En su columna El desafío ambiental del Tolima, publicada en El Cronista de Ibagué, el abogado y máster en derecho ambiental Óscar Augusto Sotomayor Uribe sostiene que Colombia necesita una figura jurídica y financiera nueva para exigir cuentas después de cada desastre ambiental. Plantea que apagar un incendio o hacer un operativo contra la minería ilegal no equivale a restaurar el territorio afectado. Su propuesta se llama Hacienda Ambiental.
Sotomayor Uribe recuerda que el principio de quien contamina paga fue formulado por la OCDE en 1972 como un criterio para distribuir los costos de la contaminación. Señala que en Colombia el principio tiene rango constitucional: el artículo 79 reconoce el derecho de las personas a un ambiente sano y el artículo 80 impone al Estado el deber de prevenir el deterioro ambiental, sancionar a los responsables y exigir la reparación de los daños. El autor explica que la Corte Constitucional desarrolló esta idea bajo el concepto de Constitución ecológica, que exige articular prevención, control, responsabilidad y reparación.
El autor advierte que el verdadero desafío aparece cuando el responsable del daño no puede ser identificado o no tiene capacidad económica para pagar la restauración. En esos casos, sostiene, el Estado debe intervenir, pero insiste en que la sociedad no debería terminar pagando de forma permanente por daños que corresponden a otros. Plantea que todo recurso público destinado a la respuesta ambiental debe tener trazabilidad: de dónde sale el dinero, en qué se gasta y qué resultado produce.
El autor advierte además que liquidar una tasa, imponer una sanción, decomisar maquinaria o capturar responsables son acciones necesarias, pero ninguna demuestra por sí misma que un río recuperó su calidad, que un bosque se regeneró o que un ecosistema recuperó sus funciones. Sostiene que esa distinción es la que suele faltar en la discusión pública sobre desastres ambientales.
Como ejemplo, Sotomayor Uribe cita el caso de la minería ilegal en el sur del Tolima, en municipios como Ataco y Chaparral. Según reportes de Cortolima que menciona en su columna, cerca de 491 hectáreas resultaron afectadas, con impactos sobre los ríos Saldaña, Atá y Amoyá. El autor reconoce que las autoridades han hecho operativos y procesos administrativos y judiciales, pero cuestiona que esas acciones demuestren por sí solas que el territorio se recuperó. Se pregunta cuánto de ese territorio ha sido restaurado en realidad, cuántas hectáreas recuperaron su cobertura vegetal, cuánto mejoró la calidad del agua y quién aportó los recursos invertidos.
Óscar Sotomayor cree que es necesario crear una Hacienda Ambiental: una categoría jurídica y financiera que conecte los instrumentos ya existentes en Colombia, como las tasas retributivas y compensatorias, la tasa por uso del agua y el impuesto nacional al carbono, para identificar el daño, medirlo, definir responsables, movilizar recursos, ejecutar la restauración y verificar resultados. Sotomayor Uribe aclara que esta figura no implica crear un impuesto nuevo ni una entidad burocrática adicional, y advierte que ninguna autoridad puede inventar cobros o tasas sin respaldo constitucional y legal.
Para el autor la discusión debe centrarse en cuánto cuesta recuperar lo destruido y quién debe pagar por ello, más que en cuánto costó apagar el incendio. Pide a Cortolima, a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías de los municipios afectados presentar esa cuenta con cifras verificables, y plantea que corresponde a la ciudadanía exigirlas.
