Por Diego Cortés
23 de mayo de 2024
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El sistema actual
En las últimas semanas se ha discutido sobre la aprobación de la reforma pensional en el Senado, sobre las posibles modificaciones que anunció Petro y sobre los varios argumentos fatalistas, sensacionalistas que promueven mentiras para atacar o defender la reforma en medios y redes sociales.
En primer lugar, es importante exponer algunas características del sistema actual; el sistema ya funciona con un esquema de pilares en la práctica.
—Un pilar cero, llamado Colombia Mayor que da subsidios mensuales de 80 mil pesos para más de 1,6 millones de adultos mayores en 2023.
—Un pilar que no da pensiones, pero permite ahorrar a personas con ingresos inferiores a un salario mínimo, llamado Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).
—Finalmente, un pilar contributivo, donde compiten dos regímenes totalmente distintos:
El Régimen de Prima Media (RPM) es el público y lo administra Colpensiones. Acá se cotizan 1300 semanas y la pensión puede ir entre el 65 % y el 85 % del salario promedio en los últimos 10 años —este porcentaje de pensión se conoce como tasa de reemplazo—.
El Régimen de Ahorro Individual (RAIS) lo manejan las administradoras de fondos pensionales (AFP), que son empresas privadas. La gente debe cotizar al menos 1150 semanas y la tasa de reemplazo dependen de la cantidad de ahorro y el rendimiento de estos, pero podrían ser del 28 % al 44 % con una cotización de 25 años de trabajo.
Los problemas del sistema
Con estas características, es mejor pensionarse en Colpensiones que en el régimen de los fondos privados. Por esta razón muchas personas se han pasado al régimen público en los últimos años. Esta migración fue alimentada por las falsas promesas que hicieron al principio las AFP para quedarse con la mayor parte de los trabajadores cotizantes.
El 44% de las personas pensionadas pertenecen al 10% más rico de la población. Esto se debe a que los trabajadores del sector formal con empleos más estables y con más altos ingresos tuvieron la oportunidad de cotizar permanentemente y con salarios más altos
En todo caso, esa migración del régimen privado al público podría llevar a la quiebra a los fondos privados. Por eso ahora quieren frenar la migración o el traslado desde Colpensiones, y por eso la Corte Constitucional en un fallo absurdo les concedió el favor que le pedían.
Además del problema anterior, el sistema pensiona apenas al 22 % de los adultos mayores; sumando a los subsidiados, la cobertura llega al 50 % de esta población.
Más aún: el 44% de las personas pensionadas pertenecen al 10% más rico de la población. Esto se debe a que los trabajadores del sector formal con empleos más estables y con más altos ingresos tuvieron la oportunidad de cotizar permanentemente y con salarios más altos.
Como llegamos al sistema de pilares
El sistema de seguridad social en Colombia fue diseñado en 1990, bajo la inspiración del Consenso de Washington, o del neoliberalismo, o las políticas de reorientación hacia el mercado. En este caso, se abrió un espacio a los actores privados (las AFP).
Por otra parte, se insistió en que el sistema de reparto es insostenible porque, dado el envejecimiento de la población, las cotizaciones cada vez alcanzan menos para pagar las pensiones. De aquí que el interés de la reforma no fue aumentar la cobertura o proteger a los menos pudientes, sino asegurar la sostenibilidad financiera y ajustar el sistema a los nuevos patrones de acumulación y dominación financiera, como dice Óscar Rodríguez.
De allí que en Colombia se hubiera consolidado un sistema pensional mixto, donde coexisten dos modelos opuestos. Como explica José Saade, los actores que han promovido el sistema privado plantean que esta es la gran falla y la tarea inconclusa del país en materia pensional.
Y aquí encaja la propuesta del sistema de pilares que originalmente formularon el Banco Mundial y Fedesarrollo. Su idea es reformar el sistema para que el régimen privado y el público dejen de competir.
El sistema público debe encargarse apenas de quienes necesitan subsidios, es decir del pilar solidario —similar al de Colombia Mayor— y el pilar semi contributivo —que hoy son los BEPS—. El sistema público se encargaría de esa población que gana hasta un salario mínimo.
El pilar contributivo sería administrado exclusivamente por las AFP. Esto permitiría eliminar los subsidios actuales del RPM a las pensiones altas —la diferencia entre lo cotizado y lo que garantiza la tasa de reemplazo—, y disminuiría la presión fiscal —los recursos que pone el Presupuesto General de la Nación para cubrir las pensiones—.
La reforma de Petro
La propuesta que ha pasado por dos debates en el Congreso es una versión modificada del sistema de pilares.
Aunque los sectores de izquierda (incluido el Partido Comunista donde milita la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez) habían promovido un sistema único de RPM, el sistema que propuso el gobierno es una reforma moderada para que pase por el Congreso.
El gobierno proponía tres salarios mínimos como límite inferior del pilar contributivo, pero ya en el debate en el Senado se redujo a 2,3 salarios mínimos; el lobby y el debate mediático se han concentrado en la pugna por administrar los recursos entre las AFP y Colpensiones.
El pilar solidario pasaría de un subsidio de 80 mil pesos mensuales, a 223 mil pesos. Este monto se fijó en función de la línea de pobreza extrema, y es menos de la mitad de lo que Petro prometió en campaña. En todo caso, el costo estimado de este pilar sería de 7 billones de pesos anuales.
Reforma fiscal, más que pensional
Más que una reforma pensional, el sistema de pilares es una reforma fiscal. La justificación del gobierno y los expertos se basa en el costo presupuestal de las pensiones, que en 2023 fue de 57 billones de pesos.
Esta reforma eliminaría los subsidios para pensiones por encima de 2,4 millones de pesos, lo cual es excelente en caso de altas pensiones, como las de 15, 20 y 25 salarios mínimos, pero injusto cuando mete en el mismo paquete a las pensiones de 3 o 4 millones mensuales.
Además de reducir el gasto público, la reforma añade un nuevo recaudo. Se aprobó en el segundo debate un impuesto para las pensiones por encima de 9 millones mensuales, o para personas con pensiones y otros ingresos, como arriendos de partes de las casas. Esto es un ingreso adicional para el gobierno, que podría justificarse, pero ni siquiera se ha defendido abiertamente; fue aprobado más como un mico, detrás de cámaras.
La reforma reduce el monto de la pensión a la que podrían aspirar jóvenes profesionales de ingresos medios —de pensiones mayores de 2,5 millones— que cotizan en Colpensiones, a cambio de otorgar unos subsidios adicionales para más adultos mayores. Este subsidio, sin embargo, se puede otorgar sin reforma, y es difícil poner el apellido de “vejez digna” a un subsidio que apenas está en el nivel de la pobreza monetaria extrema. El subsidio podría acercarse a la línea de pobreza monetaria (alrededor de 500 mil pesos mensuales), con fuentes públicas alternativas para financiarlo.
Esta reforma eliminaría los subsidios para pensiones por encima de 2,4 millones de pesos, lo cual es excelente en caso de altas pensiones, como las de 15, 20 y 25 salarios mínimos, pero injusto cuando mete en el mismo paquete a las pensiones de 3 o 4 millones mensuales.
Finalmente, los recursos en disputa entre Colpensiones y las AFP son atractivos para estos porque cobran una comisión del 1% por concepto de administración y porque en el último debate se aprobó una ganancia adicional de hasta 0,7 % del total de recursos administrados por los fondos privados, que podrían equivaler a cerca de 3 billones de pesos.
El balance
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