1. Introducción: ¿es el Coronavirus tan “democrático” como se afirma?

Durante todo el tiempo que se han prolongado en el mundo la presencia y los efectos de la propagación del virus SARS-CoV-2, más conocido como Coronavirus, se ha repetido casi como un axioma que es un virus que no hace ningún tipo de distinción y que ataca por igual a todos los seres humanos que se encuentren en su camino, sin importar su clase o condición social, etnia, género o edad. Sin embargo, con el correr de los días la evolución del contagio y de sus efectos mortales ha venido desnudando la incidencia que sobre la velocidad de la propagación del virus y sobre el aumento de los fallecimientos por COVID 19, la enfermedad que éste produce, pueden tener las condiciones estructurales de desigualdad social que caracterizan a muchos países, evidenciadas en la existencia de millones de personas que carecen de vivienda, alimentación adecuada, agua potable, energía eléctrica, salud, educación. No es lo mismo afrontar los efectos del contagio de este virus en condiciones de adecuada nutrición y producción de defensas inmunológicas, de acceso al agua potable y demás servicios públicos básicos, de atención adecuada, oportuna y suficiente a los problemas de salud, de acceso al conocimiento y a la información en forma permanente, de ingresos suficientes para sobrevivir en forma digna en condiciones de aislamiento, que hacerlo sin cumplir ninguna de las condiciones anteriores.

El mapa de contagios, que se inició con mucha fuerza en Europa, trasladando luego su mayor incidencia a los Estados Unidos, terminó por anidar su mayor expansión, en términos porcentuales, en varios países de América Latina, De acuerdo con un estudio publicado por la CEPAL en enero de 2021 “varios países de América Latina se han convertido en el epicentro de la pandemia y encabezan las estadísticas mundiales de casos diarios —por encima de Europa y los Estados Unidos— y en muchos de ellos se registra un aumento acelerado de este indicador, que es clave en el avance de la epidemia. En muchos países de la América Latina y el Caribe se establecieron medidas de aislamiento físico para reducir el contagio y evitar el colapso de los sistemas de salud, pero los problemas estructurales de la región hacen que sea más complejo dar una respuesta inmediata a la crisis (CEPAL/OPS, 2020). En la actualidad, algunos países de América Latina, a saber, el Brasil, Colombia, el Perú, México, la Argentina y Chile, se encuentran entre las 20 naciones del mundo que tienen el mayor número de personas contagiadas de COVID-19. Además, el Brasil, México, el Perú, Colombia, la Argentina, Chile y el Ecuador se encuentran entre las 20 que tienen más personas fallecidas a causa de la enfermedad. Panamá, Chile, el Perú, el Brasil y Colombia también están incluidos en la lista de los 20 países con mayor número de casos confirmados por millón de habitantes, y el Perú, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, el Ecuador, México, Panamá y Colombia están entre los 20 que tienen más personas fallecidas por millón de habitantes (Worldometer, 2020)” 1. Y al examinar el corte estadístico del pasado 9 de julio se puede observar que el comportamiento del virus en Colombia nos coloca, al lado de Brasil, como los países latinoamericanos con mayor impacto en número total de contagios desde el inicio de la pandemia (Brasil 18’962.786, Colombia 4’450.086), como los que han tenido mayores porcentajes de fallecimientos con relación a la población total (Brasil 0,24%, Colombia 0,22%) y con relación al número total de contagiados (Brasil 2,8%, Colombia 2,5%).2

