La fiscal encargada Martha Mancera debe ser reemplazada por un/a fiscal ad hoc en varios de los más graves casos de corrupción y narcotráfico del país. Las revelaciones periodísticas de Daniel Coronell y Revista Raya apuntan a que la hoy fiscal general podría tener múltiples responsabilidades penales en el caso de encubrimiento al ex director del CTI, alias “Pacho Malo”.

Los pecados

Las denuncias periodísticas dan cuenta de que: i) Mancera conoció que dos agentes del CTI habían presentado un informe mediante el que informaban que el Director del CTI Buenaventura era un alto mando de una banda de narcotraficantes del Pacífico; ii) Mancera sabía del hallazgo, pero mantuvo al funcionario durante más de 2 años en el cargo; iii) una funcionaria de la Fiscalía que ha sido pareja sentimental de la fiscal (e) solicitó reasignar esa investigación tras el hallazgo -presuntamente para engavetarla-; iv) el novio de la mano derecha de Mancera presionó a los agentes del CTI para que cambiaran sus versiones que señalaban a “Pacho Malo” y; v) la fiscal ha mentido ante la prensa cuando se la confronta sobre estos casos.

Como si lo anterior fuera poco, a los agentes que identificaron a “Pacho Malo” se les abrió una investigación penal a los cuatro días de haber presentado su informe y se los ha llevado en dos oportunidades a la cárcel, incluso por delitos que el juez sexto municipal de control de garantías de Manizales dijo que están mal imputados.

Y la cereza del pastel. A modo de cortina de humo en febrero de este año la fiscal Mancera, como vocera del caso, anunció con bombos y platillos la captura y encarcelamiento de “Pacho Malo”. Sin embargo, al funcionario delincuente no le imputan delitos relacionados con el narcotráfico, lo que judicialmente puede terminar beneficiando al indiciado que, según la prensa, ha sido protegido por Mancera.

El artículo 56 del Código de Procedimiento Civil señala que, entre otras, son causales de impedimento: i) que la funcionaria judicial o su compañera permanente tenga interés en la actuación procesal; ii) que la funcionaria haya manifestado públicamente su opinión sobre el proceso; iii) que exista amistad íntima o grave enemistad entre la funcionaria y las partes del proceso y; iv) que la funcionaria haya actuado previamente en el proceso. Causales aplicables a la fiscal.

Así, mientras Mancera sea fiscal encargada, ojalá por muy poco tiempo, la Corte Suprema debería nombrar un/a fiscal ad hoc que asuma todos los casos en los que la fiscal en encargo se encuentre impedida.

Ese escenario es posible: el país ya lo vivió en 2019 cuando Néstor Humberto Martínez tuvo que ser apartado de su cargo para investigar la corrupción de Odebrecht – Grupo Aval. En ambos casos, si actuaran con rigor, los fiscales terminarían por encontrarse a ellos mismos.

Claro está, sería mejor que de una vez por todas la Corte eligiera fiscal y no dejara al país sin la posibilidad de que se investiguen los delitos del narcotráfico y corrupción con imparcialidad.

La bendición

El gobierno de EE.UU. ha dado un espaldarazo a la fiscal encargada. En una entrevista reciente con María Jimena Duzán el embajador de ese país dijo: “tenemos la confianza en que [Mancera] es una persona honesta y que siempre ha cumplido con sus deberes.” Además, sin mayores fundamentos, sembró dudas sobre las denuncias periodísticas en contra de Mancera, señalando que pueden tratarse de un ataque político.

La última palabra sobre el rol de Martha Mancera en el caso “narcos – Pacho Malo” la debe tener la justicia. Por ello, celebro que la Congresista Jennifer Pedraza le haya solicitado a la Fiscal (e) declararse impedida. Ahora la Corte Suprema debe tomar cartas en el asunto.