3. Desarrollo productivo y medio ambiente

Jul 12, 2021 | Normativa

3. Derechos universales

La intervención del Estado es esencial para construir una sociedad justa que atienda con urgencia las necesidades de los millones de personas que viven en condiciones de desempleo, pobreza y vulnerabilidad.

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Nos urge una política de desarrollo productivo nacional y territorial que transforme y fortalezca el aparato productivo del país para crear más riqueza.

El desarrollo debe partir de un modelo que respete la propiedad privada y la economía mixta para promover el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

Promoveremos un desarrollo productivo integral de todos los sectores, que agregue valor a las materias primas, promueva y fortalezca la producción nacional industrial, artesanal, cooperativa, agropecuaria, turística, minera, forestal y acuícola.

Se debe identificar sectores estratégicos prioritarios para Colombia
e incorporar nuestras regiones al desarrollo, apoyándose en el conocimiento
científico y tecnológico.

Especial importancia debemos darles a
las pequeñas y medianas empresas, a las que se respaldará con la mejor asistencia
técnica y el mejor acceso al crédito.

La riqueza extraordinaria de nuestra biodiversidad es una gran oportunidad para atender la histórica deuda con el sector rural.

Una primera tarea de la política agraria
es garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de colombianas y colombianos,
combinando las economías campesina, indígena, cooperativa y empresarial.

Estrategia que ha de ser articulada con el acceso democrático a las tierras productivas pactado en los Acuerdos de Paz.

Impulsar y proteger la producción rural con educación rural y ambiental, la investigación científica, la transferencia tecnológica y la asistencia técnica, al igual que el mejor empleo de los conocimientos de las comunidades.

En cuanto al medio ambiente, su cuidado y protección deben hacer parte de todas
las políticas de desarrollo urbano y rural.

Pugnar por la equidad de género, la igualdad y la garantía efectiva y real de derechos de las mujeres en su diversidad, así como por la eliminación de todo tipo de violencias. Eliminar la discriminación en razón de los géneros, las etnias y la edad.

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Defender los derechos a la soberanía cultural, a la creación cultural y artística nacional y su salvaguarda, así como a su acceso democrático y universal, con adecuada financiación estatal y en articulación con los entes territoriales.

Promover condiciones de trabajo justas para todos los integrantes de la cadena de la producción cultural y rechazar cualquier intento por someter las expresiones culturales nacionales, las artes, el conocimiento y la información a los intereses mercantiles foráneos.

Programa para unir a Colombia

DIGNIDAD

21 de junio de 2021

Colombia unida por la soberanía y la democracia

La crisis económica, social y política que impide que Colombia se desarrolle como una nación próspera debe ser resuelta a partir de un gran acuerdo nacional para defender la soberanía, el trabajo, la producción y la democracia.

La presente Declaración constituye el programa que inspira al Partido DIGNIDAD para una Colombia en paz con justicia, libertad, inclusión, respeto, igualdad de oportunidades y rechazo a la corrupción. 

Contenido 

  1. Democracia y paz
  2. Democracia económica
  3. Derechos universales
  4. Política de drogas
  5. Soberanía y relaciones internacionales.     

Democracia y paz

Promover una verdadera democracia política y social en Colombia. Garantizar y respetar los derechos de las personas a ejercer y promover sus ideas políticas en el marco de un Estado democrático y pluralista. Rechazar el uso de la violencia para resolver los conflictos políticos, económicos o sociales. Defender el monopolio de la fuerza por parte del Estado con apego a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Impulsar la concreción de una organización electoral democrática y transparente. Luchar contra cualquier forma de clientelismo, saqueo de los recursos públicos y promover la meritocracia en el ejercicio de la función pública. Defender la debida financiación estatal de las campañas para garantizar condiciones de igualdad. Defender y respetar los derechos de la oposición a diferir en los escenarios legislativos y públicos, a su debida y oportuna financiación y a su representación en la organización electoral, y en el acceso a los medios de comunicación. 

