Para Colombia es claro que sus ingresos corrientes están estrechamente ligados a la explotación de RNNR (Recursos Naturales No Renovables) circunscritos a combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, principalmente (7% del PIB nacional – DANE). Entre enero y agosto de 2022, el 56,7% de los ingresos recibidos por exportaciones correspondió a Combustibles y productos de industrias extractivas (DANE). En materia de regalías, Colombia, con corte a junio de 2022, tiene $5,4 billones del sector minero-energético, lo cual quiere decir que ya tiene el 89% en la meta para el bienio (MinMinas).

El crecimiento del sector minero energético, tanto en ingresos corrientes por exportaciones, como  tributarios y por pago de regalías, ha generado una dependencia económica nacional tal del sector primario [1], que no ha permitido políticas públicas eficaces enfocadas a transformación de materias primas o de encadenamiento productivo que fortalezcan el crecimiento del sector secundario [2] o industrial y le den valor agregado a la riqueza natural del país. Por lo tanto, el consumo energético nacional (ver enlace aquí) no es el de un país industrializado como lo demuestra el consumo de energía per cápita de 1.414,0 KW/h (Brasil consume 2.465,8 KW/h per cápita y Argentina 2.688,4 kW/h per cápita, por citar dos ejemplos regionales).

Por otro lado, es evidente igualmente que la generación de emisiones y su contribución a la huella de carbono y al cambio climático por parte de este sector es irrefutable.

Los compromisos adquiridos por la COP 21, en París (2015), reflejan la necesidad de la especie humana de migrar las matrices energéticas de sus sistemas productivos a energías limpias para evitar llegar a un aumento de temperatura planetaria en 1.5 grados centígrados, aumento que hace irreversible el cambio climático y sus devastadores efectos.

La COP 26, en Glasgow (2021), ratifica en sus conclusiones:

1. Se mantiene vivo el escenario de 1,5 ºC —con objetivos cuantitativos y referencias explícitas a la reducción del carbón y los subsidios fósiles— y se reconoce la necesidad de cumplirlo para evitar efectos devastadores. Para ello, es imprescindible reducir las emisiones un 45% —con respecto a los niveles de 2010— en 2030 y alcanzar las emisiones netas nulas en 2050. En este contexto, se insta a los países a acelerar su acción climática y se les urge a revisar e incrementar sus objetivos a 2030, en línea con el Acuerdo de París, antes de finalizar 2022.
2. Hay que acelerar la reducción del carbón y la eliminación de subsidios fósiles ineficientes, prestando apoyo para que sea una transición justa.
3. Los países desarrollados deben trabajar para cumplir con urgencia y transparencia el objetivo de 100.000 millones de dólares de financiación climática, así como para revisar al alza este objetivo antes de 2025. Se insta a los bancos multilaterales y a los países desarrollados a alinear sus actividades de financiación con el Acuerdo de París.
4. Se establece un plan de dos años para fijar un objetivo global de adaptación al cambio climático y se pide a los países desarrollados que doblen su apoyo financiero en materia de adaptación a 2025 para los países en desarrollo.
5. Se pone en marcha un mecanismo de apoyo financiero a los países en desarrollo para que puedan hacer frente a los impactos del cambio climático.

Con este panorama, se instala un nuevo gobierno en Colombia (agosto 2022), cuyo proyecto de cambio incluye un riguroso timonazo en materia ambiental que fue refrendado por mandato popular en las elecciones presidenciales.

El nuevo gobierno inicia con claras intenciones de migrar la matriz energética nacional hacia tecnologías limpias y coloca en las carteras de minas y energía y en medio ambiente alfiles con este propósito específico.

Sin embargo, las primeras luces de esa gestión han sido profundamente ambivalentes. Como primer punto, tener el deseo de poner en marcha la transición energética no implicaba mensajes hacia la detención inmediata del sector minero energético actual. Si se revisan los compromisos COP21 y COP26, la urgencia está enfocada a países desarrollados. No a emergentes. Por otro lado, migrar la matriz implica tener planeada, contractualmente financiada y en desarrollo la implementación de tecnologías limpias (eólicas, fotovoltaicas, etc.) que garanticen la seguridad energética nacional.

Veamos el primer punto. La huella de carbono está estrechamente ligada a la biocapacidad del área que se esté evaluando [3]. Si se revisa esta correlación, el planeta entró en desequilibrio en el año 1971. Es decir, su huella de carbono es mayor a la biocapacidad para compensarla:

 Ahora, revisando la misma correlación para Colombia, se tiene:

 Ahora, revisando la misma correlación para Colombia, se tiene:

Como se observa, Colombia aún no tiene Déficit Ecológico [4]. Si a lo anterior le sumamos la participación sectorial de la huella ecológica colombiana, se tiene lo siguiente:

Es por lo menos ilustrativo que el mayor esfuerzo en controlar las emisiones debe enfocarse en la deforestación y en el sector agropecuario, con lo cual el aporte a las emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) podría generar un punto de inflexión en el control del déficit ecológico para extender aún más su punto de equilibro que, como ya se estableció, Colombia aún tiene en positivo.

Así las cosas, en esta coyuntura de devaluación de la moneda nacional, inflación desbordada y anunciada recesión económica, propender por la eliminación del sector minero energético es a todas luces inconveniente. Debe ser analizado con una mayor profundidad y de cara a la realidad nacional. 

Deteriorar los ingresos corrientes, tributarios y los generados por regalías de combustibles fósiles al implementar la detención nacional de la explotación de hidrocarburos y carbón, además de deprimir aún más la inversión social, genera mensajes a los mercados que ponen en entredicho la capacidad de pago de deuda del país, generando una migración de dólares a escenarios de mayor seguridad jurídica con las consecuencias asociadas que este tipo de situaciones implica. La transición energética es necesaria. El modo de implementarla es el desafío.

[1] Sector Primario: es el que obtiene el producto de los recursos naturales tanto renovables como no renovables, para después transformarlo en materias primas no elaboradas.

[2] Sector Secundario o Industrial: comprende las actividades económicas destinadas a la transformación de las materias primas, es decir: la industria y la construcción

[3] La capacidad biológica se refiere a la capacidad de un área específica biológicamente productiva de generar un abastecimiento regular de recursos renovables y de absorber los desechos resultantes de su consumo.

[4] Déficit ecológico: se debe a que emitimos más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que los océanos y bosques pueden absorber.