La mitología griega dejó a la posteridad el mito de Sísifo, personaje que hizo enfadar a los dioses del Olimpo por su extraordinaria astucia, y quedó condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, sólo para verlo caer rodando hasta el valle, para volver a repetir la escena indefinidamente. La Ley 142 de 1994 dejó sentada la posibilidad de una opción tarifaria, el tormento de Sísifo para millones de colombianos, reglamentada en el segundo gobierno de Uribe Vélez por la Resolución CREG 168 de 2008, así: “Se prevé que podrían darse aumentos relevantes en la tarifa al usuario final, por lo que se considera pertinente autorizar a las empresas a adoptar una OT (opción tarifaria) que permita reducir el impacto para los usuarios de esos posibles incrementos”. Así empezó el suplicio de los usuarios pagando “aumentos relevantes”.

Luego la Resolución CREG 057 de 2014 definió un nuevo plazo para aplicar la opción tarifaria aprobada en 2008, el cual terminaba en mayo de 2016. Y la Resolución CREG 158 de 2015 amplió el plazo otros doce meses, hasta mayo de 2017. Acto seguido, la Resolución CREG 044 de 2017 extendió el plazo hasta el 14 de mayo de 2019 considerando que la opción tarifaria “permite moderar incrementos abruptos en la tarifa mediante la acumulación de saldos que son pagados por el usuario con posterioridad a lo largo de un mayor periodo de tiempo”. La cosa se agrava porque se presentan nuevos aumentos en los precios en bolsa de la energía y en el concepto de restricciones, que antes pagaban las empresas y ahora empezaron a pagar los usuarios, por lo que se generan saldos pendientes por recuperar a favor de los comercializadores que se encuentra aplicando la opción tarifaria.

Convertidos en Sísifo, los millones de usuarios encuentran que se les viene cargando el pago de unas tarifas cada vez más costosas y en un ciclo perenne. Las cosas que van mal, como dice la Ley de Peter, son susceptibles de empeorar. En el 2020, durante la pandemia y el gobierno de Duque, surge otra opción tarifaria con la Resolución CREG 012 de 2020, que congela seis meses las tarifas de energía, pero para ser pagadas más tarde con la prima de cartera incorporada, más intereses. Y con el régimen especial tarifario contra los costeños reglamentado por las Resoluciones CREG 078 y 079 de 2021, se viene el cobro de fraudes y hurtos y de las inversiones futuras, cobradas anticipadamente en las tarifas y de manera retroactiva. Por si no fuera suficiente el atropello, la Resolución CREG 101 028 de 2023 del actual gobierno, recoge los saldos de las opciones tarifarias, tornando en impagables las tarifas eléctricas en la Costa Caribe.

Esta situación llevó a que las Ligas de Usuarios y una serie de organizaciones de la sociedad civil, del sector productivo y hasta autoridades territoriales salieran a la palestra y llevaran a cabo, el pasado 11 de abril, la más grande movilización de diez mil usuarios en los siete departamentos de la Costa.

La presión hizo que el gobierno nacional anunciara el 7 de mayo que se iba a hacer cargo del saldo de las opciones tarifarias, unos seis billones de pesos, a través de títulos de deuda pública. La Liga Nacional de Usuarios viene proponiendo en documentos enviados al alto gobierno que la mejor forma de asumir estas deudas es con recursos del Presupuesto General de la Nación, pero a condición que “su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios”, como dice el artículo 87.9 de la Ley de Servicios Públicos, el cual autoriza “a las entidades públicas aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios”. La Liga prefiere esta salida a la de los títulos de deuda pública propuestos por el gobierno, que favorecen al capital financiero.

El hecho que el gobierno se haga cargo de los saldos de las sempiternas opciones tarifarias no significa que las tarifas se vayan a tornar pagables, porque solo tendrían una rebaja de alrededor de $200 el kilovatio hora. Los usuarios se mantendrían ahorcados con los cobros de hurtos y fraudes, con las inversiones futuras anticipadas, con el incremento injustificado del 20% en la comercialización ordenada por resolución 40272 de 2020 del Ministerio de Minas en 2020 y el riesgo de cartera incrementado en 300 puntos básicos, y, en fin, con las altísimas rentabilidades de toda la cadena eléctrica por encima del 12% anual, todo lo cual mantendría las tarifas en alrededor de mil pesos el kilovatio hora, todavía las más altas del país.

Se requiere una acción a fondo, un alivio integral de todas estas cargas insoportables que, como la roca de Sísifo, atormentan a más de once millones de costeños y a los sectores productivos y oficiales, como clínicas, hospitales y establecimientos públicos.

Norman Alarcón Rodas

Coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe 

Barranquilla, 14 de mayo de 2024