Desde 2005, antes y después de Electricaribe, los gobiernos nacionales gastaron 13 billones de pesos en subsidios sociales, inversiones, asunción del pasivo pensional y otros. Se subvencionó la operación y se abonó el terreno para Afinia y Air-e, que ganaron, en marzo de 2020, la subasta para el comercio y distribución de energía en la costa caribe.

En el caso de Air-e, la “adquisición de los activos” para operar en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, avaluados en 2,44 billones de pesos, le fueron entregados por 285.000 millones, el 11 por ciento del valor. Resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) y decretos de MinMinas concretaron el artículo 318 del Plan de Desarrollo del Gobierno Duque –que llena los bolsillos “inversionistas”– y formaron un atractivo negocio en detrimento del servicio público.

A partir de “un régimen especial tarifario” para la costa caribe, las resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021 de la Creg colgaron sobrecargos y rubros adicionales, tanto que, de octubre de 2020, cuando se inició la operación, hasta mayo de 2022, la tarifa plena pasó de 487 pesos a 920, un exorbitante 88 por ciento que la Creg aprobó diferir por años y que ahora va en 713, el 46 por ciento, tras una tasa de retorno del 11,36 por ciento (Creg, Res. 007 de 2020). El viacrucis va en la mitad.

¿Cuáles las arandelas colgadas a la gravosa tarifa? Un kilovatio base más caro; las pérdidas eléctricas reconocidas del sistema, factor que en 2020 era de 41 pesos por kilovatio, se trepó a 280 en junio de 2022; el traslado del impuesto de renta al consumidor a tasa del 35 por ciento, cuando la efectiva es 17,6 (Villabona, UN); la financiación de las inversiones futuras imputada a la factura, aunque la ejecución del plan en 2021 para corregir pérdidas eléctricas, con corte al tercer trimestre, iba en 53 por ciento de la programada, y para la calidad de potencia apenas en 43 por ciento (Superservicios, abril/2022), y además la instauración de la leonina modalidad prepago. El Decreto 1231 de 2020 de MinMinas reforzó la facultad de hacer y deshacer.

Air-e, con la confabulación institucional, empuja la implantación de los contadores tipo AMI, que miden el consumo, el voltaje, la corriente y más datos, para hacer lecturas “inteligentes” a fin de garantizar plena recuperación de costos. Hay un plan piloto de 10.000 instalados en una zona de Barranquilla y es un pulso pendiente con la ciudadanía.

¿Qué tal la suerte de Air-e con tan generosa regulación? Los estados financieros depositados en la Cámara de Comercio de Barranquilla, fuera de registrar cartera por 426.000 millones de pesos, alguna heredada, arrojan pérdida neta en 2020 por 153.164 millones y para 2021 por 373.165. Esas cifras están afectadas por el rubro contable “deterioro de valor de activos” por 123.953 y 493.830 millones en 2020 y 2021.

Si a los números rojos de este último año 2021 se les quitara ese “deterioro”, una estimación contable proyectada por una consultora, afloran ganancias en pesos corrientes de 120.665 millones. Sin la artificiosa depreciación de activos, que también reduce el pago del impuesto de renta, de la contabilidad para 2021 resulta una rentabilidad sobre ingresos de 3,8 por ciento y 3,1 sobre activos (ver estados financieros Air-e).

Nada extraño, solo que 99,5 por ciento de Utilities Inc. nació como propiedad de firmas domiciliadas en Panamá, tuteladas por el bufete Obaldía y García de Paredes, con un carrusel de funcionarios comunes. A las originales Globus Capital Corp., Tiznow Finance, Barnes Finance y Ramber Latinoamericana, se añaden otras –locales y panameñas– en una intrincada telaraña. Por ejemplo, la asamblea de Utilities Inc. de agosto 13 de 2020 en Bogotá, en la carrera 8a. n.° 69-67, decidió que 99 por ciento de las utilidades del conglomerado se girarían a Globus Capital Corp. (ver acta art. n.° 6). Típico Panamá Papers.

¿El descomunal costo fiscal y los esforzados sacrificios de millones de costeños corren, revueltos con réditos de las subsidiarias de Utilities, a un agujero negro al exterior? Ojalá veedores sociales o la Liga de Usuarios del Atlántico o frentes amplios ciudadanos, como el de Riohacha, destapen a quienes declaran quebrantos contables en Colombia, pero giran jugosos dividendos a Panamá o quizás a otros destinos.