La deuda con los derechos de las mujeres Los municipios de Colombia están discutiendo y aprobando sus planes de desarrollo durante este primer semestre de 2024. En Bogotá, el Concejo está en su momento de trabajo más intenso, discutiendo sobre cuáles deben ser las prioridades de inversión de recursos públicos para los siguientes cuatro años.

 

El movimiento social de mujeres ha intentado incidir en los programas de gobierno, planes y políticas de todas las administraciones. Gracias a esa labor permanente la ciudad tiene, entre otras, la primera política de equidad de género del país y el primer Sistema de Cuidados de América Latina. La administración distrital le propuso al Concejo un Plan Distrital de Desarrollo llamado “Bogotá Camina Segura” que contempla inversiones de 142 billones de pesos distribuidos en 39 programas y 401 metas de producto. Una pregunta fundamental es si en la propuesta del alcalde Galán la ciudad será más o menos garante de derechos para las mujeres y las personas más necesitadas.

 

Históricamente, el movimiento social de mujeres ha intentado incidir en los programas de gobierno, planes y políticas de todas las administraciones. Gracias a esa labor permanente la ciudad tiene, entre otras, la primera política de equidad de género del país y el primer Sistema de Cuidados de América Latina.

 

En esta ocasión, más de 35 organizaciones ciudadanas y representantes del Consejo Consultivo de Mujeres han emitido una serie de alertas relacionadas con la falta de avances en apuestas que promuevan y garanticen los derechos de las mujeres. También hubo llamados de algunas mujeres a título individual para denunciar esta carencia en el Plan Distrital.

 

Las inconformidades tienen que ver con la falta de transversalización del enfoque de género en las metas de los 15 sectores de la administración, es decir, que las inversiones no tienen en cuenta la realidad específica de las mujeres de la ciudad en todas nuestras diversidades. En ese sentido, no contribuirían a cerrar las profundas brechas que existen en materia de acceso a derechos fundamentales como la vida, educación, salud, vivienda o ambiente sano.

 

El movimiento feminista y de mujeres reconoce en un comunicado público que “se identificó un incremento de metas con enfoque de género y la acogida de algunos de los comentarios y solicitudes realizadas por el movimiento de mujeres” respecto al primer borrador presentado al Consejo Territorial de Planeación Distrital. Sin embargo, el Concejo tiene que subsanar esa falencia transversal del Plan e incluir medidas afirmativas en asunto sensibles como disminución de la pobreza, prevención del feminicidio, acceso a vivienda y adaptación a la crisis climática.

 

Hambre, desempleo y pobreza Según los resultados preliminares de la Encuesta de percepción a hogares sobre hambre oculta y seguridad alimentaria realizada por la Veeduría Distrital, el 34 % de los hogares apenas puede garantizar entre una y dos comidas al día, siendo Bosa, Suba, Kennedy, Engativá y Usaquén las localidades con mayores dificultades para acceder a alimentos nutritivos.

 

Las principales razones de este fenómeno son la falta de dinero (48 %), el aumento en los costos de los alimentos (29 %) y reducción de los ingresos (23 %), por lo que resulta imprescindible que el Distrito ejecute estrategias contundentes de seguridad alimentaria y aumento de ingresos para las familias de la ciudad.

 

Sobre esto, el Plan planteó aumentar de 115 a 140 los comedores comunitarios en la ciudad y reducir en 2 puntos porcentuales la incidencia en inseguridad alimentaria severa. Si bien estas metas representan una mejora frente a lo planteado en el borrador inicial, son todavía tímidas frente a la dimensión de la crisis de hambre que se presenta en Bogotá.

 

Conviene resaltar que la única mención a Corabastos en el Plan tiene que ver con un riesgo de concentración de la oferta y no con la necesidad de conectar a los productores que allí comercializan sus productos con quienes más lo necesitan sin intermediarios.

 

La Secretaría de Integración Social anunció su intención de rediseñar los esquemas de acceso a subsidios, dando una menor preponderancia a la política social y optando por estrechar los canales de acceso a apoyos monetarios o en especie. Pero no se entiende cómo este enfoque beneficiará a la ciudad si se tiene en cuenta que la pandemia mostró la necesidad de incluir nuevos criterios que resuelvan la situación de hogares que hoy permanecen invisibles a la política social.

 

Sobre el empleo y el apoyo al tejido empresarial, las dimensiones de las metas del Plan no hacen justicia al tamaño y necesidades del sector, pues de las 423 056 empresas reportadas como activas por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2023, el Plan pretende beneficiar a una pequeñísima porción.