Estos rankings de los países con las mayores afectaciones por el Coronavirus y su enfermedad COVID 19 no han variado mucho en las últimas semanas, con lo cual se refuerza la tesis esbozada por la CEPAL en el informe mencionado en el sentido de que una pandemia como la actual y sus efectos implica mayores impactos y dificultades de diversa índole, además de las cifras de mortalidad, sobre las poblaciones en condiciones de pobreza, especialmente por las carencias alimenticias, de servicios básicos y de atención en salud, que los convierten en sectores muy vulnerables por el más alto riesgo de contraer enfermedades de todo tipo y mayores posibilidades de contagio del virus y sus complicaciones derivadas; a esto se agrega el hecho de que una buena porción de estas poblaciones carecen de empleo formal y tratan de resolver el problema de supervivencia con actividades que entran en la categoría de economía informal, como las ventas ambulantes, mensajería, mototaxismo, e incluso la mendicidad; tanto este tipo de ocupaciones y las que se desarrollan en los más bajos niveles de la atención en salud, como las de limpieza, almacenamiento, transporte, cuidado etc. exponen al riesgo de contagio más rápido porque quienes las ejecutan no pueden aislarse en épocas de cuarentena porque se quedan sin ingresos y no hay programas de renta básica, sino unos precarios programas de asistencia alimentaria muy esporádicos y de cobertura insuficiente.

La mayor afectación por el COVID 19 entre las poblaciones pobres es aún más grave entre las comunidades afrodescendientes

El informe de la CEPAL en el que nos hemos apoyado para la elaboración de este ensayo aporta cifras y elementos de análisis para demostrar su tesis de que las poblaciones afrodescendientes están más expuestas al contagio del Coronavirus y que, además, sufren en mayor medida los efectos mortales y las secuelas que deja la enfermedad COVID 19, lo mismo que las consecuencias de agudización de la pobreza y la desigualdad social en las múltiples variables de la actividad humana

Este es un asunto que se ha evidenciado en nuestro país a través de las cifras estadísticas, aun a pesar de las graves fallas que ha cometido el organismo oficial encargado de registrar periódicamente los cambios poblacionales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- que, para dar un ejemplo, en el Censo de 2018 estableció que en Colombia solo 2’982.224 personas se reconocen como afrodescendientes, lo que significa una reducción del 30 por ciento en comparación con los datos del censo del 2005, cuando 4’311.757 personas se auto-reconocieron como afros. Y a pesar de que la cifra definitiva establecida por el DANE es de 4’671.160 (revelada en debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara en noviembre de 2019), fijada luego de cruzar los resultados del Censo General de 2018 con la Encuesta de Calidad de Vida de ese mismo año, sigue existiendo un gran subregistro por cuanto las diversas organizaciones sociales y muchos medios académicos de investigación que se ocupan del análisis poblacional estimaban que la población afro estaría oscilando entre el 15 y el 20% de la población total y no en ese reducido 9,34% que el DANE reporta luego de los ajustes mencionados. Éste es un grave problema porque con estos resultados el gobierno está desconociendo la existencia de un número de afrodescendientes que puede estar entre 3 y 5 millones de personas, lo que distorsiona totalmente no sólo los cálculos estadísticos relacionado con la situación de pobreza, con factores como alimentación, salud, educación, vivienda, servicios básicos etc. sino que las políticas de desarrollo dirigidas a este sector poblacional específico habrán de resultar absolutamente insuficientes. Para justificar tan descomunal error propiciado por las cifras que difundió el DANE, varios funcionarios del organismo estadístico oficial han dicho que un buen número de afrodescendientes no hacen autorreconocimiento como integrantes de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, por razones de desconocimiento, por seguridad en zonas donde hay presencia de grupos armados irregulares, por negacionismo. Sin embargo, el propio director de esa institución, Juan Daniel Oviedo, reveló en noviembre de 2019 al hacer públicos los datos, que “Hay un problema con el autorreconocimiento, por ejemplo, en el Valle del Cauca, porque allí tuvo un problema de omisión censal importante, donde creemos que hay un mayor autorreconocimiento, y por eso cae en un 40,70%”4 y a renglón seguido, como si tratara de minimizar su confesión, Oviedo señaló que la reducción del número de la población afro caracterizada en el país también se debería a que en los “contextos urbanos las personas no quisieron ejercer su derecho de autorreconocimiento”5. Si se tienen en cuenta la confesión del propio director del DANE y los reparos hechos por diversas organizaciones representativas de la población afro a la forma en que se realizó el Censo de 2018, que denuncian la omisión hecha por muchos de los encuestadores que pasaron por alto la pregunta que definía el autorreconocimiento de los encuestados como integrantes de alguna etnia, el resultado es que el subregistro de la población afrodescendiente en las cifras oficiales es responsabilidad del DANE y no de los propios afrodescendientes como lo afirman algunos funcionarios que quieren descargar sus errores en los hombros de los perjudicados. Según la Confederación Nacional de Organizaciones Negras (CNOA) lo sucedido con el Censo del DANE de 2018 y sus resultados es de suma gravedad porque terminaron borrando de un plumazo varios millones de pobladores afrocolombianos, lo que se constituye en una especie de “genocidio estadístico” que no hace más que confirmar el racismo estructural que afecta a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. “Estas cifras no nos representan ni las aceptamos, y son resultado de una institucionalidad que hizo caso omiso a las constantes alertas realizadas por las organizaciones étnicas afrodescendientes e indígenas”, denunció la CNOA y alertó que las estadísticas ponen “en riesgo la vida y supervivencia de la población” afro debido a que imposibilitan la construcción de “propuestas de política pública y presupuestal que garanticen el desarrollo y la protección” de estas comunidades.”6

