Yolima Vargas – tomado de Razón Pública
21 de feberero de 2023
Aunque la transición energética es importante en Colombia, las prioridades ambientales del país son otras. Estas son las tareas más urgentes y las razones para hacerlas prioritarias.
Una tarea ambiciosa
La bandera de “des-petrolizar” la economía colombiana le creó al candidato y le crea al presidente Petro una gran simpatía entre los ambientalistas y le da presencia política internacional, al ponerlo a la cabeza de la lucha contra el cambio climático.
Pero para apreciar esa estrategia es importante analizar la situación particular de Colombia: el camino para acabar la dependencia de los hidrocarburos —que además de petróleo, son el gas, el carbón térmico y el carbón coquizable — es un asunto tan complicado que ningún país del mundo sabe bien cómo hacerlo. Aunque algunos países han mostrado avances en materia de fuentes de energía alternativa, no existe todavía un camino cierto para lograr la transición.
La vida humana actual depende de los hidrocarburos, no solo para tener energía sino por sus derivados, como decir la producción de
Y aunque todos los productos anteriores aumentan la contaminación, la combustión de los hidrocarburos es la causa principal de la crisis climática mundial; por eso es sensato concentrarse en controlar este factor, sin desconocer que un abandono total de los hidrocarburos no parece alcanzable por ahora.
Los daños del extractivismo
La dependencia de un país a los hidrocarburos puede provenir de dos fuentes: el consumo directo o los ingresos derivados de su exportación. Este segundo corresponde al concepto de “extractivismo”, que Gudynas (2015) define como: “un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo. Se considera que la orientación exportadora prevalece cuando al menos el 50% del recurso extraído es destinado al comercio exterior.” (Gudynas, 2015, p. 14)
Aunque el daño ambiental resulta tanto del extractivismo como de la explotación para consumo local, sus efectos ambientales son mayores debido a que la mayor parte de la producción suele destinarse al inmenso mercado mundial. El extractivismo origina un círculo vicioso en países pobres como Colombia, porque aunque son mal negocio, impiden diversificar las economías nacionales (Wagner, 2020) y hacen que el país dependa económicamente de otros países.
Pero, además, el extractivismo deja una alta deuda por daños ambientales y sociales que crece a medida que aumentan las explotaciones y, al final deja desigualdad, pobreza y violencia.
Hasta ahí resulta razonable que el gobierno Petro dedique todos sus esfuerzos a despetrolizar la economía.
El caso colombiano
Según el consenso científico mundial, el 70 % de las emisiones globales provienen de la combustión de hidrocarburos; para el año 2021 esto equivalió a 35.264 millones de toneladas de CO2 – MtCO2 (Global Carbon Atlas, 2022). Pero las cifras estatales muestran una situación muy distinta para Colombia, pues esta combustión representó apenas el 31 % de las emisiones totales, es decir 82 MtCO2 , entre las cuales el sector industrial aportó el 50,16 % y el de transporte otro 40,71 % (IDEAM, 2022).
Y aunque la deforestación y el cambio en el uso del suelo son la segunda causa de producción de emisiones en el mundo, en Colombia es la primera. En el año 2018 la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo fueron responsables del 59 % de las emisiones del país (IDEAM, 2022). La agroindustria, la ganadería extensiva y la minería se asocian en particular con procesos de deforestación, cambio del uso del suelo y pérdida de biodiversidad en regiones naturales como la Amazonía, y en algunos casos también son extractivismos.
Además de la alta producción de emisiones, la pérdida de áreas naturales en Colombia afecta la regulación climática local, continental y global, disminuyendo la capacidad del país para adaptarse y mitigar las consecuencias de la crisis climática (inundaciones, avalanchas o sequías), sin que esto suponga algún beneficio para el país, le cree riqueza económica o bienestar social. Al contrario: nos trae ciclos de pobreza, ilegalidad y violencia (Ver en Youtube: “Justicia Climática).
La prioridad para Colombia entonces es frenar la deforestación. Pero que este sea el principal problema no significa que no sean deseables los esfuerzos para abandonar los hidrocarburos; como señala Germán Andrade (ver tuit a continuación), reducirse al control de hidrocarburos es incurrir en una falta de justica entre los colombianos:
La lucha también debe ser de los países ricos
La justicia climática comienza por reconocer que la crisis planetaria no es apenas ambiental sino social, producto de una tremenda desigualdad entre países ricos y países pobres.
Los primeros deben su riqueza al consumo de materias primas baratas que obtienen de los extractivismos, sin asumir el costo socioambiental de su extracción en países productores, ni la crisis climática derivada de su consumo desmedido, crisis que a su vez afecta de manera desproporcionada a países como Colombia.
Por eso es tremendamente injusto que el mundo nos exija a países pobres dedicar nuestros recursos limitados a disminuir las emisiones por combustión de hidrocarburos, mientras que los países ricos siguen contaminando y aprovechándose de la ventaja de usarlos a bajos precios.
El gas no es extractivista
En el mismo orden de ideas, negarse a la exploración y explotación de gas en Colombia es una injusticia climática, porque esta actividad no es extractivista y la mayor parte de su consumo es doméstico.
En el año 2020, por ejemplo, el 70% del gas se destinó a los hogares (Gas País, 2022); es más: como la demanda superó a la oferta se importaron 14,2 millones de pies cúbicos (Roca, 2022).
Cambio de prioridades
Aún así, es deseable que Colombia disminuya su dependencia de los hidrocarburos, sobre todo de las rentas que deja ese extractivismo.
Sólo que esto no puede sacar del debate la existencia de otras actividades extractivas como la minería, la agroindustria y la ganadería extensiva, que se asocian con la deforestación, causan el doble de emisiones y tienen peores efectos.
Por eso la prioridad ambiental de Colombia debería ser frenar la ampliación de la frontera agrícola y garantizar la subsistencia de las áreas naturales, como el Amazonas o el Chocó, excluyéndolas de cualquier actividad extractiva, incluidas la explotación de hidrocarburos, minería o actividades agropecuarias.
Si los esfuerzos y el presupuesto del gobierno le permiten hacerlo de manera paralela a la transición energética, pues estupendo. Pero por desgracia no se observan muchos esfuerzos en ese sentido, o al menos son muy tímidos, empezando por el protagonismo que ha tenido el ministerio de Minas en comparación con el de Ambiente, incluso en su asignación presupuestal.
Llama mucho la atención el silencio cómodo del gobierno respecto de las licencias ambientales exprés heredadas de los gobiernos Uribe y Santos. El sistema de licenciamiento ambiental actual es un creador de conflictos y riesgos ambientales, incluso para los mismos proyectos de transición energética.
Urge replantear el funcionamiento de las licencias ambientales en Colombia, para garantizar que los proyectos cuentan con respaldo social y que sus efectos ambientales serán manejables y compensados. Además, es importante que exista la posibilidad de rechazar esos proyectos, si después de un tiempo prudente de estudios serios se demuestra que los efectos y costos socioambientales son demasiado altos para el país, como sucede con la mayor parte de los extractivismos.
Compartir publicación
