En los dos años del “gobierno del cambio”, la preocupación por la mala administración, evidenciada en el caso del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, se ha vuelto una sombra que oscurece el futuro de miles de colombianos y colombianas que anhelan respuestas concretas ante las falencias estructurales de desigualdad y pobreza en el país.

El Ministerio de la Igualdad y la Equidad nació como una de las promesas estrella del actual gobierno, dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. Prometía ser la pieza fundamental de su plan de gobierno, contando con un presupuesto superior al de otros ministerios como el de Cultura, Deporte y Ciencias. Sin embargo, en lo corrido del trimestre, solo ha logrado ejecutar un insatisfactorio 0,24% de su partida dejando sin atención las necesidades urgentes de la población más vulnerable y perpetuando las brechas de desigualdad en el país.

MinIgualdad dispone de un presupuesto considerable de $1.8 billones para el año fiscal 2024. Sin embargo, hasta el momento, la ejecución de recursos ha sido notablemente limitada, concentrándose en el pago de salarios, con un total de $2.593 de los $4.216 movidos por la cartera. Resulta preocupante que, de los $400.000 millones asignados específicamente para fortalecer las acciones destinadas a garantizar el derecho a la igualdad, no se haya ejecutado ni un solo peso.

En el marco de una estrategia gubernamental que pregonaba austeridad en el gasto público, el MinIgualdad se ha convertido en la entidad pública con el mayor número de viceministerios en Colombia, con un total de cinco. A estos se suman 20 directores, cada uno con su respectivo equipo de asesores y funcionarios, lo que ha generado un total de 774 nuevos cargos para su puesta en marcha. Cabe destacar que esta expansión burocrática se ha realizado sin asignar recursos adicionales para infraestructura o gastos de funcionamiento, lo que plantea serios desafíos para su adecuado funcionamiento a largo plazo.

El Ministerio se ha propuesto como objetivos primordiales alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, erradicar la violencia contra diversos grupos poblacionales, incluyendo mujeres, personas LGBTIQ+, la infancia, la juventud y los adultos mayores. Además, busca reconocer el trabajo doméstico como una opción válida para la pensión y generar ingresos para las madres solteras.Cabe recordar que las funciones que asume este ministerio no son nuevas, sino que algunos de estos asuntos estaban integrados en las funciones que tenían otras carteras.

La pobreza y la desigualdad en Colombia: el pan de cada día para miles
La falta de oportunidades para las poblaciones más marginadas de las dinámicas sociales y económicas las atrapa en un círculo vicioso de desigualdad y pobreza persistente. El DANE revela que, en 2022, el 13,8% de la población colombiana, equivalente a aproximadamente 6.904.501 personas, se encuentra sumergida en niveles extremos de pobreza monetaria, sin ingresos superiores a los $7.000 diarios.

Además de la marcada desigualdad económica. En 2020, el índice de Gini fue de 0.55 a nivel nacional, con 0.54 en zonas urbanas y 0.46 en rurales. El 10% más rico concentra el 35% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo el 1.7% de acuerdo con la CEPAL. Esta brecha persistente ha exacerbado la desigualdad y polarización de los ingresos durante décadas.

Para asegurar la provisión de bienes públicos, así como la implementación de transferencias monetarias y subsidios para la renta ciudadana, se necesitan recursos considerables adicionales. De lo contrario, la única opción sería redirigir los limitados recursos estatales, que ya resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades del país. Este déficit presupuestario se ha puesto de manifiesto en el escaso financiamiento asignado al Ministerio de Ciencia en el presupuesto de 2024, así como en el previsto recorte del 36% para el próximo año, el cual se sitúa muy por debajo, en términos proporcionales a la población, de lo que destinan los países desarrollados.

La asignación de recursos es un juego de suma cero; si se aumenta la inversión en un sector, inevitablemente se reduce en otro, como es el caso del MinIgualdad. Sin un desarrollo productivo sostenido, será difícil erradicar la pobreza, y cualquier avance hacia la igualdad sería meramente una igualdad en la carencia.

La constante improvisación del Ministerio de la Igualdad

Aunque en sus inicios el Ministerio de la Igualdad se centraba principalmente en las mujeres, con el tiempo su enfoque se ha ampliado para incluir a 14 grupos poblacionales diversos. Sin embargo, en medio de las recientes renuncias y los nuevos nombramientos, persisten preocupaciones sobre los elevados costos de arrendamiento de las instalaciones de esta institución, así como la falta de implementación de acciones concretas para atender las necesidades específicas de estos grupos, en particular las necesidades de las mujeres, que representan la mitad de la población.

A pesar de los esfuerzos como el lanzamiento del Sistema Nacional de Cuidado, el recorrido por diferentes regiones de Colombia, la organización de varios conversatorios y la participación en eventos regionales de mujeres, jóvenes y campesinos, así como la realización de numerosas mesas de trabajo para impulsar sus causas, aún no se han tomado medidas concretas para abordar las persistentes brechas de desigualdad y pobreza que afectan a las mujeres.

La creación de esta institución, lejos de ser una genialidad del actual gobierno en nombre del progresismo, obedece a directrices emanadas de organismos multilaterales como la OCDE. Estos lineamientos, enmarcados en el modelo económico neoliberal, establecen una política asistencialista enfocada en las poblaciones más empobrecidas, carentes de empleo formal, marginadas a una estratificación social inferior y percibidos como dependientes en lugar de ciudadanos plenos. Para que realmente tenga el impacto esperado, no solo se enfrenta a la presión del tiempo para ejecutar e implementar, si bien el presupuesto sensible al género es un paso importante, es esencial que estos fondos asignados se traduzcan en acciones y programas concretos.