De acuerdo a los informes sobre el Índice de Precios del Consumidor (IPC) publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en agosto de 2022 mientras que el incremento anual del servicio de electricidad a nivel nacional fue de 25,8%; en Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo y Montería, estuvo entre el 40,4 y 50%.

Frente a esta realidad, la Universidad de La Guajira desde su compromiso por apoyar las transformaciones sociales e impulsar diálogos propositivos que den respuesta a la inconformidad generalizada en la comunidad respecto a la ineficiencia del servicio público de energía eléctrica y sus altas tarifas en la región, fue una de las organizadoras del Foro Caribe: Crisis en la Prestación del Servicio de Energía.

La iniciativa permitió generar escenarios de reflexión y debate entre representantes del gobierno, la sociedad civil organizada y las empresas Afinia y Air-e, con la finalidad de aunar esfuerzos y construir una propuesta viable y justa que pueda ser incluida en la agenda pública del Gobierno Nacional y del Congreso de la República para resolver esta problemática.

En el encuentro se abordaron las causas que han generado el incremento las tarifas de energía y el deterioro de la calidad del servicio prestado, donde se determinó que entre las comunes están el cobro de cartera de Electricaribe y el estado obsoleto de la infraestructura de las redes eléctricas. Además se propuso el establecimiento de un nuevo régimen tarifario diferencial de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y ambientales y el fortalecimiento de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios.

Durante la audiencia pública, la representante a la Cámara Afrodescendiente, Ana Rogelia Monsalve Álvarez, sostuvo que las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) no son la solución para disminuir los costos tarifarios porque no contemplan nada que afecte las pérdidas no técnicas. “De acuerdo a la Ley 142 de Servicios Públicos, un recibo es la cuenta de cobro que un comercializador u operador me envía por mi consumo, y nosotros no nos consumimos las pérdidas no técnicas, por lo que es ilegal que estén cobrando un servicio que el usuario no consume, y aunque estén amparados por las resoluciones de la CREG, las cuales no van por encima de las leyes nacionales”, precisó Monsalve Álvarez.

Como respuesta, Martha Lucia Iguarán Daza, gerente de Air-e en La Guajira, aclaró que el componente de pérdidas hace parte de la fórmula tarifaria y que el 90% que entra por esas pérdidas reconocidas se va para la generación y transmisión, por lo que no es un recurso que queda en manos de Air-e. “La tarifa no la determinamos nosotros, ni controlamos si el costo de energía sube o baja, nosotros nos acogemos a lo que la CREG establece en la fórmula tarifaria”, explicó.

A lo que la representante a la cámara Monsalve Álvarez, contrargumentó que, aunque las tarifas son arrojadas por una fórmula establecida, sí las pueden controlar. “De acuerdo al Artículo 34 de la Ley 142, esos son valores máximos, es decir que la empresa puede llevar a los valores que considere siempre y cuando no sea por debajo del costo”, manifestó.

Por su parte, el rector de la Alma Mater, Carlos Arturo Robles Julio, expresó que estos espacios son cruciales para plantear soluciones conjuntas y mostrar a la región como un territorio competitivo y de oportunidades. “A través de nuestros docentes y sus proyectos de investigación, especialmente en el marco de las energías renovables, estamos en la disposición de aportar en la construcción de alternativas integrales que beneficien de forma equitativa a las comunidades del departamento y el país”, puntualizó.

Asimismo, el economista y docente de Uniguajira, José Olmedo Ávila, afirmó que por ser el servicio eléctrico un monopolio natural que responde a consideraciones que están fuera de un mercado competitivo, el poder de manipulación del precio desde los productores y comercializadores, no puede imponerse de manera eterna sobre el resto de agentes dentro del mercado, por lo que es indispensable tener a una población empoderada y con el conocimiento suficiente para tomar decisiones de consumo racionales.

“Es necesario un proceso amplio de formación de los ciudadanos por parte de la academia sobre el impacto negativo de la mala prestación del servicio eléctrico y sus elevados costos. Son muchas las personas que ameritan de un acompañamiento frente a los abusos cometidos por las empresas comercializadoras”, precisó el docente.

Conviene mencionar, que gracias este encuentro regional se aprobaron varias propuesta de seguimiento y solución al problema eléctrico como la creación del Frente Amplio de los Usuarios del Caribe y un plan de movilización que incluye marcha de antorchas, plantón y cacerolazos por todo el territorio Caribe del 21 octubre al 30 de noviembre. De igual manera, se admitió la constitución del Observatorio de Conflictos Sociales, Urbanos y Ambientales del Caribe, el cual será un espacio académico y de diálogo interdisciplinario y participativo entre diferentes sectores.

El evento fue organizado por Uniguajira, el Frente Amplio de los Usuarios de los Servicios Públicos de La Guajira, la Diócesis de Riohacha, las universidades Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) del Caribe y la Antonio Nariño, la Alcaldía de Riohacha, la Asamblea Departamental de La Guajira, la Cámara de Comercio de Valledupar y de La Guajira y las Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos de Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Santa Marta, Valledupar y Montería.

Alicia Polo Daza
Periodista Uniguajira