Apoyar los acuerdos de paz y conminar al cumplimiento de lo pactado entre las partes y con las víctimas del conflicto. Buscar la solución política y negociada del conflicto armado. Defender los derechos de las víctimas de acceder a la tierra, preservar su seguridad y concretar su retorno a sus territorios y conseguir un adecuado desarrollo económico y social. 

Reconocer la diversidad y complejidad de las poblaciones en todo el territorio nacional, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas, por lo que defendemos y promovemos sus reivindicaciones preservando la unidad e integridad territorial de la nación y con una efectiva presencia del Estado.

Ante la desigualdad económica, política y social que afecta a las mujeres defender su derecho a la participación en la vida pública del país de manera paritaria y trabajar por hacer reales y efectivas sus reivindicaciones. 

Asegurar la independencia y adecuada financiación de la administración de justicia, y velar por el acatamiento al ordenamiento jurídico nacional y a los fallos judiciales. Promover una reforma a la justicia que garantice un servicio pronto, eficaz, universal y gratuito a toda la ciudadanía, especialmente dirigida a resolver los conflictos de las personas menos favorecidas. Proteger la acción de tutela y promover su fortalecimiento en defensa de los derechos ciudadanos.

Rechazar cualquier forma de discriminación en razón de sexo, orientación sexual, género, etnia, discapacidad o condición social y abogar por el respeto a la diversidad. Defender y promover las libertades sindicales, el derecho de asociación y la garantía a la protesta social pacífica. Trabajar para que todos los partidos, movimientos y organizaciones sociales y políticas puedan participar con plenas garantías en todos los escenarios de la vida pública.

Democracia económica

En medio de la más grave crisis económica de la historia mundial, la intervención del Estado y el aumento del gasto público son necesarios. Adoptar medidas que defiendan y fortalezcan el aparato productivo nacional a partir de un modelo de desarrollo de economía mixta, en el que se respete la propiedad privada y se promueva el crecimiento económico y la generación de riqueza, la sostenibilidad ambiental y cultural, y la eliminación de las desigualdades. 

Promover la producción industrial, manufacturera, artesanal, cooperativa, agropecuaria, minera, forestal y acuícola a partir de políticas de compras públicas, la sustitución planificada de importaciones, la renegociación de los TLC, la promoción de exportaciones con valor agregado, la instauración de un sistema tributario progresivo y los créditos subsidiados. También promover la mejora de las condiciones en las que se prestan los servicios públicos. El Estado debe regular y no renunciar a la propiedad y gestión directa de las empresas de servicios públicos básicos y de sectores estratégicos. Serán suspendidas las privatizaciones.

Promover que el sector financiero se ponga al servicio del país. Se hará una reforma financiera que garantice que el ahorro del público se transfiera realmente a la producción y la sociedad, y que el crédito se entregue con intereses adecuados. Deben ser reconocidas las múltiples formas de producir, distribuir y consumir y no propiciar prácticas monopólicas. 

Adelantar una política agraria que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria basada en el desarrollo y complementación de la producción campesina, indígena, cooperativa y empresarial. Estimular el acceso democrático a las tierras productivas. Proteger la producción rural con la transferencia tecnológica y la asistencia técnica y la disminución de las rentas financieras e inmobiliarias. Se restringirá el arriendo, la concesión y la venta de tierras a monopolios y gobiernos extranjeros. 

Se recuperarán la soberanía y la autonomía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, el control de cambios y la fijación de aranceles. Luchar contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar y contra los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Sancionar a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado. 

 Derechos universales

Asegurar la universalización de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, en pro del bienestar para la población, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases para construir una Colombia social e integralmente justa. 

 

Promover una reforma laboral democrática que restituya los derechos conculcados a los trabajadores, fundamentalmente mediante el restablecimiento de los contratos laborales y la eliminación de formas precarias de contratación. Trabajar por el aumento de los salarios, según las ganancias reales de las empresas estatales y privadas, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población a la vez que se proteja la producción nacional. El empleo digno es un requisito para hacer de Colombia un país donde se produzca riqueza. 

