En Plenaria del Senado, en segundo debate, se pretende discutir y aprobar el Proyecto de Ley 413 de 2021 “por el cual se dictan normas relacionadas con el sistema de pagos, el mercado de capitales y se dictan otras disposiciones”. El proyecto lo dejó radicado Alberto Carrasquilla, cuando era Ministro de Hacienda, acompañado de la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra.

El proyecto centra su justificación en actualizar y reglamentar los sistemas de pagos electrónicos y por correo, que han tenido gran auge en los últimos años. Sin embargo, lo que trae este proyecto en 129 artículos es una reforma completa al sistema financiero, de mercado de capitales, incluida una grave reforma pensional que ha pasado de agache en el debate público nacional.

La iniciativa se basa en la “Política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero”, que fue elaborado por el Gobierno Nacional para 2020- 2025. El énfasis se concentra en ampliar el alcance del sector financiero en más sectores de la economía, la flexibilización para inversiones de capital financiero y abrir camino a nuevos procesos de privatización en el país.

Frente al tema de pensiones, el proyecto modifica el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), donde operan las Administradoras Privadas de Fondos de Pensión (AFP), buscando “la mayor flexibilidad que requieran las administradoras para definir las estrategias de inversión de los recursos”. Esto significa que las AFP puedan invertir en más tipos de portafolios, accediendo así a inversiones de mayor riesgo con los ahorros de los trabajadores.

El proyecto autoriza a que el Gobierno Nacional cree un patrimonio autónomo con recursos públicos para pagar los costos de las pensiones que no resulten rentables para la AFP por longevidad o riesgos jurídicos. Además, abre la puerta para que terceros a las AFP administren los recursos de las pensiones, incluyendo esto al fondo público de pensiones de las entidades territoriales FONPET, cuyos recursos podrán ser administrados por las AFP y ellas podrían contratar a gestores de inversión de portafolio nacionales o en el extranjero.

También busca convertir el Fondo Nacional del Ahorro en una sociedad de economía mixta, que se rija en derecho privado tanto en términos legales como en el régimen laboral. Esta es la puerta de entrada a un proceso de privatización futura de la entidad pública que permite un acceso de vivienda con mejores condiciones para los colombianos.

El proyecto abre la puerta a que las aseguradoras se puedan fusionar, con implicaciones en mayor grado de concentración de estos servicios en menos empresas. Busca movilizar los recursos públicos del Fondo Agropecuario de Garantías (que maneja Finagro- Banco Agrario) hacia el Fondo Nacional de Garantías, en un proceso de concentración de recursos públicos para consolidar el Holding Financiero Grupo Bicentenario, mientras debilita al banco público del país.

Se requiere hundir este proyecto y que tanto el gobierno como sus bancadas afines sean sinceros con el país y le digan que buscan implementar una reforma para debilitar a las instituciones financieras públicas y dar mayores garantías a los fondos privados de pensiones para hacer inversiones riesgosas, que las podrá enriquecer a costa de los ahorros de los trabajadores del país.