De acuerdo con Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, las manifestaciones se tienen pensadas realizar la primera semana del mes de noviembre y participarán los siete departamentos de la Costa.
“Empezaremos a socializar el tema de las movilizaciones con cada uno de los departamentos para unirnos y que no sea solamente el Atlántico, el Magdalena y La Guajira sino en toda la región Caribe”, dijo.
La dirigente gremial manifestó además que se crearon cuatro comités de trabajo para lograr el objetivo de “tumbar” el régimen tarifario especial y transitorio para el Caribe. Estos grupos serán: jurídico (acciones), técnico (estudios), social (movilizaciones) y de alternativas energéticas.
“Se revisarán todas las acciones jurídicas que hemos emprendido y otras que vamos a iniciar, también trabajaremos desde lo social y lo técnico donde la Cámara de Comercio va a aportar toda la información que se necesita para sustentar de cómo nos estamos afectando a nivel de competitividad desde los establecimientos de comercio y los usuarios con las tarifas de energía”.
Otra de las conclusiones a la que se llegó es la recolección de un millón de firmas de usuarios de la región Caribe para hacer llegar una carta-petición al director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Jorge Valencia Marín, en la que exponen los “daños” causados a la Costa por la aplicación del régimen especial y transitorio en donde son cargadas las pérdidas técnicas y no técnicas al usuario.
Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que se están aunando esfuerzos con otras organizaciones para alcanzar el fortalecimiento de la “lucha” en contra de las comercializadoras Air–e y Afinia por el cobro de las pérdidas técnicas y no técnicas.
“Vamos a seguir en procesos jurídicos y legales, pero también en algunas manifestaciones; nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de realizar las acciones contundentes para beneficio de todos los usuarios de Barranquilla y la región Caribe”, dijo.
Por su parte, Norman Alarcón, representante de la Liga de Usuarios en la región Caribe, destacó los avances que se lograron en el marco de la reunión de los gremios, organizaciones y comunales para defender los intereses de los habitantes de esta zona del país.
“Hemos ampliado la lucha en defensa de los usuarios del servicio eléctrico para impulsar la derogatoria del régimen especial tarifario para que no se nos siga incrementando estas tarifas de forma descomunal”, agregó.
José David Name, senador por el partido de la U, se fue lanza en ristre contra la ministra de Minas, Irene Vélez, y su anuncio sobre las tarifas de energía.
El congresista sostuvo que fue un paso “muy tibio” por parte de la funcionaria y que el porcentaje pactado es “paupérrimo” y “pobre”.
“Es un primer paso, pero uno muy tibio. Esperábamos mucho más de los generadores hidráulicos y de toda la cadena que compone el precio de la energía de los hogares y de la industria colombiana. Esto es realmente una reducción paupérrima y pobre”, dijo.
Name precisó que para el Caribe esta disminución entra a aliviar muy poco con relación a los incrementos que se han registrado en esta zona del país, superiores al 45 %.
“En el país la energía subió en un 25 % y el descuento que se anuncia es del 3 % al 4 %. En los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde han subido en un 49 %, el descuento es apenas del 5,4 % y en el mercado de Afinia no hay rebaja de tarifa. ¿Hay algo que celebrar?”, cuestionó.
Agregó: “Esperamos de parte del Gobierno y especialmente los generadores hidráulicos y toda la cadena un mayor sacrificio por los colombianos”.
Varios usuarios consultados por EL HERALDO manifestaron su descontento frente a las reducciones anunciadas a las tarifas de energía. Manifestaron que representan “muy poco” frente a los incrementos que ha tenido el servicio en los últimos meses.
Jorge Vidal, habitante de Soledad, precisó que su facturación ha tenido un incremento acelerado, pues antes pagaba cerca de $60 mil y ahora el valor está en los $90 mil. Aseguró que no permanece por mucho tiempo en casa y no se explica esa subida en el recibo.
“La tarifa planteada por Air-e es mínima con relación a los aumentos que han realizado paulatinamente durante los últimos meses. Considero que una reducción justa con el usuario debería estar entre un 8 % a 10 %”.
Dijo que no es justo que todos los usuarios paguen el robo de energía hecho por terceros y que la empresa operadora debe asumir la responsabilidad de evitar que se presenten hurtos.
“Las personas que realizan los robos son quienes deberían pagar”, expuso.
Viviana Bedoya, otra usuaria, indicó que la facturación llegaba por $90 mil y ahora con el incremento está en $121.130. “Veo que cada mes aumenta, no tengo aire acondicionado solo dos ventiladores. Espero que ese porcentaje sirva de algo”.
“No vemos viabilidad en ese descuento, hay recibos muy caros y esa reducción no aplica mucho que digamos”, expresó José Camargo, habitante y usuario de Barranquilla.
La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, coincidió con el alcalde Jaime Pumarejo que una de las salidas a la crisis que se vive en el Caribe es la creación de un fondo de estabilización de los precios de la energía.
Señaló que los recursos para este fondo podrían salir de la sobretasa del 3 % a las generadoras hidroeléctricas que se contempla en la reforma tributaria.
“Esperamos que el Gobierno nacional entienda que el problema de energía a nivel nacional es uno, pero en la Costa Caribe es mayor pues estamos pagando un 50 % más”, detalló Quintero.
Dijo que corresponde al Estado asumir la financiación de las inversiones que se dejaron de hacer en la región por tantos años, para que la competitividad no se vea afectada.
A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB), Manuel Fernández, dijo que las altas tarifas de energía golpean la competitividad de las empresas, la generación de empleo y por ende contribuyen a aumentar la pobreza en los hogares.
“Con estas reducciones no se solucionan la problemática en el Caribe y hacemos un llamado al Gobierno nacional para seguir dialogando con los sectores productivos de la región y universidades para entrar en lo técnico y entender por qué esto no soluciona la problemática”, expuso.
El ejecutivo también se mostró de acuerdo con la propuesta de crear un fondo de estabilización y mostró como segunda opción inversiones del Estado para la subnormalización eléctrica y la infraestructura de distribución.
“Parte del tema es romper ese círculo vicioso, no se hicieron las inversiones adecuadas por más de 10 años y tenemos un sistema de distribución maltrecho que tiene cortes de energía e impacta la calidad del servicio y el pago del mismo”, agregó.
De acuerdo con estudios, los altos costos de energía pueden llevar a una caída de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de la Costa Caribe para el próximo año.
