Por Bernardo Useche
22 de mayo de 2024
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El nuevo proyecto de ley de reforma a la salud anunciado por el presidente Petro está precedido de un acuerdo entre gobierno nacional y las EPS, el cual fue calificado como un triunfo para Petro por el editorial del 28 de abril de 2024 del diario El Espectador.
Sin embargo, los exministros y ex viceministros de salud que han implementado la Ley 100 durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque rechazaron lo pactado y no comparten la posición de las EPS de hacer la transición a gestoras.
En su comunicado del 25 de abril, plantean que el acuerdo del gobierno con las EPS tiene lugar en el marco de una nueva reforma de salud que contiene los mismos elementos de la reforma hundida en la Comisión Séptima del Senado y a la que siempre se han opuesto.
Precisando la contradicción con las EPS que acordaron con Petro, Alejandro Gaviria afirmó en X: “La reforma concertada entre el gobierno y las EPS a puerta cerrada no mejora la reforma negada por el Senado. Facilita, eso sí, que las EPS se transformen en gestoras (le da continuidad a un negocio)”.
Esto último es lo que permite explicar el conflicto entre el interés de los exministros y el de las EPS, empresas que terminaron por aceptar el llamado de Petro a negociar. En particular, accedieron a dejar de gestionar el riesgo financiero. Por tanto, la responsabilidad del manejo de los recursos y la sostenibilidad financiera del sistema quedaría ahora completamente en manos del gobierno.
En lo negociado con Petro, las EPS hacen tránsito de aseguradoras en salud a empresas administradoras, aunque conservan varias de sus funciones esenciales a través de la gestión del riesgo en salud (diferente del riesgo financiero).
Para ello, reciben un 5% y hasta un 8% de la UPC, es decir cuatro o cinco millones de millones de pesos anuales mal contados. Según un informe reciente de la Contraloría, las EPS gastan en administración alrededor del 3%.
Los exministros hacen énfasis en que el acuerdo y el nuevo proyecto de ley no garantizan “los recursos financieros suficientes”. Insisten en que se requiere “solucionar la desfinanciación estructural que enfrenta el sector”, asunto en el que hay consenso entre los diversos agentes o actores del sistema de salud.
También defienden a ultranza que las EPS, cualquiera sea su nuevo nombre, conserven la gestión del riesgo financiero y la función de compra, componentes esenciales del negocio asegurador.
El problema reside en que, de acuerdo con investigadores de universidades norteamericanas y del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la sostenibilidad financiera no es posible en sistemas de aseguramiento social como el colombiano.
La razón principal es el hecho de que, en estos países, los gastos en salud per cápita crecen en mayor proporción que los ingresos nacionales y que el Producto Interno Bruto (PIB) debido al enclenque desarrollo de la producción y la economía.
La sostenibilidad financiera del sistema de salud daría pasos en firme si se hiciera realidad que las EPS aceptaran convertirse en administradoras del sistema de salud.
Las EPS serían contratadas con una apropiada remuneración y se dejaría en manos de la ADRES tanto la función de tesorería implícita en el giro directo a los prestadores, como la función de pagador único que concentra, a su vez, la función de compra de servicios de salud. Pero que las gestoras se conviertan en simples administradoras parece poco probable.
En primer lugar, porque los exministros de salud y los partidos políticos a los que pertenecen (básicamente el partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático) se oponen totalmente.
Todos ellos representan la ortodoxia en la implementación de la estrategia global de expansión del aseguramiento privado en salud trazada por el Banco Mundial y el BID. Dicha política se centra precisamente en preservar la gestión del riesgo financiero y la función de compra en las aseguradoras de salud.
La reforma a la salud que tienen en mente los exministros se encuentra plasmada en los proyectos de leyes estatutarias de la salud radicados desde el 2023 en el Congreso por Cambio Radical y el Centro Democrático. El partido Liberal retiró su proyecto de ley, que coincide en los aspectos principales con los de los partidos ya mencionados.
En líneas generales, dicha reforma consiste en lo siguiente:
En segundo lugar, es poco probable que las gestoras se conviertan en simples administradoras porque no existen las condiciones de infraestructura técnica, recurso humano calificado ni experiencia administrativa para que el gobierno asuma la gestión del riesgo financiero y una función de contratación y compra de servicios que sea eficiente.
Así lo demuestra hasta ahora la puesta en marcha del nuevo modelo de salud que reemplazó el régimen exceptuado de la Ley 100 que tenía el magisterio.
Tampoco hay condiciones políticas para eliminar el aseguramiento (no han existido en los años recientes), pues el petrismo no es mayoría en el Congreso y los gremios económicos respaldan a los exministros de salud.
En tercer lugar, porque durante el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, Petro hizo sustanciales concesiones a las EPS. A pesar de la retórica en la plaza pública, queda poco del radicalismo inicial de Petro contra las EPS.
El texto del proyecto aprobado y celebrado jubilosamente por el petrismo en la Cámara dista mucho del radicado por la ministra, Carolina Corcho. Seguramente, los tres primeros artículos del proyecto de reforma que se aprobó en diciembre pasado también fueron celebrados lo mismo por los exministros que por las EPS.
Por si fuera poco, al igual que los exministros, Petro está comprometido con el Banco Mundial, el cual ha dicho que, aunque hay tensiones políticas en torno a la reforma, “el gobierno ha manifestado su intención de llegar a un consenso para su aprobación”.
Tremendo reto y responsabilidad del país político si se piensa en una reforma a la salud que corrija las barreras de acceso y las inequidades del sistema actual para que, en la vida real, usuarios y pacientes sean los beneficiados.
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