El mal llamado “subsidio al combustible” es una medida básica para mitigar el atraso económico y social de las zonas de frontera. Su eliminación significaría más hambre y mucha más pobreza de la existente, por cuenta de sus efectos en bolsillo de la gente de estas regiones.

La propuesta de reforma tributaria elimina la exclusión tributaria a la gasolina y ACPM en departamentos fronterizos. Dicho beneficio cuyo objetivo es facilitar el desarrollo económico y social de estos territorios se viene aplicando desde hace 27 años (Ley 191 de 1995). Su eliminación según expertos afectaría de manera directa la inflación (La República 19/8/22), que en municipio de como Valledupar alcanza el 13.07% (DANE. 6/22) ubicándose como la segunda ciudad a nivel nacional. El mal llamado “subsidio al combustible” golpearía el bolsillo de los más pobres y afectaría de rebote el escaso crecimiento económicos de las zonas de fronteras. Las cuales han sido históricamente golpeadas por las ineficientes políticas económicas y sociales históricas de los gobiernos.

La ley que creo la exclusión de IVA y decretó la exención de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM a los Municipio y Departamentos fronterizos pretende ser derogada por la propuesta de reforma tributaria del actual gobierno (art. 69). Esta decisión de tajo pondría en aprieto a estas regiones. Tienen razón agremiaciones como FENDIPETROLEO (El Pilón 9/8/22) cuando señala que afectaría no solo a los que tienen vehículo sino a toda la canasta familiar. Ese beneficio tiene aún vigentes los motivos por los cuales se creó, ya que departamentos como el Cesar, La Guajira, Norte de Santander entre otros, no solo reportan altos índices de inflación sino también de desempleo. Estos dos factores se agravarían ya que es un componente relevante para estos indicadores.

La eliminación del beneficio no implica una mayor ganancia para los dueños de estaciones, porque el aumento del precio al consumidor final se dará por cuenta del cobro de mayores impuestos. Se calcula que con la derogatoria de beneficia representaría un aumento promedio de 1.900 pesos por galón de gasolina. La competitividad de los departamentos y la mitigación del contrabando tendrían un efecto adverso relacionado directamente con la decisión del nuevo gobierno. Este es un beneficio indirecto a la población que no se remplaza por una política de gasto social más robusta como lo plantea la reforma. Porque el aumento del precio de los combustibles por cuenta de la reforma tendría efectos inmediatos en el bolsillo de la población. No solo subiría el transporte, sino toda la cadena de productividad ligada a dicha actividad.

No será fácil que el sector transporte que necesita del combustible se adecue a la nueva tarifa. El alza en la gasolina los obligará a subir el precio de ese servicio y con ello se genera una reacción frente al precio de muchos productos básicos de la canasta familiar cuyo índice de precios depende del costo del transporte principalmente del ACPM.

El denominado “contrabando técnico” denunciado por varios de los que respaldan la medida (Semana 9/8/22) un es una excusa, ya que el gobierno tiene los mecanismos para enfrentarlo de manera efectiva. Si hay dueños de estaciones trasladando combustibles exentos de impuestos a otros departamentos estos pueden ser identificados con mayor control a los cupos asignados.

En el Departamento del Cesar de manera particular estarían en riesgo de quiebra todas las estaciones de servicios que se encuentran en la troncal del caribe, a quienes el beneficio les ayuda a poder sostener las ventas. Solo con el precio que actualmente tienen es posible que los cientos de transportadores que atraviesan a diario nuestra geografía les compren combustible a estos comerciantes.

Es correcto oponerse a la derogatoria de esas exclusiones planteadas por la propuesta reforma tributaria. Todos los parlamentarios de zonas fronterizas deben estar conscientes de sus efectos inmediatos sobre los más pobres. Si ellos se oponen a la decisión del gobierno los habitantes de estas zonas de frontera debemos acompañarlos. Si no lo hacen nos corresponde a todos: gremios, organizaciones sociales, empresarios, productores, transportadores y en general toda la sociedad, rechazar una medida que sin ninguna duda pondrá en aprietos a los menos favorecidos que viven en zonas de frontera.