El fenómeno de renovación urbana propuesto para Bogotá no ofrece herramientas de inclusión y respeto por los derechos de los propietarios de viviendas y las empresas frente a los grandes desarrolladores inmobiliarios privados. La renovación planteada en el POT propone demoler el 40% de la ciudad lo que implicaría el desplazamiento y empobrecimiento de un gran porcentaje de estas familias y empresas. El POT permitiría echar abajo barrios consolidados que actualmente ofrecen condiciones de vida adecuadas en zonas céntricas, sin brindar la posibilidad a los actuales residentes de permanecer o migrar a sectores que ofrezcan las mismas o similares condiciones.
El POT (Decreto 555 de 2021) y el Decreto 563 de 2023 de “protección a moradores y actividades productivas” decretado por la Ex Alcaldesa Claudia López, no establecer condiciones que garanticen precios justos o permanencia para no desarraiguar familias y empresas de sus barrios tradicionales, que quedan en manos de los desarrolladores urbanos privados.
Hemos solicitado desde el mes de febrero que las voces de los moradores y empresarios sean escuchadas y sus reclamos atendidos mediante reformas concretas al Decreto. Sin embargo, las respuestas de las entidades competentes han sido evasivas. La Secretaría de Hábitat respondió en abril pasado que “está diseñando el canal más adecuado” para atender a la comunidad y que estudiaría la convocatoria a una Audiencia Pública sobre el tema. Tras un tiempo prudencial para que la administración Galán se apersone del fenómeno, desde Dignidad y Compromiso hemos vuelto a solicitar que se fije una fecha para la audiencia pública en junio de 2024.
Consideramos vital la participación de la Secretaría de Desarrollo en la audiencia pública, quien no puede seguir argumentando que carece de competencia para atender los reclamos de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes) preocupadas por las consecuencias financieras de la ruptura de los conglomerados comerciales y los altos costos del metro cuadrado que dificultan su reubicación.
La Representante a la Cámara Jennifer Pedraza convocó a las carteras de Hábitat y Desarrollo Económico, así como a la Empresa Metro de Bogotá, a una audiencia pública realizada el pasado 23 de mayo para que escucharan y atendieran la voz de diversas organizaciones ciudadanas de la Capital, y para abrir un escenario de interlocución del que deriven elementos para una modificación más garantista al Decreto en cuestión. Pero no se logró un compromiso concreto por parte de la administración distrital.
En las circunstancias actuales, no existe protección para los residentes tradicionales una vez que comience la renovación urbana. Por lo tanto, hacemos un llamado a la unidad y movilización ciudadana en defensa de quienes viven, trabajan, alquilan y dependen de inmuebles en riesgo de demolición. El desarrollo urbano de Bogotá debe llevarse a cabo respetando el patrimonio familiar y empresarial de la ciudad.
