El 8 de agosto, el primer día del nuevo gobierno de Petro, el presidente incumplió su promesa de subir los aranceles para proteger el agro y la industria nacional el primer día de su mandato. Lo que sí hizo su gobierno el primer día, fue radicar su proyecto de reforma tributaria.

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Lo que sí hizo su gobierno el primer día, fue radicar su proyecto de reforma tributaria.

En las pocas semanas desde que se publicó, ya se ha comentado y discutido bastante sobre este y sus previsiones. Ese mismo 8 de agosto señalé en Twitter por ejemplo, algunos pocos aspectos que me llamaron la atención de esta reforma. Ese hilo ( Haga clic aquí para ver) dio lugar precisamente a este artículo, en el que desarrollo un poco más mis apreciaciones con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYME), corazón del empleo y la producción en Colombia (alrededor del 80% del empleo y más del 90 % del sector productivo).

Resaltemos en primer lugar que el Gobierno busca recaudar por lo menos 25 billones de pesos, los cuales espera vayan aumentando hasta alcanzar 50 billones al final del periodo de Petro (Entrevista al MinHacienda en SEMANA, 15 agosto 2022). Si bien estos recursos no provendrán de aumentos a la tarifa general de renta a personas jurídicas, en parte sí serán de la eliminación de tarifas especiales. Y si bien podría ser discutible la coherencia entre el discurso de Petro de promover la educación y el turismo, con eliminar la tarifa especial del 9% que gozan las empresas dedicadas a la edición de libros o los hoteles y parques temáticos de ecoturismo o agroturismo, lo que en realidad considera más grave respecto al impuesto de renta, es que la reforma mantenga la misma tarifa general para todas las personas jurídicas. Eso significa que una gran empresa multinacional como Microsoft tiene que pagar nominalmente la misma tarifa del 35% que una microempresa de Neiva por ejemplo. Esto no atiende al carácter progresivo que según nuestra constitución deben tener los impuestos en Colombia.

Esta inequidad ha buscado ser corregida desde hace varios años mediante propuestas presentadas en el Congreso que buscaban el establecimiento de un impuesto progresivo de renta a las personas jurídicas. Este impuesto sería mucho más justo (la microempresa por ejemplo, tiene una tarifa mucho menor al de la gran empresa) y le daría un apoyo a las MiPYME del país. No obstante, los gobiernos anteriores y sus mayorías no lo han permitido, y por lo menos hasta el momento el actual tampoco ha accedido, a pesar del llamado hecho por ACOPI seccional Bogotá – Cundinamarca. Por otra parte, un aspecto más discutido ha sido el de los impuestos a los ultraprocesados, tanto en bebidas azucaradas como en productos comestibles con alto contenido de azucares añadidos. Estos gravámenes afectarán productos como gaseosas, helados, arequipe, salchichón, mortadela, jamón, salchichas, entre varios otros. Si bien el solo impacto en el bolsillo de las personas de ingresos bajos y medios ya de por sí hace cuestionable estos impuestos, lo son todavía más si se considera su impacto en las MiPYME, un aspecto del que poco se ha hablado.

Para el pequeño comerciante, como la tienda del barrio, este tipo de productos es gran parte de sus ventas, por tanto, una disminución en su consumo es una afectación en su de por sí bajos ingresos. Dijo el ministro de Hacienda que lo que busca el Gobierno es que estos ultraprocesados ​​“sean desplazados por otros productos”. Si bien esto puede ser más factible para el comerciante, para el productor MiPYME no es tan fácil. Dejar de fabricar un producto no es como cambiar un proveedor de un comercio, algo que tampoco es que se haga de la noche a la mañana. El cambio de producción implica conocimiento sobre los nuevos productos y, y más importante aún, realizar nuevas inversiones, bien sea para adquirir nueva maquinaria y/o bien para adaptar la existente.

Como es obvio, a las MiPYME por sus limitaciones, particularmente financieras, les queda mucho más difícil realizar dicho cambio y más aún en unos meses como les tocaría por esta reforma. Diferente sucede con las multinacionales extranjeras y grandes empresas nacionales, quienes tienen o pueden acceder muchas más fácilmente al conocimiento y al capital para las inversiones requeridas. El ministro, en la entrevista en SEMANA ya referenciada, señala que “hay que trabajar con las empresas. O sea, con Coca-Cola, Postobón y Nutresa, por ejemplo”. No obstante, en vez de pensar primero en “trabajar” con Coca Cola, debería hacerlo con empresas como Inversiones Y Comercializadora Sanchez Ltda (Gaseosas Cóndor), en vez de pensar primero en Nutresa, debería hacerlo con empresas como Procelacteos Ltda. (SuperCONO) o Carnes Las Brisas SAS, por nombrar unas pocas empresas conocidas de la región.

Se debe avanzar sin duda hacia una alimentación más saludable de la población, pero esto pasa por generar conciencia en ella y por apoyar efectivamente a las MiPYME para que vayan adaptando su producción en ese sentido. Hacerlo como lo está haciendo el Gobierno, terminará es poniendo en riesgo a cientos de empresas, especialmente regionales, que producen estos productos, y más importante aún, a miles de empleos que de estas empresas dependen.

Por razones de espacio es imposible acá profundizar más o abordar otros aspectos de la reforma. Sin embargo, de lo planteado es posible concluir que las MiPYME y particularmente las de ultraprocesados, no tienen mucho que celebrar y sí mucho por lo que preocupa con la reforma tributaria de Petro. Ojalá el Gobierno escuche y empiece a cumplir su promesa de apoyar a la industria nacional,