La Corte Suprema de Justicia tiene la gran responsabilidad de elegir fiscal antes de que termine el periodo de Francisco Barbosa el 12 de febrero. La pronta elección de fiscal será una buena noticia para el país en múltiples aspectos, tales como la independencia y despolitización de esta entidad, el fortalecimiento de las instituciones y la eliminación de narrativas —o intentos— golpistas.

 

Es bien sabido que la Corte no tiene fecha límite que la obligue a elegir fiscal. Pero sería a todas luces inconveniente que, con la excusa del tiempo —producto de un grave error de regulación de este proceso de elección— la Corte aplace indefinidamente su deber.

 

Más que un problema de naturaleza legal, la elección de fiscal en la actual coyuntura le asigna un peso de responsabilidad institucional y democrática a los y las magistradas.

 

Si la Corte cumple pronto con su deber eliminaría el alegato petrista de golpe blando. Por una parte, dejaría sin piso la acusación de que a los intereses partidarios de Barbosa y Margarita Cabello se ha sumado una alta corte. Por otra parte, iniciaría a tiempo una nueva administración en la Fiscalía, exenta de favoritismos políticos contrarios —o favorables— al gobierno y liderada por una mujer que, por el perfil de las ternadas, cuenta con trayectoria y méritos suficientes para ocupar el cargo.

 

La urgente elección también pondría fin a la manipulación de la Fiscalía con fines políticos y partidarios. Han sido tan claras las actuaciones parcializadas del fiscal Barbosa que se justifica pensar que en cualquier momento podría adoptar alguna decisión infundada para desestabilizar al gobierno.

 

Barbosa, compañero de pupitre de Duque, llegó al cargo por amistad y no por experiencia. Sin estudios especializados en derecho penal o trayectoria en política criminal Barbosa se convirtió en un comodín para que el Centro Democrático y Duque hicieran y deshicieran.

 

Esta Fiscalía se esforzó por hacer tiempo para que las investigaciones en contra del ex presidente Uribe, por falsos testigos en el marco de la parapolítica, se acerquen al vencimiento de términos. Tampoco investigó con rigor el ingreso de recursos del narcotraficante Ñeñe Hernández a la campaña de Duque, entre otras.

 

Con la llegada del gobierno de Petro sí apareció el fiscal “riguroso”. Con un rasero distinto, Barbosa investiga con diligencia cada uno de los movimientos del actual gobierno. Y no es que no puedan existir motivos, pues se debe conocer la verdad del caso de la corrupción electoral de Nicolás Petro, de la chuzada a la niñera de Laura Sarabia, o de los dineros sucios que llegaron a la campaña, como dijo Armando Benedetti. Pero el hambre por enjuiciar a como dé lugar al entorno de gobierno desfigura la imparcialidad de la justicia.

 

Ha sido tan escandaloso el sesgo político del actual fiscal que el país ha olvidado la terrible gestión de su antecesor, Néstor Humberto Martínez. Este último beneficiado por Barbosa, porque la Fiscalía no continuó con los avances del caso Odebrecht dejados por el Fiscal Ad Hoc. muchos que apuntaban a Martínez y al Grupo Aval.

 

La Corte también debe cerrar la puerta a materializar el deseo de Barbosa de dejar a la vice fiscal general, Martha Mancera, como fiscal interina. Las recientes declaraciones de Mancera en Washington, acompañada de Barbosa, demuestran un indebido y peligroso interés por atornillarla cuanto más sea posible en la dirección de la Fiscalía. Mancera además anunció el respaldo de tal intento de atornillamiento por parte de autoridades extranjeras, lo que socava la soberanía nacional y pone nuestra justicia en función de terceros.

 

Además de su compromiso con el pésimo legado de Barbosa, aunque muchos dicen que quien realmente ha mandado en la Fiscalía ha sido ella, Mancera tiene graves cuestionamientos en su contra.

 

En especial, la vicefiscal no ha podido responder las denuncias de Daniel Coronell y la Revista Raya sobre su omisión de investigar al jefe del CTI de Buenaventura vinculado a una poderosa estructura de narcotráfico. La interinidad de Mancera no es deseable, ni desde lo jurídico ni desde lo institucional.

 

El tono desmesurado de Petro no contribuye al proceso de elección fiscal, le da visibilidad a la extrema derecha que representa Barbosa y busca esconder las incapacidades, errores y responsabilidades jurídicas del gobierno. Ese tono también opaca el acierto, tal vez el mayor de su gestión, de haber presentado una terna cualificada que a futuro pueda actuar con verdadera independencia.

 

Todavía no se ha producido ninguna ruptura institucional como se insinúa desde la Casa de Nariño. Aunque pueda existir amenaza de ruptura, la Corte Suprema tiene en sus manos aplacar las tensiones institucionales. Esta semana la Corte tendrá su prueba de fuego.