Trabajar por un modelo de salud que garantice la prevención y promoción, que responda a las necesidades e intereses de la nación y población colombiana y que se fundamente en programas de salud pública y atención primaria en salud física y mental oportuna, de calidad y sin barreras de acceso, donde prime la satisfacción de los derechos y no el ánimo de lucro. 

Promover una educación pública, gratuita y de alta calidad científica y técnica en todos los niveles, financiada y administrada plenamente por el Estado. Defendemos también la educación privada de alta calidad, transparente y sin ánimo de lucro; cambiar el funcionamiento del ICETEX para promover el acceso a los créditos educativos como una opción, sin capitalización de intereses y condiciones financieras que faciliten el acceso y culminación satisfactoria del proceso educativo. 

Trabajar a nivel nacional e internacional por la protección del ambiente. Con alto rigor científico y técnico implementar medidas para la protección de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, detener la deforestación, y proscribir el maltrato animal, entre otros problemas ambientales. Promover y defender la participación ciudadana y la consulta previa para la protección de los ecosistemas. 

Realizar una reforma integral al régimen de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los principios de equidad social, redistribución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público en el marco de la función social del Estado.

El Estado debe reconocer y proteger la diversidad natural, étnica y cultural de la nación colombiana y poner en marcha una ambiciosa política contra el racismo y la discriminación. Pugnar por la equidad de género, la igualdad y la garantía efectiva y real de derechos de las mujeres en su diversidad, así como por la eliminación de todo tipo de violencias. Eliminar la discriminación en razón de los géneros, las etnias y la edad.

Defender los derechos a la soberanía cultural, a la creación cultural y artística nacional y su salvaguarda, así como a su acceso democrático y universal, con adecuada financiación estatal y en articulación con los entes territoriales. Promover condiciones de trabajo justas para todos los integrantes de la cadena de la producción cultural y rechazar cualquier intento por someter las expresiones culturales nacionales, las artes, el conocimiento y la información a los intereses mercantiles foráneos. 

Política de drogas

Adelantar una política nacional de lucha contra el tráfico de narcóticos, en la que se actúe de común acuerdo con otros países y en los diversos organismos multilaterales, para la búsqueda de soluciones conjuntas y de fondo al problema del narcotráfico, en especial contra las drogas duras, el lavado de activos y sus delitos asociados. Concebir el consumo como una problemática de salud pública que debe abordarse mediante la prevención, la reducción de riesgos y la asistencia a la adicción. El cultivo de plantas de uso ilícito debe ser abordado mediante soluciones económicas y sociales y la búsqueda de usos que beneficien a la sociedad. Promover la creación de alternativas de desarrollo económico sostenible a partir de la sustitución de cultivos y la reconstrucción del tejido social en las regiones cultivadoras.

Soberanía nacional y relaciones internacionales

Colombia debe ser un país soberano e independiente frente a cualquier centro de poder extranjero, rechazar la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos, tales como la política económica y modelo de desarrollo, la forma de gobierno y los asuntos de defensa y relaciones exteriores.   

Promover la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la soberanía de las naciones, el multilateralismo,  el respeto del derecho a la autodeterminación y la promoción de la solidaridad entre naciones, como consagra el primer artículo de la Carta de la ONU. Promover las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en condiciones de igualdad y beneficio recíproco, rechazar el neocolonialismo y el unilateralismo de cualquier potencia para sancionar, someter y saquear los países que no se someten a sus designios. 

Defender los derechos humanos y los pactos internacionales que los consagran. Trabajar por el mejoramiento económico y legal y por la unidad y la dignificación de los colombianos y colombianas que viven en el exterior; porque se les facilite su debida participación en la institucionalidad nacional y para crear las condiciones necesarias para su regreso a la Patria. Rechazar la xenofobia y promover el respeto de los y las migrantes en el mundo y en el territorio nacional.

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