Todo lo anterior hace pensar que en forma deliberada el gobierno colombiano se empeña en crear y sustentar con falacias la idea de que la población afrocolombiana es sustancialmente más reducida de lo que en realidad es, precisamente cuando la CEPAL afirma que dentro de los grupos afectados por una situación estructural de pobreza la población afrodescendiente presenta peores indicadores de bienestar que los grupos de personas no afrodescendientes; este asunto se vuelve más complicado y tiene mayores repercusiones al constatar, como lo hace la CEPAL, que “Varios organismos e instituciones, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS, 2020), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2020), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2020), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020a) y la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas de Población Afrodescendiente (RIAFRO) (OEA, 2020b), entre otras, ya han señalado el hecho de que la población afrodescendiente es más vulnerable frente al COVID-19 debido a la desigualdad y la discriminación racial estructurales de las que es objeto”7

Tanto la decisión de desagregar los datos poblacionales para conocer el número de personas afrodescendientes y de otras etnias en cada país, tomada en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebró en Montevideo en 2013, como la de atender de manera específica las necesidades de la población afrodescendiente, definida en la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se celebró en Ciudad de México en 2019, fueron fruto del consenso de los miembros de la CEPAL y refuerzan la percepción de que los afrodescendientes sufren en mayor proporción los efectos de la desigualdad social estructural. En ambas oportunidades los delegados del gobierno colombiano votaron positivamente, pero en la práctica son decisiones que no se acatan por las autoridades, como sucedió con el Censo de Población de 2018 que dejó por fuera de las estadísticas oficiales a una cantidad superior a los tres millones de afrocolombianos, lo que trae como consecuencia inmediata, pero no única, que las políticas públicas dirigidas a atender las necesidades de este segmento poblacional resultan en gran medida insuficientes. Los colombianos entramos en el período de la pandemia de COVID 19 con una enorme deficiencia de políticas públicas insuficientes para los sectores más vulnerables, entre ellos la población afrocolombiana, y sufriendo los impactos mayores de la crisis socio-económica que se agudizaba en 2019, al punto de dar origen al Paro Nacional de noviembre 21 de ese año, que enarboló un Pliego de Peticiones con 104 puntos agrupados en trece capítulos que abarcaban todo el espectro de la situación económica, social, política y cultural de la sociedad colombiana. Esa difícil situación que ya vivíamos los colombianos se agudizó hasta llegar a límites insoportables con el duro período de parálisis económica que se inició con la declaratoria de emergencia sanitaria en marzo de 2020 y que aún no termina porque la pandemia continúa causando estragos en países como el nuestro en donde la vacunación ha sido un proceso muy lento, la meta de consecución de la tan ansiada inmunidad de rebaño se encuentra aún distante y las condiciones de desigualdad social estructural no sólo no han disminuido sino que se han profundizado aún más.

