Colombia es uno de los países con conflictos internos más prolongados. A pesar de varios acuerdos de paz, persisten desafíos en el ámbito humanitario y algunas regiones del país son impactadas por diferentes violencias, según cifras de Naciones Unidas y observatorios independientes de violencia y conflicto, las acciones armadas aumentaron en el periodo 2018- 2020.
Los desplazamientos masivos y la revictimización en territorios del país persisten y hacen que sumado a las brechas rurales de desigualdad el gobierno debiera concurrir con asistencia humanitaria. Los grupos étnicos minoritarios que representan un 13% de la población nacional son los de mayor afectación, pues representan el 17.7% de las victimas registradas de esta irracional violencia. Así mismo el crecimiento de atentados a lideres sociales. La respuesta del gobierno nacional es insuficiente frente a las solicitudes de protección por parte de ciudadanos que acuden al Estado para salvaguardar sus vidas y garantizar el derecho a participar de los asuntos comunitarios y sociales.
Poblaciones inmersas en las zonas azotadas por distintas violencias viven con necesidades básicas insatisfechas, pesima calidad de vida, carencia de servicios básicos, recurrentes acciones de desplazamiento, exposición a daños en la salud mental, deterioro de los entornos protectores para los menores, lo que permite el reclutamiento, accidentes con minas antipersonas, violencia de genero, entre muchas otras calamidades.
En búsqueda de la supervivencia estas poblaciones recurren a mecanismos de salida negativa a la crisis, como trabajo infantil, mendicidad, sexo por supervivencia, entre otros, que aumentan la espiral de pobreza.
La respuesta Institucional a la crisis humanitaria que afronta Colombia es insuficiente, para 2020 8,5 millones de personas requieren atención. De estos grupos de victimas el 51% corresponde a mujeres, 30% a menores, 49% a hombres, cifras que incluyen a 470 mil adultos mayores, 139 mil en condición de discapacidad. Las necesidades prioritarias que demanda la crisis humanitaria que vive Colombia se concentra en empleo, salud, educación, vivienda, alimentación y servicios básicos, por lo que las indemnizaciones promovidas por la política de victimas deben ir mas allá y afrontar la magnitud de la crisis humanitaria que vive el páis.
Desde DIGNIDAD estamos comprometidos con los 8 millones de personas que requieren asistencia, cobijarlas con el proyecto de país con dignidad que proponemos para el próximo cuatrienio, convencidos que superando las brechas de pobreza y llegando con la presencia del Estado a la Colombia profunda, avanzaremos en la atención efectiva de las victimas de la violencia.
Bogotá, 9 de abril de 2021