 

El proyecto de Plan de Desarrollo plantea aumentar el nivel de productividad de 1053 empresas, lo que representa apenas el 0,2 % del total del tejido empresarial de la ciudad. Las empresas fortalecidas, 3500, representan el 0,8 % del total; las beneficiarias de mecanismos de financiación, 2000, serían el 0,5; y las 1200 empresas conectadas a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales representan el 0,3 % del total del ecosistema empresarial de Bogotá. Por otra parte, el Plan tiene la meta de lograr 125000 colocaciones en el mercado laboral.

 

No será posible disminuir la pobreza monetaria en los 3,3 puntos porcentuales que se propone la administración Galán ni combatir el hambre y el desempleo sin políticas decididas de impulso a sectores estratégicos intensivos de mano de obra y de valor agregado como la industria manufacturera local. Tampoco será posible reducir brechas sociales si las inversiones siguen ciegas al hecho de que las desigualdades están feminizadas.

 

Educación, salud y trabajo decente

 

La administración apuesta por programas como “Jóvenes a la E” que, si bien apuntan a aumentar la cobertura en educación superior, no resuelven de ninguna manera las apremiantes necesidades de la Universidad Distrital en materia de infraestructura física y académica. El movimiento universitario, los sindicatos del Distrito e incluso algunas representantes en el Congreso han insistido en la necesidad de mejorar la oferta pública como mecanismo de garantía universal a derechos fundamentales como la educación y la salud. Para ello, se debe aplicar una política de formalización laboral en el Distrito que contribuya a mejorar las condiciones de subsistencia de las decenas de miles de contratistas del Distrito, y también a blindar a la administración de los intereses clientelistas de los políticos de turno. Nada de esto está contemplado en el Plan.

 

La administración apuesta por programas como “Jóvenes a la E” que, apuntan a aumentar la cobertura en educación superior, pero no resuelven de ninguna manera las apremiantes necesidades de la Universidad Distrital en materia de infraestructura física y académica y prolongan la lógica de llevar dineros públicos a instituciones privada, mientras “la Distri” se sigue cayendo a pedazos.

 

En materia de salud, algunos sindicatos médicos de la ciudad le han pedido al Concejo abordar con el tiempo y la profundidad necesaria la discusión sobre la política territorial de salud del próximo cuatrienio y que esta no quede en firme únicamente con la aprobación de un artículo en el Plan de Desarrollo.

 

¿De dónde saldrán los recursos?

 

Las apuestas de la administración Galán en seguridad, movilidad e infraestructura son costosas y el margen fiscal es reducido en comparación con gobiernos anteriores. Sin embargo, el Plan de Desarrollo apunta a que el Concejo le apruebe un nuevo cupo de deuda por 8 billones de pesos adicionales, así como 3 nuevos impuestos para recaudar 1,5 billones.

 

Los ponentes del Plan de Desarrollo han manifestado mayoritariamente estar en contra de los cobros de sobretasa a parqueaderos, sobretasa bomberil e impuesto al alumbrado público. Las objeciones tienen sentido en la medida en que se aplicarían a una ciudad que no ha terminado de recuperarse de los estragos de la crisis económica y humanitaria agudizada con la pandemia.

 

La administración apuesta a recoger otros 2 billones con estrategias como el recaudo eficiente de cartera y la reducción de la evasión. También se propone que el gobierno nacional cumpla la promesa que hizo en su Plan Nacional de Desarrollo de lanzarle un salvavidas al SITP, cuyo Fondo de Estabilización tarifaria tiene un déficit superior a los 3 billones.

 

La ciudad de derechos queda en vilo Los Planes de Desarrollo son herramientas de inversión multidimensionales y analizarlo a la luz de un solo eje resulta difícil y en muchos casos irresponsable. Sin embargo, cada vez más sectores sociales se suman a las preocupaciones ya planteadas por el movimiento feminista y de mujeres, pues los avances necesarios para proteger los ecosistemas estratégicos y las medidas afirmativas diferenciales para poblaciones vulnerables no están debidamente incluidos en la propuesta de Plan Distrital de Desarrollo.

 

La promesa hecha a Bogotá de poder caminar segura no tiene que ver únicamente con los 2000 policías adicionales que propone el gobierno Galán, sino con llegar a consensos y garantizar a los casi ocho millones de personas que habitamos la ciudad el derecho a participar, incidir y hacer nuestro proyecto de vida en la capital. Corresponde al Concejo ajustar los articulados y las metas del Plan en lo que queda del mes de mayo, porque por ahora las inversiones propuestas no apuntan claramente al avance en garantía de derechos para quienes más lo necesitan.