Son varios los indicadores utilizados por el mencionado estudio de la CEPAL para demostrar la mayor incidencia del contagio de Coronavirus en la población afrodescendiente que en el resto de la población. Empieza por señalar que en materia de distribución territorial la población afrodescendiente es predominantemente urbana, superando el 70% en la mayor parte de las naciones latinoamericanas; destaca que, aunque se encuentra distribuida por todo el territorio nacional, sus mayores índices de concentración están en los territorios históricamente vinculados al asentamiento poblacional del período colonial-esclavista; en Colombia, por ejemplo, de acuerdo con datos estadísticos incompletos, la población afrodescendiente se concentra principalmente en el Chocó, el Valle del Cauca, Antioquia y la Costa Atlántica, regiones en las que se asentaron los enclaves esclavistas desde sus inicios en la época colonial. En lo que respecta a los índices de pobreza, de acuerdo con cifras de 2018, Colombia era el país de América Latina que presentaba la mayor tasa de pobreza entre la población afrodescendiente, con el 40,3%, muy por encima del 27,8% que en nuestro país registraba la población no afrodescendiente en el mismo año8. El tema de la vivienda es uno de los más críticos en relación con las condiciones de vida, pues al carecer de ella grandes segmentos de la población viven en condiciones de hacinamiento, con acceso muy escaso o sin acceso al agua potable y al saneamiento básico; en el caso de Colombia, junto con Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua, presentaba los mayores niveles de hacinamiento, más del 25% de la población afrodescendiente urbana habitaba una vivienda hacinada, que se elevaba a más del 30% para los pobladores afrodescendientes del área rural.

Otro indicador de las condiciones de existencia de los diversos grupos poblacionales en donde se evidencia en forma notoria la profunda desigualdad social que caracteriza a Latinoamérica, es el acceso al agua potable. Según las cifras recogidas por la CEPAL “En Colombia, el porcentaje de personas afrodescendientes sin acceso al agua potable es tres veces superior al de las no afrodescendientes y, en México, alrededor de dos veces. Considerando la dimensión territorial, un 25% de las personas afrodescendientes de la zona urbana de Colombia no tienen acceso al agua potable, frente a un 5% en el caso de las no afrodescendientes; en la zona rural, estos porcentajes ascienden a un 49% y un 35%, respectivamente.”9. Otro factor, estrechamente relacionado con el anterior, es el de los sistemas de eliminación adecuada de los desechos, lo que comúnmente se conoce como saneamiento; en este punto, Colombia vuelve a ser uno de los países con los peores índices: “Los datos censales e intercensales más recientes muestran que Colombia es el país en que las brechas relacionadas con este indicador son más contundentes. En ese país, la proporción de afrodescendientes que no tienen acceso a este servicio triplica con creces la de los no afrodescendientes, lo que deja en evidencia las inmensas desventajas que sufre el primero de estos grupos”10

El acceso al servicio público de energía eléctrica es otro factor que incide altamente en las condiciones de vida de la población, y aunque en las áreas urbanas de Colombia y de buena parte de los países latinoamericanos este acceso es casi universal, no sucede lo mismo con las áreas rurales: “En el caso de Colombia, si se consideran la dimensión territorial y la racial de forma simultánea, la proporción de personas afrodescendientes que no tienen acceso a la electricidad duplica la de las no afrodescendientes en la zona rural (19% y 8%, respectivamente) y la triplica con creces en la zona urbana (7% y 2%, respectivamente).11 El asunto se complica por cuenta de la política energética del país, por la decisión tomada, desde los inicios del modelo neoliberal, de entregar las redes públicas de suministro de energía a operadores privados, lo cual, entre muchos otros efectos, originó el alza permanente de las tarifas de prestación del servicio y la ausencia del mismo en las zonas más deprimidas de las grandes ciudades y en los lugares más alejados de las zonas rurales, lo que explica un porcentaje tan alto de personas afrodescendientes que no tienen acceso a la electricidad.

El avance de las tecnologías en el mundo de la información y las comunicaciones va de la mano con el aumento de la cobertura del internet, que se convierte, entonces, en un indicador del desarrollo de los países. En América Latina esa cobertura se da en proporciones mucho mayores en el área urbana que en la rural, donde no se supera el 10% de conexión de internet en los hogares; en cuanto a conexión de hogares a internet en la zona urbana es en Colombia donde se alcanza la mayor cobertura, el 57% de la población no afrodescendiente, en contraste con un 37% de hogares conectados en la población afrodescendiente12, lo que indica un alto índice de aislamiento de estas comunidades en lo relativo a la información y las comunicaciones, un factor que aleja todavía más de las posibilidades de desarrollo y progreso a los afrodescendientes.

