¿Cómo vigilar lo prometido por De la Espriella en La Guajira? Juana Cordero pide una matriz pública

Oct 16, 2026

Con 60,2 % de pobreza monetaria en La Guajira, los recursos para agua, vivienda y energía anunciados en Riohacha necesitan fechas y responsables visibles.

Escrito por: Redacción Dignidad & Compromiso

Escrito por: Redacción Dignidad & Compromiso

Los anuncios que el presidente Abelardo de la Espriella hizo en Riohacha solo tendrán valor para La Guajira si terminan en obras que la gente pueda usar y vigilar. El departamento ya recibió durante el gobierno de Gustavo Petro seis días de la jornada “Gobierno con el Pueblo”, con el gabinete en siete municipios y compromisos sobre agua, salud, nutrición, energía y vivienda.
La primera tarea es convertir cada anuncio en una matriz pública de compromisos que diga el proyecto, su valor, la fuente de financiación, la entidad responsable, el municipio, las fechas de inicio y terminación, el estado de avance, el porcentaje de ejecución y quién hace el seguimiento. Así lo propuso Juana Lucila Cordero Moscote en una columna publicada en Las2orillas el 18 de septiembre, en la que insiste en medir la visita presidencial por los resultados que deje en el territorio.
En Riohacha, De la Espriella encabezó un Consejo de Seguridad, se reunió con el gobernador y los alcaldes y comprometió recursos en varios sectores. Anunció cerca de $7.500 millones para agua potable y saneamiento, $22.000 millones para el drenaje pluvial de Riohacha si el Distrito aporta otros $7.500 millones, y $22.000 millones para reactivar la Ciudadela de Paz Bertulfo Álvarez, en Fonseca, donde faltan 180 viviendas. En energía habló de $1,5 billones para obligaciones con Air-e, confirmó un giro de $300.000 millones y dio un plazo de 12 meses para avanzar en reglamentación, redes y generación. Para el campo planteó activar la represa del Cercado, sobre el río Ranchería, con la meta de irrigar más de 17.000 hectáreas.
Cordero sostiene que una lista tan extensa necesita prioridades, cronogramas y seguimiento público, porque los indicadores sociales del departamento son graves. La Guajira tuvo en 2025 una pobreza monetaria de 60,2 %, la segunda más alta del país después de Chocó, según el DANE. A ese dato suma una desocupación de 12,3 %, las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre homicidios múltiples y riesgo de reclutamiento de menores en Maicao, y las muertes de niños menores de cinco años por desnutrición aguda que sigue registrando el Instituto Nacional de Salud.
Después de la matriz, el agua encabeza sus prioridades, porque miles de familias todavía dependen de soluciones precarias para obtenerla. Sigue una estrategia de seguridad y juventud que vaya más allá del aumento de Fuerza Pública e incluya prevención del reclutamiento, protección de las comunidades wayuu, justicia, educación y empleo. En energía, el potencial renovable de La Guajira, uno de los mayores del país, debe traducirse en empleo local, mejores redes y beneficios para las comunidades. Sobre la represa del Cercado, discutida durante décadas, pide conocer estudios, costos, financiación, efectos ambientales y participación de las comunidades.
Reclama entidades capaces de ejecutar los recursos y exige que la investigación anunciada sobre la Universidad de La Guajira se haga con rigor, debido proceso y transparencia, para que las autoridades establezcan los hechos y actúen según la ley.
Cordero recuerda que el presidente prometió en Riohacha seguimiento a cada compromiso y aseguró que los anuncios no se quedarían en una oficina de Bogotá. Propone tomarle la palabra y reparte la vigilancia entre la ciudadanía, la prensa, los gremios, las universidades, los concejos, la Asamblea y los gobiernos locales. Sus preguntas son cuándo empieza cada proyecto, quién lo ejecuta, cuánto dinero hay disponible y quién responde si no se cumple. Para un departamento con sol, viento, tierras, mar y frontera, lo que falta, concluye, es “que el Estado cumpla, y que los ciudadanos hagamos parte de ese logro”.