidades entre la población en edad escolar y los que realmente están en el sistema educativo.

 

Aunque la Constitución establece un ciclo básico obligatorio y la Ley General de Educación impulsa la expansión del preescolar de tres grados y la universalización de la educación media, aún hay aproximadamente 2 millones de niños que no asisten al sistema educativo formal, según el último Censo Nacional de Población.

 

En última instancia, la ciencia y el conocimiento deben ser herramientas para el desarrollo humano y el progreso social, y la educación es el vehículo principal para alcanzar este objetivo. Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP)

 

En este contexto, es fundamental que el magisterio colombiano continúe trabajando por la defensa y el fortalecimiento de la autonomía escolar.

 

Esto implica exigir al gobierno que cumpla con su responsabilidad de financiar plenamente la educación como un derecho fundamental y que promueva políticas educativas que garanticen la participación activa de la comunidad educativa en la toma de decisiones. En definitiva, la autonomía escolar no es solo un logro del magisterio, sino también un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, democrática y equitativa en Colombia. Su defensa y promoción deben ser una prioridad en la agenda educativa del país.

 

Una de las principales demandas del magisterio es una reforma al Sistema General de Participaciones que garantice un aumento real y progresivo de los recursos destinados a sectores clave como la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico.

 

Esto implicaría que el Estado asuma la responsabilidad principal de asignar recursos específicos para financiar cada uno de estos sectores, aliviando así la carga sobre los entes territoriales que enfrentan limitaciones financieras.