En el terreno educativo, tanto en Colombia como en el resto de América Latina se ha alcanzado prácticamente una cobertura total de la educación primaria, pero en los niveles de secundaria y media, aunque ha aumentado la cobertura, existe todavía una alta deserción de alumnos, que es mayor entre los jóvenes afrodescendientes, que deben abandonar sus estudios para buscar trabajo y contribuir al sostenimiento del hogar. Y si examinamos el tema del acceso a la educación superior el panorama sigue siendo de desigualdad, con un 14,3% de jóvenes afrodescendientes que han accedido a niveles de educación superior, frente a un total nacional de 18,8%, y a nivel de posgrado sólo llega un 1,8% de las personas afrodescendientes con niveles de pregrado, frente a un 2,8% del total personas con pregrado que acceden a programas de posgrado13. Y se pone al orden del día el tema de los jóvenes bachilleres que no estudian porque no tienen acceso a la educación superior, y tampoco trabajan porque no hay oportunidades de empleo en un país cuyo desarrollo económico y social está detenido por la imposición de una política que privilegia los intereses de los capitales extranjeros, las importaciones de alimentos y de toda clase de productos al tiempo que se arruina la producción nacional y aumenta cada día la tasa de desempleo. Estos jóvenes NI-NI, como se les conoce, fueron grandes protagonistas de las movilizaciones de dos meses de Paro Nacional, y pusieron también las más altas cuotas de víctimas de la política de represión policial con la que respondió el gobierno nacional ante los reclamos de la población colombiana agobiada por el enorme peso de la crisis que se vive en todos los órdenes de la vida nacional. Y aquí también, por supuesto, los jóvenes afrocolombianos, ubicados en los barrios y zonas de mayor confrontación de la policía con la población, en ciudades como Cali, donde hubo mayor número de víctimas, y Bogotá, estuvieron entre los protagonistas y engrosaron las cifras de personas muertas, detenidas y desaparecidas por el accionar de las fuerzas de seguridad que contaron con el apoyo de grupos de civiles armados.

Otro tema que contribuye a definir y encontrar los grandes niveles de desigualdad es del empleo. De hecho, el empleo está estrechamente ligado con la estratificación social, junto con el tema de la propiedad. Dependiendo de la posesión de bienes materiales, pero también del nivel de empleo y remuneración, al igual que la carencia de una y/o del otro, se ubican las personas y las familias en los niveles de la pirámide social. Pues bien, en la Colombia de hoy, en virtud de las cifras de desempleo cada vez más crecientes, el nivel más bajo de esa pirámide está abarrotado con las personas sin empleo que son, en consecuencia, las de poco o ningún ingreso, las que engrosan las tasas de pobreza tan altas que afronta nuestro país. “El trabajo no solo es un factor determinante para la superación de la pobreza, la integración social y económica, la igualdad y el acceso a la protección social, sino también un mecanismo clave para construir la autonomía personal, la identidad y la dignidad, y para ampliar la ciudadanía. Sin embargo, también es un ámbito en que hay mucha discriminación, no solo por cuestiones de raza, sino también de género, edad, discapacidad, estatus migratorio, orientación sexual e identidad de género (CEPAL, 2010a, 2012a, 2012b, 2012c, 2016a, 2016b y 2016c) (…) En América Latina, el desempleo afecta en mayor medida a las personas indígenas y afrodescendientes, aún más al segmento juvenil y a las mujeres pertenecientes a estos grupos (Guimarães, 1999; Del Popolo y Rangel, 2011; CEPAL, 2013a, 2016a y 2016d). Asimismo, el mayor nivel de escolaridad no se refleja necesariamente en un mayor nivel de ocupación o en menos desigualdad racial, de género o de edad en el mercado laboral (CEPAL, 2016a, 2017a, 2017b, 2018a y 2018b)”14 Con estos indicadores y conclusiones a las que llega la CEPAL en este estudio, completamos un panorama sombrío para la población afrodescendiente en el continente latinoamericano, pero he extrapolado principalmente los datos de Colombia, porque nos interesa profundizar en el estudio de la situación actual de nuestra población de descendencia afro.

