Varias universidades están protagonizando importantes debates sobre su administración y la participación de sus comunidades en la toma de decisiones. Tanto instituciones públicas como privadas pasan por momentos de estrés institucional, reflejando el descontento de estudiantes, docentes, egresados y egresadas, y trabajadores y trabajadoras.

La Universidad Nacional cumple casi tres semanas en paro producto de la ilegítima e ilegal elección del rector. Decisión en la que el Consejo Superior Universitario -CSU- desconoció la voluntad de la comunidad académica para que el profesor Leopoldo Múnera fuese el encargado de dirigir la universidad. Vale la pena resaltar que la consulta universitaria que aclamó a Múnera registra la más alta participación histórica de docentes, estudiantes y egresados.

La decisión del CSU tiene como agravantes que, por una parte, no hay justificación pública de ese órgano colegiado para desconocer el sentir de la comunidad y, por otra, se utilizaron mecanismos de votación que no se encuentran permitidos en las normas de la universidad para elegir al rector. El inconformismo de la comunidad universitaria es justo.

La Universidad del Rosario también pasa por un momento complicado. El jueves se conoció la decisión de la Consiliatura, máximo órgano de dirección de esa universidad, de despedir al rector Alejandro Cheyne.

Esta afortunada decisión es el desenlace de múltiples y bien fundados cuestionamientos de la comunidad universitaria sobre la estabilidad financiera de la Universidad; las críticas a la expansión inmobiliaria por sobre otros proyectos de mayor relevancia académica; la política de recortes de garantías laborales y del cuerpo docente y administrativo. Igualmente, se cuestionaba la falta de transparencia y de diálogo en la forma de dirigir y resolver los cuestionamientos de la comunidad.

En la Universidad Libre también se viven protestas y la sede de Pereira se encuentra en paro. El inconformismo de estudiantes y docentes sindicalizados en Asproul guarda relación con los anuncios de incremento del valor de las matrículas, la falta de actualización tecnológica, recortes laborales y cierres de programas y sedes.

Lo más escandaloso es que en el marco de los recortes se ha conocido que los directivos de la Universidad pagan semestralmente 220 millones de pesos por la membresía al Club el Nogal. Membresía ajena a las necesidades misionales de la institución que, lógicamente, es de uso exclusivo de los directivos.

Las tres universidades, cada una con sus particularidades, tienen en común el reclamo o necesidad de ampliar la democracia universitaria.

En la Universidad Nacional el fortalecimiento de la democracia pasa por la consolidación de un proceso constituyente universitario, que no se enmarca ni surge por la propuesta constituyente de Petro. Mientras tanto, en el Rosario los y las docentes invitan a que se defina un nuevo modelo de elección de rector que incluya la participación de representantes estudiantiles, profesorales y de egresados. En la Libre también se piden mayores espacios de representación estudiantil en los principales órganos de dirección.

La idea de fortalecer la democracia universitaria no es ajena al derecho constitucional de la autonomía universitaria, por el contrario, es la piedra angular de la misma. Para que las instituciones puedan autodeterminarse sin intromisión de poderes externos deben ser las comunidades quienes deliberen y definan sus propios derroteros académicos, financieros y administrativos. Y por comunidades entiéndase docentes, estudiantes, egresados, trabajadores y no exclusivamente un selecto grupo administrativo.

Tanto en universidades públicas como privadas la promoción de la democracia pisa callos. Esta bandera es contraria al oscurantismo académico y administrativo, se contrapone al manejo a puerta cerrada del derecho fundamental a la educación. También se pisan los callos de más de un negocio que se financia con recursos públicos o con aquellos captados de las esforzadas familias colombianas que hacen milagros para darle un mejor futuro a sus hijas e hijos.

Es urgente que se pisen los callos. En un Estado que se precia de ser social y de derecho, las universidades deben ser catalizadoras de procesos de participación y formación en democracia.

Por lo mismo, la mayor ironía es que en los campus en los que se forman las futuras generaciones de profesionales se promueva la cultura que niega la contraposición de ideas o que brote el autoritarismo de pequeños grupos desconectados de su comunidad o de la sociedad en general. Si no se forma en democracia en las universidades, ¿entonces dónde?