Disfrazada como una “Ley de solidaridad sostenible” sustentada en el falaz argumento de favorecer el gasto social y los auxilios para las familias más pobres, en la crisis de la pandemia, el presidente Iván Duque y su ministro Alberto Carrasquilla pretenden imponer la más regresiva reforma tributaria de los últimos tiempos. El objetivo real del proyectado atraco a las clases trabajadoras y medias es recaudar 31 billones de pesos para tapar el hueco fiscal, pagar deuda pública y asegurar la compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos. Frente a eso, baste decir que la cacareada intención de gasto social y de atención de los efectos de la pandemia de Covid-19 solo cubriría necesidades por 6 billones de pesos. Estamos ante un nuevo engaño gubernamental a la ciudadanía.
El fundamento de la confiscatoria reforma está en el aumento de la base del IVA para extenderlo entre otros a nuevos componentes esenciales de la canasta familiar, a los servicios públicos domiciliarios e insumos agropecuarios, a los combustibles` y útiles escolares, hasta a los servicios funerarios, a la par que aumentar la base y monto del cobro de renta a los ya pauperizados salarios y pensiones, a las viviendas y hasta los carros viejos, so pretexto de combatir el calentamiento global. Esta estafa tributaria, como acertadamente la denominaron las centrales obreras, congela por cinco años los salarios de los empleados públicos, niega el derecho universal a la contratación colectiva, autoriza al Presidente a suprimir y fusionar entidades estatales y a vender activos públicos. Algo hasta ahora no visto, pretender reducir el tamaño del Estado y avanzar las privatizaciones, mediante el simple expediente de una reforma tributaria.
Los pomposos impuestos verdes en la práctica encarecen los combustibles, gravan la tenencia de vehículos particulares envueltos en la falsa idea de que los países subdesarrollados y los más pobres del planeta son los responsables de los daños ambientales, causados realmente por las potencias económicas y sus multinacionales. Lo que no admite duda es que estos impuestos tendrán una incidencia tremenda en el costo de vida y afectarán gravemente la capacidad de consumo de los colombianos.
La reforma propuesta por Duque y Carrasquilla es muda ante gabelas y exenciones que por más de 14 billones de pesos les concedió el gobierno en la pasada reforma tributaria, a los bancos y al puñado de super mega ricos del país. La semana anterior nada menos que Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, propuso eliminarlas para con esos recursos financiar los programas sociales y de apoyo que el país requiere con urgencia, única manera de no despojar a la población afectada y supuesta beneficiaria de las acciones públicas, de su ya menguada capacidad de compra. El proyecto gubernamental tampoco contempla gravar los dividendos de las grandes empresas, empezando por los privilegiados dueños de la banca nacional y extranjera, ni utilizar parte de las reservas internacionales para enfrentar la situación; mucho menos contempla que el Banco de la República le facilite liquidez adicional a la economía como lo están haciendo países como Estados Unidos y la Unión Europea. En Colombia todo se descarga sobre los hombros de los trabajadores, las clases medias y los empresarios nacionales de la industria, el agro y los servicios.
Nuestro Partido DIGNIDAD se opondrá radicalmente a esta torpe e irresponsable reforma. Llamamos a todos los afectados por ella, a los colombianos demócratas y responsables con Colombia para, unidos por encima de diferencias, hacer un frente firme que detenga el atraco tributario del gobierno Duque. Reiteramos el respaldo a la convocatoria de las centrales obreras, organizaciones sociales y ciudadanas para movilizarnos el próximo 28 de abril, de manera organizada y pacífica, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
Comité Ejecutivo Nacional de DIGNIDAD
Juan Manuel Ospina, presidente Alba Luz Pinilla, vicepresidenta
Gustavo R. Triana Suárez, secretario general
Bogotá, 17 de abril de 2021