Conclusiones

1. Con los datos y los análisis que ofrece la CEPAL en el estudio que tomamos como punto de partida para este trabajo, más los elementos incompletos que aportan las cifras del DANE, la principal conclusión es que, en efecto, revisados aspectos como distribución territorial, pobreza, vivienda, hacinamiento, acceso al agua potable, saneamiento básico, acceso a energía eléctrica, internet, educación, empleo e ingresos, la población afrodescendiente se encuentra en una gran desventaja con relación al resto de la población, incluyendo otros grupos poblacionales como los indígenas, el pueblo Rom, y blancos en situación de pobreza.
2. Dadas las premisas anteriores, el impacto del COVID 19 en cantidades y porcentajes de contagios y de fallecimientos resulta siendo mayor para la población afrodescendiente que para el conjunto de la población más pobre, la más afectada por la pandemia que sacude al mundo. Todas las cifras anotadas dan cuenta de unas condiciones de mayor vulnerabilidad de la población afrodescendiente a la hora de enfrentar la expansión del contagio.
3. Las afectaciones que en el período post-pandemia resultarán del crecimiento exponencial de la pobreza, el aumento de las tasas de desempleo y la consecuente disminución de ingresos, la disminución del acceso a la educación, la poca cobertura efectiva del sistema de salud, afectarán también en mayor medida a la población afrodescendiente, pues sus problemas de desigualdad estructural más profunda que la del resto de la población continúan sin ser resueltos.
4. La inexistencia de soluciones efectivas al problema del desempleo y su alternativa de creación de una renta básica para personas sin ingresos, lo mismo que el hecho de que las políticas públicas dirigidas a satisfacer necesidades de la población afrocolombiana resulten siendo completamente insuficientes porque parten de datos estadísticos que acusan un subregistro muy grande de la realidad poblacional de esta agrupación étnica, contribuyen a agravar el panorama.

Hasta aquí, a través de un rápido vistazo, he considerado sólo el tema estadístico que da cuenta de la situación en la que vive nuestra población afrocolombiana y sus niveles de desigualdad estructural en relación con el conjunto de la población. Lo que sigue, que abordaré en otro estudio más específico, es el análisis del marco cultural y de las condiciones políticas que envuelven esta situación a todas luces injusta e inequitativa.
En esa dirección se encuentra la mirada especial que debe darse al inocultable racismo que nos caracteriza como sociedad.

Referencias

1. CEPAL Las personas afrodescendientes y el COVID-19: develando desigualdades estructurales en América Latina – Enero de 2021, pag. 1

2. OMS Cifras COVID julio 9 de 2021

3. Del informe de la CEPAL titulado “Las personas afrodescendientes y el COVID-19: develando desigualdades estructurales en América Latina” tomaremos algunas de las cifras que a lo largo de este ensayo se citan, identificándolas solo como CEPAL Enero de 2021. Otra cifras son extraídas del informe del DANE sobre POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA (NARP) y se identificarán como DANE-NARP. Y las restantes cifras provienen de la “Conferencia regional sobre población y desarrollo” (CRPD) del DANE, por lo cual se identificarán como CRPD-DANE

4. Revista Portafolio, noviembre 6 de 2019

5. Periódico El Tiempo, noviembre 25 de 2019

6. Periódico El Tiempo, noviembre 25 de 2019

7. CEPAL, Enero de 2021, pag. 2

8. CEPAL, enero de 2021, pag. 7

9. CEPAL, enero de 2021, pag. 11

10. CEPAL, enero de 2021, pag. 12

11. CEPAL, enero de 2021, pag. 14

12. CEPAL, enero de 2021, pag. 15

13. DANE-NARP, 2018

14. CEPAL, enero de 2021, pag. 17