El cambio de material en la escalera de un apartamento diseñado por Rogelio Salmona provocó una reacción pública que resulta desproporcionada frente a pérdidas patrimoniales de mayor magnitud que ocurren casi sin registro. Según escribió Enrique Uribe Botero en su columna en El Espectador, la demolición proyectada de 17 iglesias declaradas Bien de Interés Cultural en el Valle del Cauca y la intervención de la escalera principal del Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla no han despertado un cuestionamiento equivalente.
El cambio de material en la escalera del apartamento remodelado por la firma Deconama, dentro del conjunto diseñado por Rogelio Salmona, quedó bajo la lupa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, después de que la remodelación se diera a conocer en redes sociales. El edificio tiene nivel de protección 2, categoría que ampara la configuración arquitectónica del inmueble y permite ciertas intervenciones internas compatibles con esa conservación. El director de la entidad distrital ya planteó la posibilidad de multas y pidió la recuperación de los materiales originales, antes de abrir un expediente formal.
Uribe Botero señala una tensión constitucional en ese punto de partida. Cita las sentencias T-280 de 2022 y T-170 de 2025 de la Corte Constitucional, en las que el tribunal fijó una escala sobre la expectativa razonable de intimidad y determinó que el hogar goza de una protección máxima frente a cualquier intervención de un tercero o del Estado. Bajo ese criterio, sostiene que el interior de una vivienda forma parte de la intimidad de quien la habita y que el Estado no puede imponer cómo debe configurarse ese espacio.
La comparación central de la columna llega con el caso del Teatro Amira de la Rosa, en Barranquilla, catalogado como Bien de Interés Cultural de la Nación con el nivel más alto de protección que otorga la legislación colombiana. Uribe Botero advierte que la Modificación del Plan Especial de Manejo y Protección autorizó, bajo la fórmula de restauración y reintegración-liberación, la demolición de la escalera principal del teatro, un elemento que define la composición espacial del edificio. Plantea que ese término encubre lo que en realidad ocurrió con la estructura.
El planteamiento se extiende al anuncio de la gobernadora del Valle del Cauca sobre la demolición de 17 iglesias afectadas por el reciente terremoto en 15 municipios del departamento, todas ellas declaradas Bien de Interés Cultural Municipal. Uribe Botero recuerda que ese patrimonio religioso, con sus objetos ornamentales, altares e imágenes, está documentado en el libro de Sylvia Patiño Editores sobre arte y arquitectura religiosa del Valle del Cauca. Pregunta qué pasará con esas piezas, si serán inventariadas o trasladadas, y quién responderá por su conservación una vez avance la demolición anunciada.
El cierre de la columna contrasta la magnitud de las dos reacciones. Una escalera privada que cambia de material concentra denuncias en redes, cobertura mediática y una actuación sancionatoria en curso. Diecisiete templos protegidos por su valor cultural, en riesgo real de desaparecer, no han generado un pronunciamiento equivalente de arquitectos, historiadores ni de los mismos creadores de contenido que reaccionaron ante el caso Salmona. Uribe Botero cierra con un llamado a medir la indignación pública según la gravedad real de cada pérdida patrimonial, y no según la visibilidad que alcanza en redes sociales.
