Se van derrumbando judicialmente las mentiras que durante años repitieron en foros públicos las extintas Farc. El anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre sus avances en el caso de reclutamiento forzado de menores de edad es una denuncia contundente de la inhumanidad del grupo guerrillero. El número total de víctimas, sumado a las variadas maneras en que fueron vulneradas y explotadas por la organización criminal, es un motivo de justa indignación. La justicia transicional sigue avanzando en su propósito de traerles verdad a las víctimas y a las familias, mientras que los excombatientes tienen todavía mucho por contarles a los tribunales de paz.

La JEP nos va dejando, con cada uno de sus avances, cifras que bien podrían resumir el horror que ha sufrido Colombia por culpa del conflicto. En esta ocasión el dato es terrorífico: 18.677 menores de edad fueron forzados a unirse a las Farc. De esos, 5.691 eran menores de 15 años y 9.870, jóvenes entre los 15 y 17 años. Durante mucho tiempo los representantes de las Farc insistieron en presentar estos números como simples consecuencias de la realidad colombiana, voluntarios para la guerra y la causa que libran. Pero ahora la JEP ha confirmado que eran sometidos a múltiples crímenes y presiones.

Una lista de las conductas con las que victimizaban a los menores de edad: violencia sexual y basada en género, desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes, así como otros actos inhumanos. Eso incluye aborto forzado, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo con menor de 14 años, esclavitud sexual, acto sexual abusivo o violento y otras conductas que atentaban contra la integridad sexual y reproductiva de las mujeres. Muchos de los casos, además, son de desaparición forzada: fueron los familiares de las víctimas los que se acercaron a la JEP porque nunca volvieron a saber qué ocurrió con sus hijos e hijas.

No hay otra manera de decirlo: se trata de crímenes degradantes e inhumanos. No puede hablarse de libertad para unirse a la guerrilla cuando eso era lo que ocurría dentro de las filas. Y eso sin siquiera dar el debate sobre la incapacidad de consentimiento que tienen los menores de edad. ¿A qué cabeza le cabe que alguien de 14 años, por ejemplo, elige de manera libre e informada unirse a la guerra?

La JEP llamó a versión voluntaria a 26 personas, incluyendo a Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, conocido como “el carcelero de las Farc”. Como ha ocurrido en otros macrocasos que lleva la justicia transicional, todos deberían acudir, contar la mayor cantidad de verdad posible y reconocer sus responsabilidades. Insistir en obstruir la justicia o negar lo evidente solo les haría más daño a las víctimas, al Acuerdo de Paz, a los excombatientes y al país.

Uno de los peores efectos de la guerra es normalizar, en el discurso, los horrores. Por eso la búsqueda de la verdad es reparadora: le cuenta al país con crudeza lo que pasó, ojalá para que nunca más lo vayamos a repetir.