La Coalición Centro Esperanza rechaza en forma categórica el decreto presidencial que crea 1.200 nuevos puestos en la Procuraduría General de la Nación, cuyo costo anual se estima en más de 12 mil millones de pesos.

Cuando se filtraron los primeros indicios sobre la expedición de esta medida, la señora procuradora Margarita Cabello negó la posibilidad que ahora se concreta. Llama la atención la fecha escogida para expedir esta norma, en momentos en que el país está celebrando las festividades de fin de año. Además de ser un acto de derroche de fondos oficiales, tiene un nocivo efecto electoral.

Es conocido por la opinión pública que la señora procuradora tiene cercanos nexos políticos con la llamada Casa Char, uno de cuyos miembros es candidato a la Presidencia de la República. Estamos solicitando al señor presidente Iván Duque que, en cumplimiento de sus deberes de imparcialidad, deje sin validez el decreto, lo someta a riguroso examen respecto de su conveniencia y, en todo caso, aplace su eventual vigencia para después del proceso electoral. Nada de ese decreto tiene carácter urgente y perturba de manera significativa el actual proceso electoral.

La procuraduría se ha convertido en ejemplo claro de aquello que el propio jefe de Estado ha calificado como Estado «derrochón», pues cuesta al país 1.8 billones de pesos al año y entre los años 2021 y 2022 su presupuesto creció un 13%. Debe darse un debate serio y urgente sobre esos gravísimos indicadores. La señora Procuradora debe dar la cara ante el país y explicar por qué la entidad a su cargo busca convertirse en un fortín de los amigos políticos que la eligieron y que aspira a contar con su favor en las próximas elecciones para perpetuarse en el poder y que nada cambie en Colombia.